Hemos leído en la prensa que 3 adultos y 3 niños resultaron intoxicados en la tarde del miércoles 9 de octubre pasado en el sector La Greda de la comuna de Puchuncaví (V Región), los que fueron llevados a un consultorio de esa contaminada zona.

Los exámenes dieron positivo para monóxido de carbono, señalando el Seremi de Salud de esa región que “se descarta la presencia de dióxido de azufre, sin embargo, aparentemente, debido al inicio de la operación de una de las centrales del complejo AES Gener, se habría producido la intoxicación de personas en la localidad de La Greda”. Ante tal acusación la termoeléctrica carbonífera muy rápido contestó que “descartamos categóricamente que los malestares que han afectado a la población tengan alguna relación con nuestras unidades”.

Ante tales versiones contrapuestas el Consejo Ecológico de Puchuncaví-Quintero, señaló que no es la primera vez que esto ocurre, enfatizando que “también sucedió el sábado anterior y se viene reiterando porque la quema del carbón libera un montón de metales pesados y, si ustedes conocen el sector, la planta no está a más de 100 metros de la comunidad urbana”.

Ahora bien y sin pronunciarnos sobre esta polémica, nos recordamos que esta planta de energía se construyó en ese sector ya contaminado desde hace ya muchos años única y exclusivamente por la presión ejercida ante La Moneda por un ex embajador de EEUU en Chile, quien motejó a los miembros de la Corte Suprema de Justicia como “activistas ambientales” en razón a que este alto tribunal había anulado los permisos ambientales otorgados por la administración de Bachelet a esa empresa norteamericana. La Contraloría General de la República también había dictaminado que la localización de la planta era ilegal, pues vulneraba el uso de suelo fijado en la reglamentación urbanística regional, pero dicho embajador no se refirió al ente fiscalizador.

Como nos molestó sobremanera esa indebida, insolente y prepotente intervención de una potencia foránea en nuestros asuntos nacionales, el 8 de marzo de 2011 nuestra Fundación Defendamos la Ciudad, con Chile Sustentable, Ecosistemas y Acción Ecológica, denunciamos esa corrupta práctica comercial ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) solicitándole a Ángel Gurría, su Secretario General, reprimendas públicas tanto a EEUU como a Chile, dado que ambos países son miembros de esa reconocida institución internacional y más encima tienen vigente un convenio de libre comercio con cláusulas muy exigentes en materias de probidad.

Por razones de transparencia y con el propósito de que se conociera nuestra acción ciudadana, copias de la denuncia escrita se entregaron el mismo día al Presidente Piñera y al Presidente de la Corte Suprema, sin que ninguno de éstos se diera por aludido al no acusar recibo de las mismas.

Pero la OCDE, a través de una alta funcionaria, nos respondió el 14 de abril de 2011, trasladando el caso al gobierno chileno, específicamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que éste se pronunciara al respecto, ante lo cual enseguida le solicitamos información a Alfredo Moreno, titular de ese ministerio.

El 25 de de Noviembre de 2011, recibimos una respuesta firmada por Ana Novik, Directora de Asuntos Económicos Multilaterales de la Cancillería, mediante la cual nos señaló que el vergonzoso episodio denunciado por cuatro organizaciones ciudadanas chilenas ante la OCDE, divulgado originalmente por WikiLeaks, no estaba en conocimiento de ese servicio público y para obviar todo lo acontecido nos manifestó muy suelta de cuerpo que “es política de la OCDE abstenerse de comentar este tipo de solicitudes, ya que no es parte del mandato de la Organización efectuar este tipo de tareas” (sic).

Hace unos días recibimos consultas, vía correos electrónicos y teléfono, por parte de miembros de una Clínica de la Escuela de Derecho de una importante universidad norteamericana, preguntándonos acerca de este caso y solicitándonos mayores antecedentes, los cuales se los entregamos. Además querían saber si nosotros estábamos dispuestos a iniciar acciones judiciales en Chile, ante lo cual le contestamos que no en razón a que sería una pérdida de tiempo. Les respondimos que ellos podrían interponer esas acciones en su propio país y quedaron de analizar esa posibilidad.

En resumen, ha quedado en evidencia que cuando se detectan procedimientos anómalos en el sistema económico en boga, las altas cúpulas que ejercen el poder político las niegan desvergonzadamente con la creencia inútil de que los pueblos les van a creer, lo cual hoy en día afortunadamente ya no es posible por la masiva irrupción de los medios digitales, redes sociales internacionales y radios independientes comprometidas con la libertad de expresión y con la verdad. El mundo de la comunicación ha cambiado y los medios indicados tienen la virtud de propalar vertiginosamente todo tipo de información de interés periodístico, lo cual ayuda en gran medida a la democracia.