La apertura de un proceso de participación ciudadana solicitaron abogados del estudio Araya & Cía y de la consultora ambiental Greenland Chile en el marco de la tramitación de la nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero Caserones, ingresada el 8 de diciembre de 2013 al Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama.

Esta acción persigue que tanto ciudadanos como agricultores de la zona puedan presentar sus reparos al documento ingresado por la minera Lumina Cooper – titular del proyecto –  sobre todo, en relación al uso del recurso hídrico.

En esa línea, cabe destacar que el proyecto presentado por la cuprífera establece que utilizarán en sus procesos productivos 3088 Lt/s de agua, de los cuales 518 Lt/s serían abastecidos de tres nuevos  pozos de extracción de aguas subterráneas, en una zona azolada por el agotamiento hídrico del Río Copiapó.

El abogado del área de Medio Ambiente de Araya & Cía, Jorge García, precisó que el la solicitud enviada al SEA de Atacama pretende “que dentro de la institucionalidad ambiental vigente, la autoridad pertinente logre anticipar los conflictos ambientales y exija a los titulares de Proyectos Mineros, anticipar, ponderar, evaluar y  disminuir sus externalidades ambientales y sociales, en la menor cuantía posible, con plena publicidad y nitidez de la información. Creemos fundamental que se apruebe, por parte del SEA Regional, la Participación Ciudadana solicitada, para así permitir a la autoridad y a la ciudadanía, conocer la real situación de recurso hídrico y su impacto en acuífero, el que objetiva y públicamente está agonizando. Lo anterior, para tomar las medidas que correspondan”.

Cabe recordar que en noviembre pasado la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló 23 cargos en contra del proyecto Caserones, diez infracciones graves y once leves, relacionadas principalmente con el manejo de las aguas y la línea de transmisión presentada a evaluación ambiental.

Si bien Lumina Cooper tenía 15 días para hacer sus descargos, la SMA acogió la solicitud de la empresa para postergar su respuesta ante los incumplimientos detectados por el organismo público.