Por estos días hemos tenido la suerte de mirar, por medio del televisor, las olimpiadas que se realizan en la ciudad de Sochi en Rusia y deleitarnos con la calidad y armonía de los deportes de invierno.
Las olimpiadas agrupan a los mejores deportistas del mundo en las diferentes especialidades. Son, por ello, un espectáculo ejemplar de disciplina, dedicación y perfeccionamiento técnico del cuerpo en una tarea específica.
Por otra parte, reflejan también los esfuerzos e inversiones que realizan los países en el desarrollo de todo el espectro deportivo. En ese sentido, son una oportunidad ideal para comparar métodos, proyectos y medir resultados.
Pese a que somos un país de montañas (cerca del 80 por ciento de nuestro territorio está compuesto de ellas) y que tenemos un invierno suficientemente frío con condiciones favorables para la practica deportiva invernal, no tenemos la estructura institucional ni la infraestructura necesaria para masificar la practica deportiva de estas disciplinas. Por ello, no sorprende que sólo seis deportistas nacionales participaran en la competencia: Dominique Ohaco y Stephanie Joffroy, en esquí estilo libre; Noelle Barahona, Eugenio Claro y Henrik von Appen, en esquí alpino; y Jonathan Fernández, en la especialidad de cross country.
Aunque para muchos la no obtención de medallas es suficiente para desatar las críticas y los calificativos de fracaso, lo cierto es que frente a la realidad de nuestro deporte la sola clasificación a un evento de este tipo es muestra del profesionalismo y dedicación de los deportistas. Sabemos de sobra que en Chile los apoyos son escasos, que las estructuras de soporte son precarias y que los buenos resultados obedecen en gran medida a esfuerzos personales. Ahora, si consideramos únicamente los deportes invernales, esa realidad se vuelve más dramática todavía. ¿Qué hay detrás de este desprecio y abandono? Parece que tras los malos resultados se esconde un problema mayor.
Vivimos en un país donde tres de cada cuatro habitantes no practica ninguna actividad física o deportiva y donde uno de cada tres niños tiene sobrepeso antes de los cinco años. Estamos hablando de un problema de orden público, a lo que hay que sumarle que durante tres años consecutivos el Simce de Educación Física ha mostrado la pésima condición física de nuestros escolares, donde sólo el ocho por ciento logró un nivel satisfactorio. La tendencia al sedentarismo será irreversible si no modificamos nuestros hábitos y políticas deportivas. Tenemos una sociedad estática y eso está contribuyendo en gran medida a los problemas de salud física y mental de los chilenos.
Hay que cambiar el rumbo. Limpiar las instituciones y ponerlas al servicio de la gente. Valorizar y desarrollar el deporte escolar. Crear programas atractivos que incentiven la practica deportiva y la captación de talento. Apoyar con igual convicción y recursos todos los niveles deportivos, amateur, profesional o de alto rendimiento. La idea es que el deporte esté plenamente integrado en la vida de las personas. Que el Estado garantice a cada habitante el derecho a la práctica deportiva. Por supuesto que la inversión debe ser paralela, con cientos de clubes, estadios y espacios deportivos construidos. Que nadie se condecore ni arroje flores por cumplir lo que manda la ley. Solo así el deporte podría integrarse dentro de un modelo público de bienestar que fortalezca la seguridad social, los servicios de salud y la educación a nivel nacional.
La ley del deporte (Ley Nº 19.712) reconoce que es deber del Estado crear las condiciones necesarias para permitir el ejercicio, fomento, protección y desarrollo de las actividades físicas y deportivas. Sin embargo, del presupuesto público se destinan anualmente 5.400 millones de dólares para defensa y armas y sólo 143 millones para todo el deporte nacional. Esta cifra contrasta también con lo invertido por otros países de la región. Por ejemplo, Venezuela destina mil millones de dólares para el mismo fin. Queda clara cual ha sido la elección de nuestras autoridades y cual ha sido el resultado. A la luz de las cifras, en esta materia, el Estado ha descuidado sus deberes.
