Discurso para el Aniversario 171 de la Universidad de Chile, emitido por el Rector Víctor Pérez Vera, en la Ceremonia Oficial el viernes 25 de octubre de 2013.

“Mis opiniones sobre la política y la educación nuestra pueden caer mal en Chile. La mayoría de los chilenos tiene el patriotismo quisquilloso. Pero yo tengo el hábito del chileno viejo, de decir lo que pienso…(y) nadie desea con más fuerza que yo un Chile sólido y cuerdo, un Chile de política inteligente, y sobre todo, coherente, que amar y obedecer” (Gabriela Mistral, Cuaderno de la Errancia (1925-1935).

EL CONTEXTO EPOCAL DE LAS DESIGUALDADES.

El eco de esos chilenos viejos, como el de los huasos y de los campesinos de mi querido Doñihue, de la Sexta Región, resuena aún en medio del siglo XXI en un país atravesado por acuciantes desafíos que tocan a la Universidad de Chile por su indisoluble e histórico nexo con la nación. Desde ese lugar es que los nuevos y antiguos problemas sociales nos han interpelado y han exigido de parte nuestra no sólo una crítica y una respuesta, sino sobre todo un horizonte discursivo y propositivo sobre el cual cimentar las bases de un desarrollo humano inclusivo y multiplicador de la equidad y el bienestar social.

Hemos asistido estos días, a raíz de la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado, a un ejercicio de memoria penetrante y conmovedor. En el primer caso porque su profundidad en mostrar las heridas no restalladas nos ha hecho mirar, reflexionar y revisitar la historia y sus acontecimientos, y en el segundo, porque nadie ha podido quedar incólume frente a las imágenes de la violencia, las palabras testimoniales de las víctimas, los silencios dolorosos de los que tienen información y la esconden. Hace unos días recordando a todos y todas quienes sufrieron los efectos de la dictadura en la Universidad de Chile, traje a colación una escena de Kazantakis que resume la atmósfera de dolor y de eterna búsqueda que ronda a las personas cuando no es posible enterrar los huesos de los seres queridos, y por eso en este tiempo del recuerdo ha sido la emoción la que ha inundado nuestros corazones. Ese trabajo inquietante de la memoria nos ha colocado frente a los retos de la construcción de una democracia sólida y a una postura clara respecto de los derechos humanos, y también -y de manera no complaciente- nos ha confrontado al rostro del Chile de hoy. Ello, porque pensar en el pasado, restituirlo, es siempre un ademán que se traza desde el presente y desde allí dibuja el futuro.

Eso es lo que podemos escuchar en la edición extraordinaria de Anales que, con el título de “Huellas de un Acecho”, hemos presentado hoy y cuya edición estuvo a cargo de las profesoras Sonia Montecino y María Elena Acuña, y en el cual participaron los profesores Sergio Rojas, Rodrigo Baño, Pablo Ruiz-Tagle, Ennio Vivaldi y María Olivia Monckeberg. Desde sus reflexiones, testimonios e indagaciones podemos aproximarnos a lo que significó la intervención militar en nuestra institución, conocer la experiencia de lo que provocó en términos humanos, académicos y estructurales. Y no se trata de cifras, sino de apuntar al proceso de arrasamiento y quiebre de la noción de comunidad, de la ruptura con su forma de gobierno (por primera vez la figura del rector académico elegido, muta por la de un rector militar y designado), del fin de su carácter nacional y de la amputación de su crucial labor en la formación de profesores: la exacción del Instituto Pedagógico.

Cada uno de los artículos, de las fuentes documentales y testimoniales de estos Anales, dan cuenta del daño sufrido en el tejido universitario, de los ecos de un trauma que recién podemos elaborar al publicarse este texto que invita a profundizar en esa memoria. Los rostros de cada una y cada uno de nosotros se ven reflejados de una u otra manera en los acontecimientos que llevaron a la intervención de nuestra Universidad, en la planificación de su desmantelamiento lo cual queda claramente demostrado en el libro Huellas de un Acecho. Estremece leer los decretos de expulsión, los sumarios, utilizados como se señala para producir un “atomoterrorismo burocrático”, las delaciones, el control sobre el pensamiento en las disciplinas de  las humanidades y las ciencias sociales, el brutal cercenamiento al arte. Todo ello dentro de una ideología de “limpieza” del “marxismo” y de la política ¡Cómo si no hubiera sido política químicamente pura la que aplicaron militares y civiles en nuestras dependencias!
Asimismo, podemos seguir de manera nítida cómo se fue entronizando la idea de la privatización de la educación superior y la jibarización de la Universidad de Chile.

