En una polémica decisión, que sacó a la calle a miles de estudiantes, el gobierno de François Holllande deportó a la familia de una escolar gitana, siguiendo en ello las políticas dictadas desde la administración del ex presidente galo  Nicolás Sarkozy.

Leonarda Dabrani, gitana, nacida en Italia hace 15 años, con escolaridad en Francia desde hace cuatro años a la fecha, en el Colegio André Malraux de Pontarlier,  fue detenida y bajada del autobús escolar en que se dirigía, junto a sus compañeros de curso a la localidad fronteriza de Sochaux y deportada a Kosovo junto a su familia.

Expulsarlos pero… cuidando la forma

Todo ello, según un informe encargado a la Inspección general del Ministerio del interior “conforme a la normativa en vigor”  ya que la decisión de expulsar a la familia Dibrani estaba plenamente justificada porque ninguno de los recursos presentados por el padre en materia de asilo político fue considerado  “admisible”. La investigación llevada a cabo reconoció que no se tuvieron en cuenta los procedimientos, las formas de una detención del tipo que se practicó con la estudiante romaní y recomienda que “se prohíba todo tipo de intervención en el espacio y el tiempo escolar y extraescolar”. Bien el fondo pero hay que preocuparse más de la forma parece ser el eje de la política de inmigración francesa.

Tras ser detenida frente a sus compañeros de estudio, Leonarda  fue deportada junto al resto de su familia a la localidad Kosovar de Mitrovica, escenario de una cruenta guerra entre serbios y Kosovares a fines de la década de los 90.  Allí,  la joven, rodeada de personas con las cuales difícilmente se puede comunicar,  pues su dominio de idiomas se limita al italiano y al francés; ha solicitado al gobierno de Hollande que la dejen volver a estudiar y vivir en el país que considera suyo.

Así lo entendieron los miles de estudiantes que salieron a las calles de París a exigir de Hollande el retorno de Leonarda. El gobierno parisino  sólo ofreció la vuelta de la joven, si ésta lo solicita, como si fuese un objeto al cual mover sin la presencia de su familia, generando, al mismo tiempo una enorme campaña mediática destinada a mostrar una familia disfuncional “típicamente gitana” donde la joven expulsada no cumplía sus quehaceres escolares y tenía problemas de adaptación.

La medida de deportación de Leonarda, una más de las que Francia ha estado ejecutando en el último lustro significó, no sólo la expulsión de esta niña de 15 años y su familia, sino que la consolidación de una política migratoria, que se ha centrado interesadamente en expulsar del país a gitanos rumanos y búlgaros. Así fue declarado por el Ministro del interior francés, Manuel Valls al señalar que “los gitanos tienen vocación de volver a Rumanía o Bulgaria donde las autoridades de esos países deben hacer esfuerzos para su integración. Son poblaciones que  tienen modos de vida que son extremadamente diferentes a los nuestros y donde alrededor de sus campamento de genera mendicidad y delincuencia”.

Esas son las palabras de un alto funcionario del gobierno socialista francés, un político cuyo origen está tras los Pirineos, en Cataluña, cuyo padre republicano fue acogido en Francia en las postrimerías de la Guerra Civil española el año 1939. Son las paradojas de la vida en un país donde dos de los principales adalides de la persecución a inmigrantes son hijos de expatriados: Nicolás Sarkozy, de ascendencia húngara, judía y griega y Manuel Valls hijo de un catalán.

Esas declaraciones, así como la política de expulsión de gitanos, como también de latinoamericanos, africanos y asiáticos le han valido a París las críticas de la comisaria Europea de justicia, Vivianne Reding quien sostuvo que “este tipo de afirmaciones respecto a que ciertas comunidades no se integran son de un carácter más electoralista. Bien saben los países de la UE que tenemos a disposición de los 28 países miembros, 50 mil millones de euros para políticas de integración, que están sin utilizar”.

Reding, así como el portavoz de la Comisión Europea, Olivier Bally criticaron a Valls y su afán de agitar el miedo con fines electoralistas “cada vez que no se quiere hablar de cosas importantes, como los presupuestos o la deuda nos topamos con los gitanos. Los rumanos, búlgaros son ciudadanos europeos y me pregunto por qué no se utilizan los fondos destinados para la integración. Dejamos que los problemas sean imposibles de resolver, no se hace el trabajo de integración y ese dinero que podría servir para los alcaldes no se usa”.

Una historia que se repite

La historia de los Dibrani representa la historia de miles de inmigrantes que ven en Europa la posibilidad de una mejor vida y que en ocasiones, trágicamente, termina con la muerte de cientos de hombres y mujeres, que no alcanzan a lograr su objetivo. Tal ha ido el caso en los naufragios en Zarzis, Rota, Esmirna, Malta, Lanzarote y en Lampedusa donde el año 2011 murieron de hambre y sed 61 inmigrantes a la deriva. Y que el pasado 3 de octubre significó el ahogamiento de 339 seres humanos, en una tragedia que debe llenar de vergüenza a Europa.

