Los derechos humanos son un tema pendiente en nuestro país, aún los familiares de detenidos desaparecidos tratan de manera infructuosa conocer el paradero de sus familiares, mientras las Fuerzas Armadas niegan la información y protegen a los Oficiales y Suboficiales involucrados en juicios y en crímenes de lesa humanidad. Hasta ahora ningún gobierno post dictadura ha terminado con el falso supuesto de un estado de guerra que existía en 1973 y que según sus autores, obligó al golpe cívico militar, avalando con esto la impunidad que protege a civiles y militares vinculados con actos criminales.

Todo esto mientras la tortura que fue usada sistemáticamente por los órganos del estado de la dictadura y que cobro tantas vidas de chilenos y chilenas, aún existe. Según denuncias hechas y confirmadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos este método repudiable es usado por carabineros e Investigaciones en contra del pueblo mapuche, de los estudiantes y de todo aquel que  secretamente es calificado como el enemigo interno.

Esto daña a nuestro país y a la democracia, así como la indiferencia política y de políticos, quienes hacen la vista gorda, guardan silencio o aceptan los argumentos de quienes asocian la política con la represión. Esto permite a la derecha Pinochetista continuar actuando a la sombra de la justicia, instrumentalizándola para lograr sus objetivos, creando casos judiciales con todos los medios  de comunicación a su favor, sin contrapeso, persiguiendo a sus opositores y a quienes estos definen como a sus enemigos con saña y con desprecio por los derechos humanos.

Así ha sucedido con el proceso abierto en el año 2010 en contra de ex dirigentes del FPMR por el asesinato de Jaime Guzmán, (hecho sucedido  en 1991, legalmente prescrito y judicialmente resuelto), de manera impune fabricaron una entrevista extrajudicial, que mostraron a todo el país en el canal de TV del actual Presidente de la Republica,  para acusar y desatar una verdadera cacería que aun continúa. En esto no hay limites,  no ha bastado acusar a personas inocentes en este caso sino que han intentando incluso calificar este asesinato como un crimen de lesa humanidad con el fin de que este no prescriba, violentando en este caso derechos como el debido proceso que, a juicio de abogados en nuestro país y expertos nacionales e internacionales, no se están respetando.

Los chilenos tenemos derecho a reclamar en contra de la impunidad y en contra de la inaceptable indiferencia política ante estos hechos y otros, como es el caso del reciente fallo de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que absolvió del delito de homicidio a los ex carabineros quienes fueron procesados como presuntos responsables de la detención, tortura y doble crimen de Raúl Pellegrin y Cecilia Magni en octubre de 1988. Desechando importantes pruebas y peritajes que demostraron graves contusiones y que la muerte de ambos fue debido a torturas provocadas por terceros.

Raúl Pellegrin jefe del FPMR y Cecilia Magni, merecen justicia y respeto, ellos lucharon y murieron asesinados defendiendo el derecho a vivir libres y en democracia de todos los chilenos. La sentencia que libera a sus asesinos representa la impunidad con la que no se puede construir un Chile justo y respetado.

En una sociedad en la cual se impuso el modelo neoliberal que  contradice y viola los derechos de las personas, sucede esto y mucho mas, todo se resume en que los derechos humanos son transables. Es decir, que los ciudadanos (as) hemos dejado de ser sujetos de derechos pues con todo, literalmente con todo, se puede lucrar u obtener una ganancia.

Derechos como la salud, la educación, la alimentación, el acceso a recursos vitales y otros, cuyo desarrollo progresivo permitió humanizar las relaciones sociales, ahora son simples ramas de mercado, transfiriéndose la visión de corresponsabilidad social hacia una regida por las reglas mercantiles. Parece haberse olvidado que los principios de igualdad, justicia y libertad, son los pilares sobre los cuales se levantaron los cimientos  de nuestra independencia y la mayoría de las naciones modernas.