Este pasado turbio, de acecho constante por parte de las fuerzas del gobierno militar, nos muestra también otra característica de la época y de nosotros mismos. El libro pone de manifiesto que desde el primer momento la comunidad, aunque golpeada, vapuleada y perseguida se resistió, con pequeñas y grandes acciones. Es así como los estudiantes, funcionarios y académicos fueron recomponiendo sus lazos, de manera creativa y venciendo el temor, como se puede leer en los sumarios aplicados a quienes cantaban, se reunían en los casinos, levantaban banderas con crespones negros, repartían manifiestos o boicoteaban desde las estrategias del débil a la autoridad designada en departamentos, facultades y en rectoría. Siempre hubo una respuesta a la desmesura de las autoridades. Pero, y esto debemos decirlo, también apreciamos en los testimonios, las heridas que no restañan, los sentimientos de injusticia, de haber sido desfavorecido y perseguido, de haber perdido algo muy preciado.

Tenemos, sin duda, que avanzar en la reconstrucción de esa historia, porque ella nos conduce a comprender el presente, pero sobre todo a crear futuro. Por ello, es que quisimos rendir recuerdo y homenaje a todas y todos quienes pertenecieron a nuestra universidad y sufrieron los efectos de la dictadura y de la intervención militar de nuestra Casa. Es un reconocimiento que quiere llamar la atención para siempre sobre hechos que no podemos olvidar, porque nos interpelan en lo profundo de nuestra humanidad y de nuestra razón de ser como Universidad pública del Estado. Estamos conscientes que debemos avanzar aún más en saldar las deudas con la historia para recomponer de manera plena y dentro de la ética y el humanismo ese futuro que reclama el presente.

Y lo que nos dice el presente es que Chile ha incursionado, desde hace 40 años, en una forma de concebir el desarrollo en consonancia con los movimientos mundiales de un mercado globalizado, es decir en un modelo de desarrollo basado en el mercado. La confrontación de dos miradas de concebir la prosperidad es lo que finalmente desató el cruento golpe de los militares chilenos y el proceso que se vivió posteriormente no fue sino el de provocar un cambio estructural en el cual el antiguo Estado fue abandonando, paulatinamente, sus funciones de velar por el bien común y dejando al mercado la regulación de las esferas más claves de la vida humana: la educación, la salud, la previsión. La ideología mercantilista y el liberalismo emergieron como la “novedad experimental” aportada por el pequeño país chileno al mundo, una propuesta que, y eso es lo que creo, atenaza a nuestra conciencia, pues se impuso violando derechos humanos: no se erigió a partir del consenso y el debate entre ciudadanos, sino al fragor del autoritarismo y la censura política.

La concepción de un desarrollo basado en el mercado y las prácticas autoritarias fueron cambiando el rostro de Chile, y si bien, por un lado, los índices de crecimiento económico y los subsidios fueron aliviando la pobreza, la privatización de la educación, de la salud, de la previsión unidos a las ideas de competencia, surgimiento individual, éxito personal provocaron un cambio cultural que hoy se manifiesta en los recodos de la vida cotidiana, de las familias y de las instituciones, así como en el ámbito público.

De este modo, aquello que ha sido descrito como malestar, como descontento frente a las desigualdades arranca desde una historia específica y podría explicar las razones de por qué ocupando Chile un buen estándar en los índices económicos de la OCDE y a pesar de las mejorías en infraestructura y acceso a bienes, la ciudadanía, y sobre todo las nuevas generaciones no manifiestan su beneplácito, sino que, por el contrario, exigen reformas profundas y estructurales.

