El gobierno chileno actual y los anteriores, parecen no diferenciar entre los tratados en materia de derechos humanos de los comerciales, en cuanto que éstos últimos otorgan en forma recíproca derechos y obligaciones, pero en los de derechos humanos, se imponen obligaciones a las partes frente a los demás miembros para respetar los derechos de los individuos, y se crean derechos de éstos frente al Estado. De esa manera, los Estados contraen obligaciones para sus órganos internos de poder, es decir, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial los cuales dentro de su competencia asumen obligaciones que cumplir, de conformidad con las características de los tratados internacionales del cual los países forman parte.

Desde hace rato que le han sacado el bulto a sus obligaciones en torno a los derechos humanos en Chile, incumpliendo sus compromisos y violentando de forma grosera sus responsabilidades en cuanto al respeto de los tratados internacionales en esta materia. Emblemático resulta la amnistía a los culpables y cómplices de delitos de lesa humanidad que el dictador dicto en 1978 para protegerse y proteger a sus cómplices, haciendo caso omiso de las normas y el derecho internacional y por tanto el derecho convencional de los derechos humanos.

Una ley que ampara a los criminales y cómplices civiles y militares que  nunca debió entenderse como aplicable a los casos de tortura apremios ilegítimos, desapariciones forzadas secuestro, ejecuciones sumarias, propiciadas, financiadas y aplicadas por organismos del Estado chileno en contra de su propio pueblo, es decir, a crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo la ley de amnistía está vigente, a pesar de la aberración que representa su aplicación en una sociedad que fue duramente violentada en sus derechos por los largos 17 años de terrorismo de  estado y que aun sufre los impactos de los amarres dejados por la dictadura militar. Una amnistía que permite hoy a los asesinos confesos y condenados a cadena perpetua por el degollamiento despiadado de Santiago Nattino, Manuel Guerrero y José Manuel Parada, los dos ex carabineros, Guillermo González Betancourt y José Fuentes Castro, disfrutar de un beneficio penitenciario de libertad controlada desde el 24 de junio de 2013.

La pregunta obvia es quien toma estas decisiones, porque en este caso no podría entenderse como la simple resultante de la aplicación de una norma penitenciaria, imposible de materializar sin el conocimiento de las mas altas esferas del Ministerio respectivo. Sin embargo se aplicó y se justificó en los supuestos vacíos o en la inexistencia de instrumentos legales que permitan diferenciar los beneficios carcelarios otorgados a criminales comunes o para aquellos tipificados como delitos de lesa humanidad.

Simplemente una burla que se le hace al país entero, pero que se suma a otras acciones de impunidad que permanentemente se ejecutan de manera encubierta para amnistiar a ex uniformados y civiles comprometidos con torturas y muertes, como es el caso de los Carabineros que asesinaron a Raúl Pellegrin y a Cecilia Magni en 1988. Son ejemplos irrebatibles que hacen del respeto a los derechos humanos en toda su extensión, el gran déficit de la democracia en nuestro país, consecuencia de gobiernos que no asumieron oportunamente la responsabilidad de diseñar e implementar políticas (de estado) que permitieran resolver los casos pendientes, aplicar la justicia como corresponde, reafirmar el respeto a los derechos ciudadanos y poner énfasis en la importancia de las acciones preventivas.

Una realidad que se amplia a situaciones mas aberrantes aun, como por ejemplo el permitir que a criminales condenados como tales por cargos de torturas y asesinatos, se les mantenga el grado militar, el sueldo y las regalías del cargo, a Generales, Coroneles, Oficiales Subalternos y Suboficiales. O que después de cuatro gobiernos democráticos aun se considere legal y valido el uso de medallas y condecoraciones logradas, en “la guerra en contra del comunismo”, condecoraciones obtenidas por asesinar en cámaras de torturas o en fusilamientos extrajudiciales a personas inocentes y la mayoría de ellas indefensas y desarmadas.