En la situación actual de indefensión que vivimos los ciudadanos (as) necesitamos que el nuevo gobierno fortalezca las instituciones que velan por el respeto a los derechos humanos en toda su extensión, que se comprometan como lo ha hecho el INDH en este periodo, con la defensa de derechos, que fueron justamente formulados para proteger a las personas de la explotación, laborales y sindicales, los que son percibidos hoy, no sólo como impedimentos al comercio sino hasta como injusticias contra la libertad de este último.

Nunca se ha hablado tanto de libertad comercial en detrimento de la libertad humana, para justificar la situación de explotación en una sociedad cada vez mas clasista como la nuestra. Se evoca el principio de igualdad en referencia a los asuntos de inversión y competencia, para proteger la propiedad privada y la ganancia individual, subordinando el derecho al trabajo y al sueldo digno, a la salud, a la educación, al libre funcionamiento del mercado.

Chile no puede seguir como esta, la justicia debe operar a favor de los derechos ciudadanos en todos los ámbitos y también en los casos pendientes de asesinatos en los cuales ha habido negativa de investigar. Como ha sucedido recientemente con miembros de las FFAA quienes no solo eliminaron sino que hicieron desaparecer los cuerpos de sus victimas, desenterrándolos para luego lanzarlos al mar o quemarlos, para eliminar conscientemente las pruebas que pudieran comprometer a sus autores, siguiendo una orden directa de Pinochet y dirigida a los jefes de las FFAA en distintos niveles y regiones del país.

Los chilenos nos preguntamos que falta para que un gobierno y en este caso el de la Nueva Mayoría se haga cargo de este problema, para definir una política de Estado que resuelva los casos pendientes y  permita una nueva manera y efectiva de enfrentar y resolver las violaciones de los derechos humanos en el país. La ambigüedad política sobre esto genera insatisfacción ciudadana con la democracia, que al no resolver estos problemas termina afectando la dignidad y  el  desarrollo de las personas.

Quisiéramos un gobierno democrático que defina con claridad que el derecho fundamental como lo es la libertad y sus diferentes expresiones, el derecho a la vida, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales son para todos los chilenos y chilenas. Que genere los mecanismos y los procesos de educación para que sean no solo enunciados sino respetados cada día de nuestras vidas,

Por tal razón ciertamente que no es una decisión coherente con la coyuntura que vive el país, pensar que da lo mismo un gobierno de la derecha con la candidata UDI, que un gobierno de la Nueva Mayoría. Una cosa es la desconfianza que se pueda tener en cuanto a que se cumplan las promesas propuestas por el futuro gobierno de Michelle Bachelet, y la otra es permitir un nuevo gobierno de derecha, cuyo objetivo es potenciar el modelo clasista y generador  de desigualdades que nos asfixia.

No hay dos lecturas, la derecha liderada por la UDI representa desde su fundación, el neoliberalismo que no respeta los derechos humanos, que los utiliza, los limita y cuando es necesario impone su abolición. Representa un modelo de sociedad que elimina o restringe al máximo  la participación de actores sociales, políticos, mecanismos de deliberación y acciones que lo contradigan.

Así entonces mas allá de la próximas elecciones lo medular de todo será potenciar el movimiento social para acompañar y exigir la eliminación de todos aquellos enclaves que neutralizan la democracia. Por ello es necesario abordar con valentía una reforma en las Fuerzas Armadas, para terminar con la herencia cultural de la dictadura y los poderes facticos que la sostienen.

Por lo tanto, las promesas de una nueva Constitución no pueden quedar en el aire, la institucionalidad heredada de la dictadura que consagra un régimen democrático a medias, con un empate político, a través del sistema electoral binominal debe cambiar. Se requiere una nueva Constitución, que se sustente en la soberanía popular, terminando con las leyes orgánicas constitucionales y las de quórum calificado, con el nombramiento “negociado” de autoridades y miembros de diversas instancias del Estado (Corte Suprema, Tribunal Constitucional, Consejo de Televisión), todo lo cual impide la real expresión de las mayorías y la soberanía popular. ¡No mas ambigüedades y que se cumplan los compromisos, eso queremos en Chile!

Enrique Villanueva Molina

Ex Dirigente Rodriguista