DE LA MEMORIA AL PRESENTE. EL RELATO DE NUESTRA RECTORÍA

El relato de nuestra rectoría, inmersa y consciente de los cambios epocales, y del trauma experimentado por la intervención militar en sus aulas y gobierno, se ha afincado en un discurso que ha colocado el humanismo y la ética como los pivotes de su accionar. Las consecuencias de los tejidos sociales rotos por el individualismo y el exitismo, la soledad en que cada persona o familia debe resolver sus problemas vitales, la incertidumbre ante un escenario mundial que cambia rápidamente, los efectos de la privatización de la educación, la carencia de un ethos colectivo que repare la indefensión de las personas y sea referente de sus identidades, las protestas, malestares e indignaciones, entre otros signos de nuestros tiempos, impactan nuestro quehacer y se reflejan en la vida cotidiana de nuestra institución.

Desde ese horizonte del humanismo que encauza nuestro relato -y con ello me refiero a que los seres humanos, su dignidad, su igualdad de derechos y oportunidades, estén en el centro de la vida en sociedad- emerge nuestro sostenido reclamo por un Nuevo Trato del Estado con sus universidades, como deber histórico, pero sobre todo como imperativo ético. El despojo del capital simbólico de las universidades estatales es por todos conocido y su aberrante realidad, que las obliga a autofinanciarse y a competir dentro del mercado de la educación superior, ha sido lo que hemos reiteradamente enfatizado, no porque queramos ser privilegiados, sino porque las consecuencias del cambio a que han sido sometidas nuestras instituciones es el albergar en su interior la desigualdad.

Pero, también, porque es evidente que la educación superior es clave para el despliegue de cualquier proyecto de futuro de la nación leído desde la perspectiva de un crecimiento estable y asentado en un desarrollo humano sólido y democrático. Las universidades del Estado tienen la misión de crear y transmitir saberes y conocimientos relacionados con la promoción de los bienes públicos, con la ética del cuidado de lo público, con el pluralismo y la libertad de pensamiento, con la búsqueda permanente de la inclusión y de las diversidades. Hemos abogado por la noción de universidades públicas donde la calidad, la excelencia y la equidad sean su sello distintivo en medio de la proliferación de instituciones que sólo persiguen el lucro y vender ilusiones. Ante ello hemos instalado el lenguaje de nuestros estándares académicos, siendo la primera Universidad de Chile y posicionada entre las mejores de América Latina, unido a la transparencia, al cumplimiento de nuestras metas y a la participación activa en los problemas y debates de nuestra sociedad, aportando así a las políticas sociales desde las más diversas perspectivas. Por eso, cuando hemos hablado de Nuevo Trato hemos construido una constelación de ideas en las cuales se fundamenta nuestro quehacer y que tienen como sustrato el fortalecimiento de las universidades estatales a fin de que su docencia sea la mejor, su investigación del más alto nivel internacional y su extensión una contribución constante a la democratización de los saberes a la sociedad y a la ciudadanía.

Emergiendo de este relato, otra de las respuestas de nuestra rectoría ante las desigualdades expresadas en la precarización de las disciplinas de las humanidades, las artes, y las ciencias sociales y de la comunicación, históricamente dañadas y perjudicadas durante la dictadura, fue la de concebir un proyecto de revalorización, de estímulo y fortalecimiento a esas áreas. Ello, porque estamos convencidos de que sin su aporte fundamental al conocimiento, a la comprensión de la sociedad, a la crítica social, al análisis y creación de nuevos imaginarios, a la historia y a la filosofía,  una universidad, y por extensión un país, queda huérfano de lo más preciado: la formulación de ideas que nos ayudan a entendernos desde los pliegues más profundos de las subjetividades humanas hasta los más hondos contenidos del accionar social y sus contextos históricos, económicos y políticos.

