Los derechos sociales ejercidos hoy en día son conquistas históricas, muchas de las cuales han sido fruto de luchas sostenidas en condiciones adversas por miles de hombres y mujeres tenaces, algunos recordados y otros anónimos.
El movimiento de trabajadores es un gran ejemplo de estas luchas. Originariamente perseguido, supo construir su poder primero por fuera de toda legalidad, para exigir mejores condiciones de vida y de trabajo y también para obtener reconocimiento de su organización. Las leyes laborales de descanso, de contrato, de seguro obrero, fueron alcanzadas luego de años de presiones de las organizaciones sindicales libres, luego de huelgas, concentraciones, mitines y también presión directa a los políticos.
Pero junto con esos logros y reconocimientos, a lo largo de la historia de Chile ha habido varios momentos de represión y de ilegalidad para estos luchadores: con Alessandri (en las décadas de 1920 y 1930), con Ibañez (a fines de la década de 1920 y luego a comienzos de 1950), con González Videla (con su Ley Maldita, a fines de la década de 1940) y con Pinochet (entre mediados de 1970 y 1990). Esto se explica dado que una parte importante del movimiento abrazaba ideas revolucionarias, con lo cual significaba una amenaza para las autoridades, sobre todo porque podía movilizar y canalizar los intereses de los trabajadores de manera amplia, es decir, tener representatividad.
El modelo de relaciones laborales que se fue formando tuvo como actor principal al Estado, teniendo un mayor desarrollo en períodos de gobernantes que buscaban alianza con la clase trabajadora, pero también dependiendo de la fuerza propia que iban alcanzando ciertos sectores. El Código del Trabajo de 1931 había definido la existencia de Comisiones Mixtas para fijar salarios mínimos por industria, lo cual comenzó a tener efectos recién a mediados de la década de 1930, aún así se conocen pocos casos. Por su parte, los trabajadores gráficos lograron en 1949 fijar un tarifado que imponía una remuneración y ciertos beneficios comunes en dichas empresas. En 1955 fueron los trabajadores del cuero y el calzado, y sólo en 1969 se establece la ley que crea comisiones tripartitas para fijar remuneraciones y condiciones de trabajo por ramas de la producción. En los setenta, cerca del 30% de los asalariados se encontraba cubierto por un instrumento colectivo de trabajo, ya sea de empresa o de rama (Para mayores detalles revisar La acción reivindicativa sindical en Chile de Oscar Mac Clure, 1989).
Sin embargo, la dictadura viene a romper con este desarrollo, apuntando a las organizaciones sindicales y sus mecanismos de acción: la negociación colectiva y la huelga.
El modelo laboral que se impone desde ese momento, abiertamente flexibilizador en las relaciones individuales de trabajo y marcadamente restrictivo en cuanto a los derechos colectivos, es funcional a una forma de pensar la economía librada a las fuerzas del mercado. Entendiendo las relaciones laborales como el espacio donde se debate sobre el poder en el mundo del trabajo, a los trabajadores les fueron conculcadas todas las armas (que no eran demasiadas, para no idealizar tampoco la época pasada) que habían sido conquistadas años anteriores.
Un sindicato atomizado y acotado a la empresa fue más fácilmente despotenciado en un contexto en que se sucedieron grandes transformaciones en la economía. Cambió el tamaño de las empresas y muchas grandes fueron privatizadas, se promovieron nuevas formas de contratación y se generalizó la práctica de Subcontratación, incluso en el giro principal. Además, nuevos grupos, como jóvenes y mujeres, se incorporaron a la fuerza laboral, sin tradición de organización.
De esta forma, un sindicato potente, que se plantea una representatividad amplia de los trabajadores de una empresa o sector ya no existe en nuestro imaginario. Pero los desafíos del mundo del trabajo, la arbitrariedad como pan de cada día, la precarización de las condiciones y la desigualdad, hacen necesario que cumpla un rol distinto. En tiempos en que hay consenso en denunciar estos problemas sociales, pocos observan el rol crucial que le cabe a la distribución de poder en el mundo del trabajo.
Actualmente vivimos en un ciclo represivo en materia sindical. Obviamente no es equiparable a momentos de dictadura, en el que la actividad sindical estaba prohibida y sus militantes eran asesinados o relegados, pero sí se sigue bajo las mismas normas que niega al sindicato su capacidad de ser y actuar. Este es un ciclo largo que comenzó en dictadura pero que luego se estabilizó durante los gobiernos de la Concertación.
A pesar de esto, vemos a muchos tenaces que siguen luchando por mejorar las condiciones de trabajo en las empresas, las cuales, acostumbradas a tener la sartén por el mango, mantienen una posición implacable para no ceder en las negociaciones. Los trabajadores deben usar las herramientas más extremas que tienen a su disposición: la huelga de hambre, la toma de la ribera del Mapocho, 30 ó 40 días de huelga.
Otros movimientos como los Subcontratistas de la Minería o los Portuarios, con la fuerza de sus organizaciones, han logrado instalar procesos de negociación que coordinan demandas y hacen firmar a grandes empresas y autoridades. Las conquistas que han alcanzado para sus sectores han sido más allá de toda ley y siempre con la amenaza de ser desconocidas por el empleador.
El rol del sindicato, con plenas facultades de acción, es un tópico que falta en los debates. Su función de representatividad, es decir, que a través de ciertos mecanismos pretende hacer llegar los frutos de su acción colectiva más allá de sus meros afiliados y dar voz a los trabajadores en general, es algo desconocido hoy en día. Pero no es ajeno para la historia del país ni para otros modelos sindicales de países admirados por su desarrollo.
Si bien los políticos en general no han asumido el debate, la práctica de muchas organizaciones, día a día, pone en cuestión nuestra normativa del trabajo y exige estos derechos colectivos. Estos son fundamentales porque sirven para luchar y conquistar nuevos derechos, y en definitiva para conquistar mejores condiciones de trabajo y de vida.
* Investigadora de Fundación SOL