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Año XII, 12 de julio de 2020

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Comisión Investigadora:

“Sename es responsable de vulnerar derechos de niños y jóvenes”

El informe de la comisión investigadora del funcionamiento del Servicio Nacional de Menores critica a la institución como responsable de las vejaciones a niños encargados en distintos centros. Sin embargo, desde organizaciones ciudadanas reclaman la falta de recomendaciones en materia presupuestaria, de lo que acusan a la Presidenta electa Michelle Bachelet.

Héctor Areyuna

  Miércoles 5 de marzo 2014 14:57 hrs. 





La instancia parlamentaria planteó que la responsabilidad por la vulneración de los derechos de niños y jóvenes que se encuentran en los centros del Servicio Nacional de Menores (Sename) es justamente de este organismo. El presidente de la comisión, el diputado DC René Saffirio dijo que acá se han presenciado actos aberrantes para una sociedad moderna y democrática.

“Hemos sido testigo de niños que han sido violados por funcionarios públicos, hemos sido testigos de relatos que dan cuenta de homicidios cometidos al interior de recintos administrados por el Sename”, comentó el legislador.

El documento que debe ser ratificado en la Sala de la Cámara, contiene alrededor de 200 propuestas dirigidas al Ministerio de Justicia, a la Corte Suprema y a la Secretaría General de la Presidencia. Según Saffirio la conclusión central es que la institucionalidad chilena en la materia está obsoleta.

“No se trata sólo de crear un servicio nuevo. Se trata de que el país entienda que hay una cantidad importante de niñas y niños que necesitan de un trato acorde con los requerimientos del siglo XXI. Nosotros tenemos una institucionalidad que responde a las obligaciones de los Estados del siglo XIX. Tuve la suerte de conocer el tratamiento a los menores de ese periodo, particularmente en Europa, y la verdad es que lo que tenemos aquí es prácticamente lo mismo”, explicó el diputado.

El democratacristiano agregó que se está en presencia de una gestión desastrosa desde los orígenes de la República y que esto no se mejorará con una intervención. El informe fue votado sólo por diputados de la Nueva Mayoría, ya que según el parlamentario los integrantes de la Alianza se retiraron de la sesión.

Sobre esto, el dirigente de la Fundación Sofini, el psiquiatra Rodrigo Paz, dijo que la comisión sesionó a medias y que se tomaron seis meses para dar con una conclusión que ya se conocía.

El profesional, conocido por su trabajo con niños, niñas y adolescentes en riesgo social, lamentó que no se haya tratado el principal punto que han reclamado desde la Fundación, que es la falta de financiamiento para el correcto funcionamiento del Servicio.

“Lo obvio para poder realizar todas esas otras intervenciones que no realiza el Sename en Salud, Educación, desarrollo social, en equipos multiprofesionales que trabajen con niños pequeños, se necesitan 200 millones de dólares al año para aumentar la subvención que recibe cada uno de esos niños. Que esta comisión concluya su trabajo sin decir algo que al menos se acerque a esto es simplemente una vergüenza”, denunció Paz.

El mismo agregó que esto se decidió en el comando político de la presidenta electa Michelle Bachelet: “Seguirán muriendo niños porque no existe personal suficiente para cuidarlos, no hay tratamiento psiquiátrico y psicológico, tampoco médicos disponibles, porque hay niños que se quedan ahí instalados sin profesionales que trabajen. Y para que existan esos dispositivos se requieren recursos. El problema y la gran ruptura que tuvimos con los diputados de la comisión investigadora se produce cuando la Presidenta pediatra, Michelle Bachelet, toma la decisión política de no inyectar recursos frescos para rescatar a los niños del Sename. Esa es la triste verdad”, manifestó el psiquiatra.

Según el presidente de la Fundación Sofini, a medida que se desarrollaba la campaña de Michelle Bachelet, la comisión “farandulizó” el trabajo de esta misma, desviando el foco.

Éste sería, según Paz, una intervención en el Sename para finalizar su dependencia del Ministerio de Justicia y asegurar la participación de Salud, Educación, Desarrollo Social y el Instituto Nacional de la Juventud, además de los ya mencionados 200 millones de dólares anuales para contar con los recursos operacionales suficientes.