La Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto minero que fue aprobada en agosto, “no cumplió normativas referentes al respeto a las comunidades originarias de la zona”. Así lo indica el fallo de la Corte de Apelaciones de Arica, el que añade que “los trabajos tendientes a minimizar los impactos del proyecto, no garantizan su efectividad, y son intervención para el mundo aymara”.

También afirma que los relaves no son seguros y podrían contaminar la aguas, además, indica que el transitar de los camiones con minerales y residuos tóxicos por el Parque Lauca, hacen que se vea amenazado el derecho de los ciudadanos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Con todo esto se revierte la resolución tomada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), encabezado por el Intendente, José Durana.

La municipalidad de Putre era uno de los recurrentes de protección ante la Justicia. Su alcalde, el PPD Angello Carrasco, indicó que está conforme con la decisión y puso el énfasis en la necesidad de respetar el Convenio que Chile firmó ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que hoy tiene rango constitucional.

En este sentido, el jefe comunal afirmó que están “contentos por la decisión que tomó la Corte de Apelaciones, una decisión unánime por lo que sé, y cualquier tipo de proyecto que se quiera realizar acá en la provincia de Parinacota y en la comuna de Putre, que es territorio en un 100% Aymara, se tiene que respetar el Convenio 169 que tiene relación con las consultas a las comunidades que están dentro de un territorio indígena, es un Convenio que Chile ya asumió y que organismos del Estado tienen que hacer respetar, cosa que no había sucedido con este proyecto”.

El alcalde añadió que actividades como la minería son perjudiciales para el desarrollo en el territorio cuando la principal actividad es la ganadería, la agricultura y el turismo, por lo que todo proyecto debe someterse a un estudio de impacto ambiental, la debida consulta y la participación ciudadana correspondiente.

Por su parte, las comunidades Aymara representadas por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA). También se mostraron satisfechas. El vocero del Consejo del Territorio de Chapaquilla, César Huanca, indicó que existían irregularidades en el proyecto, acusando a una aprobación netamente política de la planta perteneciente a la firma Hemisferio Sur.

En esa línea, el vocero de la organización indígena indicó que “el proyecto de Manganeso Los Pumas no tenía agua y por eso no tenía mucho como avanzar, hay un litigio que tienen con la comunidad indígena el que todavía no se ha resuelto y eso generaba muchas dudas cómo este proyecto sigue avanzando. Por eso lo calificamos como muy malo el proyecto, en general no tenía muchas bases técnicas, ni tampoco bases desde la aprobación de la comunidad en general, lo que nos dio a entender que este proyecto tenía que caerse sí o sí”.

En ese sentido, las organizaciones ambientales consideraron la resolución como una victoria judicial y un verdadero precedente para los tribunales locales, dado que existen una serie de proyectos de extracción que afectan a la comuna. Aníbal Díaz integrante de la Coordinadora Regional de Conflictos Socio-Ambientales de Arica y Parinacota, afirmó que esto es muy buena señal, ya que la Corte de Apelaciones de Arica, era muy conservadora y hace muchos años que no se veía un fallo de este tipo.

Por esto, Aníbal Díaz enfatizó que “este es un precedente histórico, ya que quisimos sentar un precedente sobre el respeto a la aplicación del Convenio 169 de la OIT acá en la región. Por primera vez en la Historia los tribunales locales se refieren justamente a este tema, que es el respeto a las comunidades originarias. Nosotros tenemos otras causas a través de la Coordinadora tenemos una serie de causas con daño ambiental”.

Entre las otras iniciativas destaca el proyecto minero El Morro, además de la necesidad de tomar acción sobre diversas áreas contaminadas con restos de polimetales. La empresa ahora puede acudir a la Corte Suprema por la anulación del fallo. Sin embargo, las organizaciones  señalaron que están tranquilas esperando que, si ese es el caso, el Máximo Tribunal mantenga su posición y garantice el pleno respeto a sus derechos.