El 30 de octubre del 2013, Sebastián Piñera finalmente firmó el texto definitivo, modificado a última hora por presiones del sector privado, del Decreto que le da el vamos a la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), creando en paralelo un Consejo Nacional de Desarrollo Urbano cuyos integrantes todavía no se conocen.

En todo caso, bajo la dictadura de Pinochet existió un Decreto similar originado en 1985 sobre esta materia, aunque bastante más rudimentario, el que obviamente no produjo ningún efecto práctico y por ello, como la Concertación no le dio la más mínima importancia a la planificación territorial, en el año 2000 fue derogado mientras Claudio Orrego ejercía como ministro de Vivienda.

Se supone que a partir de ahora, con esta hoja de ruta meramente indicativa, se harán los cambios legales y reglamentarios para que en nuestro país tengamos políticas públicas urbanas democráticas y sustentables, lo que es difícil pero no imposible. Si aquellos que ejercen el poder en materias de ciudad entiendan que hay que detener el despelote que nos agobia se podría producir el milagro, pero como nuestro sistema político es demasiado presidencialista quien deberá llevar la batuta será el próximo mandatario o mandataria.

Elaboraron por más de un año ese documento 28 profesionales de confianza de Piñera, casi todos arquitectos, consultores inmobiliarios, ingenieros, académicos, representantes de la Cámara de la Construcción y algunos diputados. Era un grupo bastante transversal en lo político e ideológico, aunque cargado al mercado, lo cual es bastante lógico porque este es el sistema económico imperante en Chile. Si esta PNDU es un instrumento de Estado, como lo esperamos, y si se empiezan a hacer bien las cosas, en unos años más podríamos tener ciudades a escala humana, sin segregación, lo cual es signo de desarrollo.

Hemos tomado conocimiento por la prensa que esta política tiene como ejes la integración social, el desarrollo económico con reglas claras, el equilibrio ambiental con planes de efectiva forestación, respetándose el patrimonio histórico y con una institucionalidad moderna que facilite la participación ciudadana, aunque nada se dice de la creciente corrupción que se observa en el sector de la construcción, la que, por lo demás, es de mal gusto reconocerla y por ello no es cubierta por los medios tradicionales.

Nos agradó la creación de los gobiernos metropolitanos con verdaderas atribuciones para las regiones de Santiago, Valparaíso y Concepción, los cuales atacarán frontalmente las desigualdades y guetos existentes. Lo precedente también será una efectiva medida para que las diferentes agencias públicas actúen coordinadamente en sus relaciones con los innumerables actores privados que se desenvuelven en el negocio de la explotación del recurso suelo. Ante el futuro escenario no se podrán repetir experiencias como el fallido Transantiago y se reducirán en gran medida los conflictos con las comunidades porque éstas serán interlocutores válidos en las evaluaciones sociales de proyectos.

Ahora bien, no sabemos si fue por una cuerda y coherente decisión del actual gobierno, teniéndose en cuenta el inicio de esta PNDU o por otra razón derivada de la incompetencia técnica de los funcionarios que han estado elaborando el proyecto PRMS-100 que modifica el uso de suelo de 10.000 hectáreas agrícolas para transformarlas en urbanas en esta saturada región, hemos tomado conocimiento del Oficio Nº 205 del 17/10/13 enviado por el intendente Juan Antonio Peribonio al Contralor General Ramiro Mendoza, mediante el cual retira la solicitud de toma de razón de la Resolución Nº 125 del 13/09/13 del Gobierno Regional Metropolitana referida al cambio en comento.

En todo caso, dejamos en claro que tal PRMS-100 fue aprobado con burdos resquicios legales por el Consejo Regional (CORE) Metropolitano, presidido en aquel entonces por Fernando Echeverría, amigo de Piñera y actor inmobiliario interesado por razones obvias en la expansión urbana.

Recordemos que este cambio en la reglas del juego se originó en el año 2006 y lo que busca es crear unas denominadas Zonas Urbanas Condicionadas (ZUC) en terrenos de 60 hectáreas y el ente fiscalizador, a pesar de las presiones ejercidas por los gobiernos de Bachelet y Piñera, no ha podido aprobarlo por contener diversas incoherencias, omisiones e irregularidades de forma y fondo y más encima se desconocen los nombres de aquellos particulares que el gobierno intenta beneficiar con las consiguientes plusvalías territoriales.

Todos aquellos que nos familiarizamos con esta temática sabemos que las llamadas “condiciones” para permitir los negocios inmobiliarios en extramuros son una fantasía y el mejor ejemplo lo tenemos con los archiconocidos conflictos entre actores privados en la comuna de Lampa con unas inmensas Zonas con Desarrollo Urbano Condicionado (ZODUC), introducidas en el año 1997 en el PRMS, porque las mentirosillas “condiciones” no se han cumplido y como no hay sanciones en la normativa ad hoc para los infractores, seguramente no se cumplirán.

En síntesis, esperamos que el PRMS100 se archive hasta que el próximo gobierno que asuma en marzo del 2014 decida el camino a seguir, más aún si próximamente tendremos consejeros regionales elegidos con el voto popular, lo que antes no sucedía. Si se procede en consecuencia y por lo tanto se actúa correctamente, podríamos tener cierta certeza de que la PNDU no será una nueva quimera, sino un instrumento de verdad que beneficiará a la inmensa mayoría de los compatriotas.