Por estos días hemos tenido la suerte de mirar, por medio del televisor, las olimpiadas que se realizan en la ciudad de Sochi en Rusia y deleitarnos con la calidad y armonía de los deportes de invierno.
Las olimpiadas agrupan a los mejores deportistas del mundo en las diferentes especialidades. Son, por ello, un espectáculo ejemplar de disciplina, dedicación y perfeccionamiento técnico del cuerpo en una tarea específica.
Por otra parte, reflejan también los esfuerzos e inversiones que realizan los países en el desarrollo de todo el espectro deportivo. En ese sentido, son una oportunidad ideal para comparar métodos, proyectos y medir resultados.
Pese a que somos un país de montañas (cerca del 80 por ciento de nuestro territorio está compuesto de ellas) y que tenemos un invierno suficientemente frío con condiciones favorables para la practica deportiva invernal, no tenemos la estructura institucional ni la infraestructura necesaria para masificar la practica deportiva de estas disciplinas. Por ello, no sorprende que sólo seis deportistas nacionales participaran en la competencia: Dominique Ohaco y Stephanie Joffroy, en esquí estilo libre; Noelle Barahona, Eugenio Claro y Henrik von Appen, en esquí alpino; y Jonathan Fernández, en la especialidad de cross country.
Aunque para muchos la no obtención de medallas es suficiente para desatar las críticas y los calificativos de fracaso, lo cierto es que frente a la realidad de nuestro deporte la sola clasificación a un evento de este tipo es muestra del profesionalismo y dedicación de los deportistas. Sabemos de sobra que en Chile los apoyos son escasos, que las estructuras de soporte son precarias y que los buenos resultados obedecen en gran medida a esfuerzos personales. Ahora, si consideramos únicamente los deportes invernales, esa realidad se vuelve más dramática todavía. ¿Qué hay detrás de este desprecio y abandono? Parece que tras los malos resultados se esconde un problema mayor.
Vivimos en un país donde tres de cada cuatro habitantes no practica ninguna actividad física o deportiva y donde uno de cada tres niños tiene sobrepeso antes de los cinco años. Estamos hablando de un problema de orden público, a lo que hay que sumarle que durante tres años consecutivos el Simce de Educación Física ha mostrado la pésima condición física de nuestros escolares, donde sólo el ocho por ciento logró un nivel satisfactorio. La tendencia al sedentarismo será irreversible si no modificamos nuestros hábitos y políticas deportivas. Tenemos una sociedad estática y eso está contribuyendo en gran medida a los problemas de salud física y mental de los chilenos.
Hay que cambiar el rumbo. Limpiar las instituciones y ponerlas al servicio de la gente. Valorizar y desarrollar el deporte escolar. Crear programas atractivos que incentiven la practica deportiva y la captación de talento. Apoyar con igual convicción y recursos todos los niveles deportivos, amateur, profesional o de alto rendimiento. La idea es que el deporte esté plenamente integrado en la vida de las personas. Que el Estado garantice a cada habitante el derecho a la práctica deportiva. Por supuesto que la inversión debe ser paralela, con cientos de clubes, estadios y espacios deportivos construidos. Que nadie se condecore ni arroje flores por cumplir lo que manda la ley. Solo así el deporte podría integrarse dentro de un modelo público de bienestar que fortalezca la seguridad social, los servicios de salud y la educación a nivel nacional.
La ley del deporte (Ley Nº 19.712) reconoce que es deber del Estado crear las condiciones necesarias para permitir el ejercicio, fomento, protección y desarrollo de las actividades físicas y deportivas. Sin embargo, del presupuesto público se destinan anualmente 5.400 millones de dólares para defensa y armas y sólo 143 millones para todo el deporte nacional. Esta cifra contrasta también con lo invertido por otros países de la región. Por ejemplo, Venezuela destina mil millones de dólares para el mismo fin. Queda clara cual ha sido la elección de nuestras autoridades y cual ha sido el resultado. A la luz de las cifras, en esta materia, el Estado ha descuidado sus deberes.