Los Dibrani entraron en Francia, desde Italia, en enero del año 2009, huyendo de los ataques políticos, comunicacionales además de los incendios de campamentos gitanos que sufrió el pueblo romaní en la Italia administrada en ese momento por Silvio Berlusconi. La familia Dibrani, cuyos hijos nacieron en Italia y que de Kosovar sólo tienen al padre, solicitaron hasta en tres ocasiones el asilo político en Francia.

En su momento y tras la negativa administrativa francesa de otorgarles el estatus de refugiados, la familia de Leonarda pidió la regularización de su condición invocando para ello la llamada circular Valls, de 28 de noviembre de 2012, que permite excepcionalmente a los extracomunitarios quedarse en el país, si se cumplen diversas condiciones, entre ellas: tener una casa digna, hablar francés y estar escolarizado. Dichas exigencias se cumplían cabalmente. Sin embargo, el Estado francés, a través de la decisión del Prefecto de la localidad fronteriza de Colmar definió que los Dibrani ““no cumplían las condiciones por sus insuficientes perspectivas de integración social y económica” decretándose por tanto el camino administrativo de su deportación.

El Partido de Izquierda Francés (Parti de Gauche) una escisión del partido Socialista, condenó duramente la decisión del gobierno de Hollande, criticando abiertamente a su Ministro del interior Manuel Valls. “Es un bonito juego contar que los romaníes no se quieren integrar y después ir a perseguirlos a los colegios. La política inhumana de Manuel Valls es una vergüenza para Francia”, dice el comunicado, que concluye: “La lepenización de las mentes ha llegado hasta la plaza Beauvau – sede del Ministerio del interior.

La deportación masiva de inmigrantes o su confinamiento en centros de reclusión antes de su entrada a territorio continental europeo, muestra la consolidación de una política  comunitaria en este ámbito, sin entender la globalidad del proceso migratorio. Así lo confirma Martin Schulz, Presidente del Parlamento Europeo quien señala que “faltan mayores competencias en materias que abarquen la inmigración más allá de los estereotipos. El único instrumento de la UE en este terreno es la convención de Dublín y sólo esta cubre el asilo político. La gente llega por más razones: guerras, desastres naturales, hambre… Europa necesita un sistema de inmigración legal. Los Estados deben admitir que somos un continente de inmigración”.

Los críticos de la actual política comunitaria europea consideran que estas políticas conducen a una intensificación de la xenofobia, el racismo, el ascenso de los nacionalismos, sobre todo en períodos de crisis económicas y políticas como las que vive el Viejo Continente. Para el periodista español Miguel Moras “La deportación de la familia Dibrani ha mostrado que el contagio y la legitimación de las ideas de la extrema derecha ha llegado ya hasta los socialistas. El ministro del Interior socialista, Manuel Valls, no ha dudado en abrazar las tesis xenófobas y racistas que defiende Marine Le Pen sobre los gitanos y los inmigrantes rumanos y búlgaros ante el avance electoral del Frente Nacional”.

Efectivamente, el caso Dibrani ha comenzado a ejercer efectos más profundos y opiniones más radicales, como es el caso del líder del principal partido de oposición,  la Unión por un Movimiento Popular (UMP) Jean-François Copé. Este anunció que su grupo presentará una propuesta de ley para abolir la concesión de la nacionalidad a los niños nacidos en Francia de padres extranjeros – el Ius Soli –  “¿Es normal que un niño nacido en Francia de padres llegados irregularmente al país se convierta automáticamente en francés?. Mi respuesta es no”, respondió el líder ultranacionalista visualizando el camino que tomará la lucha contra la inmigración, sobre todo de aquellos seres humanos sin posibilidad de comprar el acceso a papeles en los países comunitarios.

Mientras miles de personas mueren ahogadas en el Mediterráneo tratando de alcanzar la fortaleza europea. Mientras otros miles languidecen bajo el sol abrazador en Ceuta, Melilla o en barracones de confinamiento en Misrata, países como Letonia, España, Portugal y Grecia ofrecen tarjetas de residencia a quien esté dispuesto a pagar por ellas a través de políticas de compras inmobiliarias. Chinos, rusos, árabes y latinoamericanos con el dinero suficiente son los principales clientes en esta subasta donde poderoso señor en Don Dinero.

Para el analista Eduardo Febbro las verdaderas razones de poner el acento en los inmigrantes, en este caso los gitanos, está en el hecho que los franceses no dan solución a sus problemas internos y buscan chivos expiatorios “El desempleo, la desigualdad, el freno de la economía y el sentido del proyecto europeo son los temas esenciales. En cada uno de ellos, el Ejecutivo hace agua, por eso el tema inmigratorio funciona como un salvavidas. Cóctel estratégico donde convergen varios ingredientes para tapar los agujeros de una gestión decepcionante” y en ello la familia Dibrani viene como anillo al dedo.