En un mundo de pragmatismo a veces escalofriante, de expansión constante de las tecnologías y las ciencias, el cultivo de las disciplinas que piensan los metalenguajes, que descubren las relaciones sociales impresas en cada una de las estructuras que arman nuestra vida en común, es un imperativo. Sobre todo, en un país como el nuestro, que ha llegado a un desarrollo paradójico de incremento del bienestar material, pero de decrecimiento del bienestar simbólico y cultural, volver a considerar las ciencias sociales y humanas y el arte como partes importantes de las disciplinas universitarias, constituye un gesto fundamental para la construcción de una sociedad tolerante con el otro, abierta a la imaginación, a la elaboración de nuevas representaciones, a la reflexión y experiencia sobre lo humano y su dignidad, a la mirada crítica y constructiva de las formas en que estamos habitando el mundo, nuestro mundo. Ello explica el por qué el Proyecto Iniciativa Bicentenario para Revitalizar las Humanidades, las Artes y las Ciencias Sociales y de la Comunicación ha sido central en nuestra rectoría. Con orgullo podemos decir hoy que esta iniciativa es más que un proyecto, es una realidad que también tiene rostro de futuro, reflejado en los Programas de Mejoramiento Académico que han podido desarrollar y poner en práctica las diferentes unidades que participan, en los dos aularios con 28 salas de clases y 1.800 puestos de estudio que inauguramos ayer, y en el tercer aulario, en la nueva Biblioteca de Campus, en los nuevos edificios de las Facultades de Ciencias Sociales y de Filosofía y Humanidades, en la Plataforma Cultural y en el Polideportivo que están en diferentes grados de avance.

Ante las desiguales condiciones de acceso a los bienes culturales por parte de quienes no poseen los recursos económicos, como es el logro de la educación superior, hemos querido hacer realidad nuestra postura ética y humanista creando el Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad Educativa, como parte de una política de inclusión amplia en torno a la cual hemos reflexionando y actuado, conscientes, como hemos dicho, de la desigual distribución del acceso a la educación superior. La naturaleza sistémica de una política como ésta implica importantes  desafíos que al ser enfrentados  se constituyen necesariamente en motores de cambio institucional, pero a la vez de espejo en el cual otras universidades públicas puedan mirarse.

Fortalecer el compromiso con la equidad y la generación de un  cuerpo estudiantil más diverso, inclusivo y  multicultural que participe activamente  en los cambios necesarios para construir una sociedad más justa no termina con favorecer las condiciones de acceso; este compromiso con la inclusión requiere además, innovar en los planos de la enseñanza y el aprendizaje, la calidad de vida estudiantil, así como en el fomento de las iniciativas de desarrollo personal, lo que a su vez implica cambios en la forma en que nos organizamos y relacionamos.

Podemos afirmar que la implementación del Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad Educativa nos ha invitado a realizar el gesto de promover oportunidades a jóvenes de excelente trayectoria académica que provienen de la educación pública y, al mismo tiempo, a avanzar hacia una docencia de mayor calidad cuyo horizonte es el desarrollo integral de los y las estudiantes en un ambiente de diversidad, en una comunidad que como tal albergue en su seno a las múltiples expresiones culturales de una sociedad que respeta los derechos humanos y tiene como centro la dignidad de todos y todas. Ello nos hace una mejor universidad. Para 2014 estamos ofreciendo un total de 431 vacantes distribuidas en las distintas unidades académicas, lo que en tan sólo 3 años más que cuadruplica las cifras de la admisión inicial 2012.

En esa dirección es que hemos oficializado la creación de una Oficina de Equidad e Inclusión al alero de la Prorrectoría de nuestra Universidad, cuyo mandato fundamental durante este período será el de velar porque las políticas de equidad se cumplan, mirando y estudiando su nivel de avance, elaborando periódicamente lo que será nuestro reporte anual de equidad e inclusión de la Universidad de Chile.

La sociedad se ha ido labrando en las relaciones que los hombres y las mujeres estructuran al interior de una cultura. Si examinamos la nuestra podemos darnos cuenta que las desigualdades se expresan también en las distintas posiciones y condiciones que ellos y ellas poseen y que se traducen en distinciones que dejan, en la mayoría de los casos, a las mujeres en desventaja respecto de los hombres. Nuestra Universidad, como toda institución inserta en la sociedad, no está ajena a esas desigualdades, y ha sido pionera en la investigación, la docencia y la extensión vinculada a los Estudios de Género. Desde el relato humanista y ético que nos orienta hemos mirado el rostro femenino de nuestra institución, haciendo un análisis profundo de la inserción académica, funcionaria y estudiantil de los hombres y mujeres que construyen el día a día de nuestra casa de estudios.

La Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género ha planteado medidas que tenemos que aplicar para avanzar en la equidad entre hombres y mujeres: por un lado, es preciso transverzalizar la perspectiva de género en las políticas universitarias y en los mecanismos e instrumentos de gestión, así como en la creación y transmisión de conocimientos, en el ingreso equilibrado de los y las estudiantes a las carreras sin sesgos de carreras masculinizadas o feminizadas, y en la proyección externa.

