Once años de tramitación ha cumplido este año  la querella que busca determinar la verdad sobre el homicidio del Miguel Woodward Iribarri, quien tenía 42 años de edad y era sacerdote diocesano en la Catedral de Valparaíso cuando fue detenido el 16 de septiembre de 1973, torturado primero en la Universidad Técnica Federico Santa María, luego en el Buque Lebu y finalmente al Buque Escuela Esmeralda. La Justicia comprobó que la Armada ocultó su cuerpo y falsificó su certificado de defunción, para sepultarlo clandestinamente en un lugar aún desconocido.

La jueza porteña Eliana Quezada ordenó la detención, en 2008, de cuatro vicealmirantes, un capitán de navío y un teniente primero (todos en retiro), pero después de un mes fueron liberados. Luego, en 2011, la Corte de Apelaciones de Valparaíso sobreseyó a 19 oficiales en retiro que estaban procesados por esta muerte.

La abogada de Derechos Humanos, Fabiola Letelier (hermana de Orlando Letelier, ex embajador chileno en EE.UU.), dice que la Armada mantiene una compleja red de influencia sobre el Poder Judicial en Valparaíso, y espera que la Corte Suprema rectifique esta situación.

En esa línea, la abogada de derechos humanos indicó que  “el caso está pendiente ante los tribunales y la decisión de la familia es pedir que se determine la verdad porque hasta este momento no han podido ni siquiera tener los restos de él y está todavía la interrogante quiénes participaron de la Armada de Chile, cómo fue exactamente lo que pasó porque evidentemente lo llevaron a la Dama Blanca y allí lo golpearon y cuando ya estaba prácticamente agónico lo llevaron al Hospital Naval y ahí murió”.

En el palacio de La Moneda, Patricia Woodward, hermana del sacerdote, entregó este jueves una carta dirigida al Presidente Piñera, en la cual pide su intervención para que la Armada señale la locación de los restos del cadáver del sacerdote, puesto que en su opinión  a la fecha han primado los pactos de silencio y la influencia que la Armada tiene sobre los tribunales de Valparaíso.

Por esto, la hermana del malogrado sacerdote señaló que “este documento representa la experiencia de la familia de Miguel Woodward asesinado por la Armada, es la experiencia que hemos llevado durante 11 años con una querella, el último capítulo de este documento está dirigido al Gobierno, al Presidente, a los gobernantes que llegarán y especialmente a todos los chilenos para que sepan la verdad”.

El sacerdote José Aldunate recordó que Miguel Woodward fue ordenado por el cardenal Raúl Silva Henríquez como sacerdote diocesano en la Catedral de Valparaíso en 1961 y dijo que su enorme trayectoria social y entrega por los pobres no se condice con el actuar de la Justicia.

Respecto de la figura de Woodward, el sacerdote José Aldunate afirmó que “un hombre que entregó su vida aparece simplemente como alguien que encontraron en la calle y que llevaron a la morgue, no hay una palabra sobre la tortura en la sentencia del juez, es muy importante tener en cuenta el contexto que rige en la justicia porteña para rectificar ese juicio, como se espera que lo hará la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema en último término”.

El cura Miguel Woodward acogió en su momento los lineamientos del Concilio Vaticano II. Por ello quiso ser sacerdote obrero, y trabajó como tornero en los Astilleros Las Habas, en Valparaíso, y también fue profesor del Centro de Estudios y Capacitación Laboral (CESCLA), de la Universidad Católica de Valparaíso.

La historia del trato que ha dado la Justicia a su caso está registrada en el libro “La inacabada búsqueda de verdad y justicia por la muerte de Miguel Woodward”, recientemente lanzado y disponible en internet.

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