Por estos días hemos tenido la suerte de mirar, por medio del televisor, las olimpiadas que se realizan en la ciudad de Sochi en Rusia y deleitarnos con la calidad y armonía de los deportes de invierno.
Las olimpiadas agrupan a los mejores deportistas del mundo en las diferentes especialidades. Son, por ello, un espectáculo ejemplar de disciplina, dedicación y perfeccionamiento técnico del cuerpo en una tarea específica.
Por otra parte, reflejan también los esfuerzos e inversiones que realizan los países en el desarrollo de todo el espectro deportivo. En ese sentido, son una oportunidad ideal para comparar métodos, proyectos y medir resultados.
Pese a que somos un país de montañas (cerca del 80 por ciento de nuestro territorio está compuesto de ellas) y que tenemos un invierno suficientemente frío con condiciones favorables para la practica deportiva invernal, no tenemos la estructura institucional ni la infraestructura necesaria para masificar la practica deportiva de estas disciplinas. Por ello, no sorprende que sólo seis deportistas nacionales participaran en la competencia: Dominique Ohaco y Stephanie Joffroy, en esquí estilo libre; Noelle Barahona, Eugenio Claro y Henrik von Appen, en esquí alpino; y Jonathan Fernández, en la especialidad de cross country.
Aunque para muchos la no obtención de medallas es suficiente para desatar las críticas y los calificativos de fracaso, lo cierto es que frente a la realidad de nuestro deporte la sola clasificación a un evento de este tipo es muestra del profesionalismo y dedicación de los deportistas. Sabemos de sobra que en Chile los apoyos son escasos, que las estructuras de soporte son precarias y que los buenos resultados obedecen en gran medida a esfuerzos personales. Ahora, si consideramos únicamente los deportes invernales, esa realidad se vuelve más dramática todavía. ¿Qué hay detrás de este desprecio y abandono? Parece que tras los malos resultados se esconde un problema mayor.
Vivimos en un país donde tres de cada cuatro habitantes no practica ninguna actividad física o deportiva y donde uno de cada tres niños tiene sobrepeso antes de los cinco años. Estamos hablando de un problema de orden público, a lo que hay que sumarle que durante tres años consecutivos el Simce de Educación Física ha mostrado la pésima condición física de nuestros escolares, donde sólo el ocho por ciento logró un nivel satisfactorio. La tendencia al sedentarismo será irreversible si no modificamos nuestros hábitos y políticas deportivas. Tenemos una sociedad estática y eso está contribuyendo en gran medida a los problemas de salud física y mental de los chilenos.
Hay que cambiar el rumbo. Limpiar las instituciones y ponerlas al servicio de la gente. Valorizar y desarrollar el deporte escolar. Crear programas atractivos que incentiven la practica deportiva y la captación de talento. Apoyar con igual convicción y recursos todos los niveles deportivos, amateur, profesional o de alto rendimiento. La idea es que el deporte esté plenamente integrado en la vida de las personas. Que el Estado garantice a cada habitante el derecho a la práctica deportiva. Por supuesto que la inversión debe ser paralela, con cientos de clubes, estadios y espacios deportivos construidos. Que nadie se condecore ni arroje flores por cumplir lo que manda la ley. Solo así el deporte podría integrarse dentro de un modelo público de bienestar que fortalezca la seguridad social, los servicios de salud y la educación a nivel nacional.
La ley del deporte (Ley Nº 19.712) reconoce que es deber del Estado crear las condiciones necesarias para permitir el ejercicio, fomento, protección y desarrollo de las actividades físicas y deportivas. Sin embargo, del presupuesto público se destinan anualmente 5.400 millones de dólares para defensa y armas y sólo 143 millones para todo el deporte nacional. Esta cifra contrasta también con lo invertido por otros países de la región. Por ejemplo, Venezuela destina mil millones de dólares para el mismo fin. Queda clara cual ha sido la elección de nuestras autoridades y cual ha sido el resultado. A la luz de las cifras, en esta materia, el Estado ha descuidado sus deberes.