Por otro lado, en la medida en que las desigualdades son el problema que enfrentamos con mayor fuerza, estamos convencidos que a través de la educación, de nuevas formas de concebirla, enseñarla y aprehenderla será posible superar las fisuras y quiebres que hoy día observamos con preocupación y tristeza.

Cuando asumí mi rectorado en 2010 invité a la Universidad a impulsar un gran proyecto institucional educativo que considerara la investigación y la creación en educación, la formación inicial de profesores en los niveles parvulario, básico y medio, así como los programas de postgrado y de educación continua, todo según los más exigentes estándares internacionales.

Dijimos en ese momento: “Nuestra meta debe ser recuperar para la Universidad de Chile el liderazgo nacional en Educación. Tenemos que llegar al aula de todos los colegios del país, sobre todo a los de la educación pública y de los sectores más vulnerables, con nuestros conocimientos y valores. Es en el aula de esos colegios donde se define el tipo de país futuro que tendremos. El objetivo esencial de esta iniciativa es la preservación de la educación pública de calidad.”

En el tiempo transcurrido hemos logrado avances fundamentales en la elaboración de propuestas y acuerdos, la generación de voluntades, y la identificación de prioridades y también de desacuerdos.

Como parte de la reflexión institucional de estos años, en los distintos grupos de trabajo y comités que se han formado existe consenso en que tanto los nuevos desarrollos como el potenciamiento de lo hasta ahora realizado por la Universidad en el campo de la educación , deben tener como objetivos prioritarios: su valor académico intrínseco y el impactar, de manera profunda y duradera, en la calidad y equidad del sistema de educación nacional con especial énfasis en la revitalización de la educación pública.

Asimismo, la nueva institucionalidad en educación que la Universidad deberá crear, para dotar a estas iniciativas del liderazgo suficiente,  debiera caracterizarse: por la integración de las funciones universitarias de docencia, investigación y vinculación y el  desarrollo de estas funciones académicas al más alto nivel y con una fuerte vinculación nacional e internacional; por la integración disciplinaria, para abordar la formación docente y los problemas contemporáneos de la educación, y para hacer posible el trabajo conjunto entre diferentes Facultades, Departamentos, Institutos y Centros para la formación profesional de pregrado -especialmente en educación media-, para el posgrado, la investigación y el desarrollo profesional docente o formación continua; y por la innovación en la gestión y organización institucional, generando nuevos espacios y vías de colaboración entre nuestras unidades y ayudando a renovar nuestra Universidad.

Como lo ha propuesto el Comité Directivo del Proyecto Institucional es de la mayor importancia que la decisión sobre cómo enfrentar los próximos avances en un proyecto de tal envergadura sea reflexionado ampliamente por la comunidad universitaria.

Este proceso de reflexión amplia representa una oportunidad  innovadora para la universidad y el país. Se trata de enfrentar un tema complejo, en el cual se requiere mirar más allá de las propias experiencias, conjugando por un lado una sólida elaboración en lo técnico y académico, y por otro, las visiones, necesidades y voluntades de la sociedad.  Entendemos el proceso como  una manera de involucrar a partir de nuestra propia comunidad universitaria, a toda la sociedad chilena, esa sociedad que espera nuestra contribución  para revitalizar la educación pública y la educación chilena en general.

Quisiera agradecer a todos los académicos y académicas, estudiantes y funcionarios que han participado de los diferentes espacios en que se ha ido construyendo el Proyecto Institucional de Educación en estos tres años.

Y si hoy podemos invitar a toda la comunidad universitaria a sumarse activa y creativamente a la voluntad de generar un impacto de largo plazo en la educación nacional, es porque hemos avanzado -con oficio y rigor académico- en la elaboración de propuestas, en la identificación de nodos críticos y en la necesidad de recoger lo que hemos hecho y proyectarlo a niveles superiores, y porque nos hemos dado los espacios de crítica y discusión a nivel de nuestras actuales competencias técnicas en esta área.

El Comité Directivo del Proyecto Institucional de Educación se encuentra trabajando en el instrumento y los procedimientos para este proceso. Esperamos que en las próximas semanas este Comité ofrezca al conjunto de la Universidad las vías para involucrarse en esta iniciativa.