Todo esto es lo que permite mantener la ley de amnistía de 1978 que protege a los torturadores y a cientos de ex uniformados y civiles,  comprometidos con las persecuciones, la represión ilegal, la tortura sistematizada y la desaparición forzada de personas. Manipulando además la información que aun le niegan a los chilenos para dar con el paradero  de miles de personas desaparecidas durante la dictadura.

Mientras esto siga como está, el país no podrá forjar una unidad ni educar a las futuras generaciones, en torno al principio de que las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos no deben ser toleradas. Y se continuará aplicando politicas y acuerdos que trasgreden los derechos de las personas y que son vitales para el interés común: intentando ocultar o tergiversar la historia, anular la memoria y pretender dar por superado el pasado de horrores sin resolver las situaciones pendientes, incluyendo estos casos tristemente emblemáticos de la caravana de la muerte y del caso degollados.

Es tiempo entonces de hacerse cargo de todo esto y de que no solo la esencia de la dictadura encontró su prolongación disfrazada en la democracia, manteniendo su espíritu a través de la Constitución de 1980, con sus valores autoritarios y sustentada en la vigencia de poderes facticos, sino que los autores de la “obra de las FFAA” civiles y militares consiguieron la impunidad.

Adportas del inicio de un nuevo gobierno el panorama que tenemos por delante es preocupante, hasta ahora el compromiso de los gobiernos anteriores con los derechos humanos fue deficiente, dejando las cosas como están, sin abordar a fondo el tema de la impunidad y de los cientos de casos pendientes en la justicia. Una pasividad cómplice que permitió la profundización de la desigualdad social, entrampados y subordinados al objetivo de mantener intacto el modelo económico, afectando progresivamente los derechos ciudadanos fundamentales de las personas, como lo son el derecho al trabajo digno, a una educación gratuita y de calidad, a una salud y a una pensión digna,

Para ello se mantienen hasta el día de hoy e incólumes, un conjunto de enclaves dictatoriales que actúan como diques de contención y  aseguran el ejercicio de una política funcional a la estabilidad del sistema económico y a los mandatos de las elites poderosas que tienen el poder en Chile.

Llego la hora entonces de exigir que el buen gobierno se reconozca en la protección de los derechos de las personas, en todos sus ámbitos, estableciendo pautas de actuación respecto de las cuales se rindan cuentas y se informe a la ciudadanía de su cumplimiento y desarrollo, para lo cual es fundamental el rol que debe jugar en el futuro cercano el Instituto nacional de Derechos Humanos. En este contexto la buena gobernanza o el buen gobierno tiene que necesariamente abarcar las normas consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y detalladas en tratados internacionales hasta ahora incumplidos por nuestro país, normas que no son más que aquellas que legitiman las reglas mínimas y necesarias para garantizar la dignidad humana.

Esta vez y con el movimiento social en alerta, el buen gobierno no se validara en el discurso ni el engaño sino que, en la practica de la elaboración de marcos legislativos, politicas, programas, asignaciones presupuestarias y otras medidas que permitan establecer el respeto y la protección de los derechos humanos de manera sostenible. Ello incluye la existencia de instituciones fuertes y prestigiadas, con la existencia de marcos jurídicos apropiados, asi como de procesos políticos, administrativos y de gestión responsables para atender y satisfacer los derechos y las necesidades de la población.

Quienes luchamos y arriesgamos nuestras vidas por la libertad y la democracia en nuestro país, nos sentimos dolidos con las noticias de impunidad que aun favorecen a los asesinos Pinochetistas, razon por la cual solidarizamos con los familiares de Parada, Guerrero, Nattino y con Carmen Hertz, quien hace unos días supo de la confirmación de la identificación de los restos de su esposo, Carlos Berger,  asesinado junto a otros compatriotas, victimas de la Caravana de la Muerte. A todos ellos nuestro profundo respeto porque son los verdaderos pilares de dignidad ante la indolencia y la burla que los poderes facticos hacen de su irreparable dolor.

Enrique Villanueva Molina

Ex dirigente Rodriguista