La institucionalidad que finalmente tome la puesta en práctica de este Proyecto Institucional de Educación será materia de la comunidad universitaria y de sus órganos superiores de Gobierno. Sin embargo, consciente de mis responsabilidades como Rector y de las responsabilidades de la Universidad frente al país y a sí misma, vuelvo a señalar que no tengo dudas, y creo que el país y la ciudadanía tampoco, de que, más temprano que tarde, la Universidad de Chile tendrá una Facultad de Educación que trabajará con todas sus otras Facultades de manera innovadora, y que a la vez, le dará a la formación pedagógica, a la educación y a la actividad docente, la dignidad y el estatus social y epistemológico que se merece, como un campo profesional y disciplinario propio, no subordinado ni dependiente de otros.

Cuando impulsamos el proyecto Bicentenario para revitalizar las Humanidades, las Artes, y las Ciencias Sociales y de la Comunicación, me pregunté en público, recordando un poema de nuestro anti-poeta Nicanor Parra, si valía la pena arriesgarse e impulsar dicha iniciativa contra todo tipo de dificultades y a sabiendas de que podría fracasar. Y mi respuesta, al igual que la del el anti-poeta, fue: ¡Si, vale la pena! Esa misma pregunta, llevada a impulsar la creación de una Facultad de Educación en la Universidad de Chile, me va a encontrar mil veces con la misma respuesta. ¡Si, vale la pena! A eso, sigo invitando a la comunidad de nuestra Universidad.

DEL PASADO AL RELATO DEL FUTURO

Fieles a nuestra memoria de ser las y los precursores de Chile es que hemos traído a la escena pública el tema de las desigualdades, no como un slogan. Porosa a los contextos, a los pulsos del medio social, nuestra institución ha denunciado los conflictos sociales, ha levantado su voz exigiendo Nuevo Trato, ha solidarizado con sus estudiantes en las demandas por una educación de calidad y equitativa, al mismo tiempo que ha puesto sus esfuerzos en levantar los índices de impacto de sus publicaciones, conformar centros de excelencia, perfeccionar y dotar sus laboratorios con las nuevas tecnologías, ayudar a paliar las enfermedades físicas y mentales, descubrir vacunas, pensar el desarrollo.

Es por ello que no resulta extraño que hayamos puesto el acento en adelantarnos a los tiempos, en pensarnos como futuro desde el pasado vivido y el presente actuado. ¿En qué consisten nuestros pasos de futuro? ¿Cuáles son los retos? ¿En qué lugar colocar los esfuerzos de desarrollo? Sin duda, estas interrogantes rebasan una apuesta personal y requieren, para responderlas, del conjunto de la comunidad. Sin embargo, no es difícil avizorar los temas que ya enfrentamos, y que el futuro exigirá responder de manera clara y con pasos firmes.

Es evidente que los problemas de la educación están y seguirán estando por mucho tiempo en el centro de la discusión social pues sus reformas y diversos arreglos cosméticos no han logrado un desarrollo armónico del país. Por ello, el desafío que estamos construyendo hoy con el Proyecto Institucional de Educación se liga a ese futuro de nuestra universidad y su aporte a los nuevos fundamentos de esa enseñanza centrada en la persona. Creemos que uno de nuestros deberes es desarrollar capacidades para proponer e imaginar nuevas formas, procesos, estructuras y recursos, a través de los cuales los seres humanos, individual y colectivamente, podamos educarnos unos a otros. En ese núcleo duro tendrá que asentarse la formación de profesores y profesoras, concibiendo una educación que atraviesa los ciclos vitales de los sujetos, desarrollando la calidad y equidad del sistema educativo nacional en todos sus niveles, haciéndose cargo de todas las dimensiones del desarrollo humano, individual y colectivo, y poniendo especial énfasis en las problemáticas de equidad de género, interculturalidad, inclusión social, relación con el medio ambiente, entre otras. Lo que deberá restallar es la necesidad de construir y cimentar cambios culturales que reconozcan en cada niño, niña y joven un sujeto igual en dignidad, derechos y oportunidades.

La Universidad de Chile, inserta en el mundo de hoy, está demandada a buscar los caminos de su proyección de futuro imbricada en los rápidos cambios de las tecnologías y de la sociedad del conocimiento, de las exigencias de estándares de productividad y de excelencia, pero ello no debe ser su único horizonte o más bien dicho, debe releer ese horizonte acoplando su experiencia histórica y republicana como memoria institucional. Precisamente su antigüedad hace posible que pueda reconocer los cambios y las mutaciones, que pueda pensar críticamente su quehacer y sus relaciones con la sociedad nacional y desterritorializarse al mismo tiempo. Los tiempos actuales también reclaman, como dijo Gabriela Mistral en el pasado, “un Chile sólido y cuerdo, un Chile de política inteligente, y sobre todo, coherente, que amar y obedecer”. Ese Chile es el que la Universidad de Chile estará empeñada en construir, no desde el “patriotismo quisiquilloso”, sino con la “costumbre del chileno viejo de decir lo que piensa”.

LOS PRÓXIMOS PRIMEROS CIEN DÍAS

Desde su creación, la Universidad de Chile, toda su comunidad, con compromiso y generosidad, se ha jugado por preservar una educación pública de calidad y equitativa.

Desde 1973 a 1990, sin embargo, nuestra misión institucional pudo sobrevivir sólo por la tremenda entrega, valentía y heroísmo de nuestra comunidad, para hacer frente a las políticas públicas educacionales privatizadoras impulsadas por el mismo Estado que nos creó, y que durante 18 años buscó, en los hechos, el desmantelamiento y destrucción de una sus construcciones republicanas más trascendentales: la Universidad de Chile, cuna de 20 Presidentes de la República, de dos Premios Nóbel, y pionera y más alta exponente en el desarrollo y cultivo de las artes, las humanidades, las ciencias sociales, las ciencias y las tecnología en el país.

El reclamo de la ciudadanía y especialmente de nuestros y nuestras estudiantes, por los abusos, inequidades y desigualdades que genera el actual modelo educacional, y por revitalizar la educación pública, no ha sido escuchado por los órganos del Estado correspondientes. Con el argumento de defender la libertad de enseñanza y la provisión mixta de la educación, algo que no ponemos en cuestionamiento, las políticas públicas educacionales han tendido a pauperizar la educación pública a todo nivel. Nada ha cambiado en lo fundamental del modelo educacional de Pinochet de 1981. Y si lo ha hecho ha sido para profundizarlo. De nada han valido los argumentos y las razones históricas, académicas, éticas y políticas que fundamentan las transformaciones que hemos propuesto. Tampoco han valido los cantos ni las voces ni el caminar de los cientos de miles de estudiantes que desde hace años se vuelcan a las calles a lo largo del país para expresar su reclamo y sus propuestas. Es más, durante el actual gobierno, todos los ministros de Educación han demostrado un total desconocimiento, improvisación e insensibilidad por la Educación Pública, prevaleciendo la falta de diálogo y búsqueda de consensos. Quizás eso explique la total falta de voluntad de la autoridad para investigar, resolver y sancionar a un gran número de universidades privadas nuevas que han hecho una aplicación falsa de la ley que establece que las universidades son corporaciones sin fines de lucro y que hasta la fecha siguen operando con total impunidad. Y también eso explique que, pese al compromiso que asumió el actual Presidente de la República en este mismo Salón de Honor, en junio del 2010, no se cumplió con el compromiso de apoyar la restauración y remodelación de esta Casa Central, ícono de la República y de la Educación Pública, gravemente dañada por los dos últimos terremotos.

Las elecciones presidenciales y parlamentarias que se avecinan son la oportunidad para escuchar los programas de las diferentes candidaturas  respecto a cómo van a impulsar los cambios educacionales que la ciudadanía viene reclamando por años. También es la oportunidad para que la ciudadanía haga saber, con claridad y con fuerza, a esas candidaturas, los cambios que espera se realicen para revitalizar la educación pública de modo de avanzar hacia una sociedad más justa, más inclusiva, más cohesionada, más fraterna, en otras palabras, más democrática. Pero además, es la oportunidad para hacerles saber a esas candidaturas que ni la ciudadanía ni nuestras comunidades escolares y universitarias seguirán aceptando que los intereses creados, los conflictos de interés, el lobby oscuro y los poderes fácticos sigan obstruyendo, postergando y maquillando los cambios educacionales estructurales que demandamos para revitalizar la educación pública.

La ciudadanía y nuestras comunidades universitarias quieren hechos y no palabras, quieren conocer las políticas públicas y las acciones concretas que expresarán los compromisos presidenciales y parlamentarios en el ámbito de la educación superior y que, durante los primeros cien días del próximo Gobierno, serán objeto de medidas administrativas que se pondrán en práctica y de piezas legislativas que se enviarán al Parlamento.

Para nuestras comunidades, la “prueba de la blancura” estará dada por el envío al Parlamento, durante los primeros cien días del próximo Gobierno, de un proyecto de Ley sobre el Nuevo Trato entre las universidades estatales y su propietario, el Estado de Chile, que contemple fondos basales y un marco legal concebidos para asegurar, en el tiempo, la sustentabilidad académica, financiera y administrativa de universidades estatales solventes y que mantengan su misión enfocada únicamente al bien común, a la vivencia de valores republicanos, no sujeta a intereses particulares -por respetables que ellos sean-, y bajo los ejes de la excelencia académica, la equidad y el compromiso social.

Estos recursos basales deberán entregarse asociados a programas de trabajo de mediano y largo plazo, definidos en convenios de desarrollo entre cada universidad y la autoridad del Estado, indicando metas, plazos y sistemas de control que garantizan el aporte de las instituciones. Hemos dicho que por parte del Estado se requiere de un aporte basal permanente, que definimos en un nivel mínimo del 50% del presupuesto actual y reajustable según el PIB, que sea exclusivo para universidades estatales como un elemento diferenciador afín con el rol activo y responsable del Estado en educación. Estos recursos vienen a controlar los efectos privatizadores del auto-financiamiento, son la expresión del compromiso del Estado con una educación pública de calidad y equitativa y con la creación independiente. En suma, estos recursos son la barrera que diferencia lo público de lo privado, y permiten que, como hemos dicho, el sistema tenga un carácter mixto como lo tienen los países de la OCDE.

Las instituciones regionales debieran establecer compromisos con las autoridades regionales, orientados a constituirse en polos de desarrollo regional en investigación y formación; las de carácter nacional lo harían con el gobierno central y establecerían compromisos para contribuir al desarrollo a nivel nacional y convertirse en referentes internacionales. Para definir y controlar tales convenios, al mismo tiempo que para velar por la autonomía universitaria, proponemos la creación del Consejo Nacional de Educación Superior Estatal, que imponga regulaciones para garantizar transparencia, entrega de cuentas públicas y eficiencia en el uso de los recursos. Además, las universidades estatales deben mantener el derecho y obligación de complementar los recursos mediante su participación en los concursos competitivos.

Con estas condiciones, definidas en convenios de desarrollo con compromisos y metas explícitas y verificables, las universidades estatales podrán desarrollar una verdadera actividad pública en educación e investigación. A través de convenios fomentarán la cooperación solidaria más que la competencia, la integración en programas educacionales, el intercambio académico, y la colaboración en investigación y, obviamente en tareas de interés nacional. El foco debe estar bien orientado para crear polos de desarrollo regional. En particular, la Universidad de Chile debe tener la oportunidad de dar pasos concretos para destacar entre las universidades de la región y alcanzar un amplio reconocimiento internacional, aspiración en la que ha probado tener el potencial para lograrlo.

El “día ciento uno” del próximo Gobierno sabremos a qué atenernos. Lo que si tenemos claro es que, como decimos en el campo, “no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague”, y la deuda, especialmente de afectos, que el Estado de Chile tiene con la educación superior pública, en general, y con la Universidad de Chile, en particular, que se viene arrastrando desde 1973, se ha alargado más de la cuenta y ya alcanzó su plazo, y el tiempo de pagar la deuda es ahora. Y se lo haremos saber al próximo Gobierno y al próximo Parlamento de la manera más adecuada y convincente posible. Si como comunidad universitaria no permitimos que nuestra Universidad de Chile fuera destruida en dictadura, menos vamos a permitir que lo sea en democracia.

Viva la Universidad de Chile!

Viva la Universidad de Chile, libre!

Viva Chile!