No es necesario ser experto en la materia para reconocer que la comunicación juega un rol fundamental ante un accidente o un desastre natural. En las tres etapas temporales que rodean a un evento trágico, esto es antes, durante y después, la comunicación constituye un recurso vital para prevenir pérdidas humanas, lesiones y enfermedades. Dado que las respuestas efectivas ante situaciones de emergencia dependen del conocimiento, la capacidad de evaluar los riesgos y la información de calidad que dispongan las personas es imprescindible contar con sistemas capaces de distribuir conocimiento a toda la población de manera oportuna y expedita.

Lamentablemente, desastres como el incendio que afectó Valparaíso sumado a la experiencia del terremoto que sacudió la zona centro sur del país el 2010 nos recuerdan la distancia que hay entre la capacidad de producir información y la capacidad de distribuirla. Académicos de distintas instituciones ya habían advertido la ocurrencia de ambos eventos. El profesor de la Universidad de Chile Miguel Castillo en una entrevista al Mercurio de Valparaíso el 2013 advertía del peligro de incendio en Valparaíso. En aquel entonces el especialista sugería que se destinaran recursos en campañas preventivas de contacto cara a cara con las comunidades de alto riesgo, así como también cambiar las políticas del uso del suelo que permiten construir en áreas peligrosas.

En términos de manejo de información, una situación similar ocurrió para el terremoto del 2010. Dos años antes, sismólogos nacionales e internacionales advertían del gap sísmico localizado en la ciudad de Concepción que podría ocasionar un terremoto sobre 8 grados en la escala de Richter. Cabe preguntarse entonces, si Chile cuenta con científicos y académicos de alto nivel que monitorean los peligros que podrían afectar al país y las autoridades están al tanto de estos informes, ¿por qué las comunidades del sur de Chile y de los cerros de Valparaíso tenían un bajo nivel de conocimiento de los riesgos que los afectaban? En este punto, no nos referimos al porqué los cerros de Valparaíso están poblados en zonas de alto riegos, porque tal como dijo una pobladora e incluso el Ministro Elizalde el incendio mostró la desigualdad del país, sino a porqué las familias afectadas no conocían las vías de evacuación ni las zonas de seguridad en caso de incendio, terremoto o tsunami. Como resultado de la ausencia de información y conocimiento preventivo, el número de muertos en el desastre de Valparaíso fue mayor al de un desastre natural que no se puede predecir como el terremoto que afectó la zona norte de Chile.

En el ámbito laboral es posible apreciar un panorama muy similar en relación a las falencias en la distribución de la información. El derrumbe de la mina San José ocurrido el 2010 que dejó atrapados a 33 mineros pudo haber sido evitado si la información técnica sobre las graves fallas de la mina hubiera sido dada a conocer por la Asociación Chilena de Seguridad.

La explicación a esta inexcusable negligencia se encuentra en el informe de la Comisión Asesora Presidencial para la Seguridad en el Trabajo, que revela que no existe una obligación o norma expresa para que las Mutuales informen a los organismos fiscalizadores en caso de riesgo inminente para la salud o la vida de los trabajadores. Por tanto, la distribución de la información que para algunos puede significar la vida o la muerte está sujeta a la discrecionalidad de las Mutuales. Quizás la raíz del problema no se deba sólo a la ausencia de una norma que obligue a comunicar, sino más bien como aparece en el informe de la Comisión a que las Mutuales no tienen independencia al momento de formular recomendaciones rigurosas ni monitorear su seguimiento, ya que en caso de emitir informes desfavorables incurren en el riesgo de perder a las empresas como clientes.

Esta situación sugiere que la información sobre los riesgos y las condiciones del trabajo se encuentran determinadas en última instancia por las condiciones comerciales y por el régimen de mercado que regula la salud y la seguridad laboral. Quizás esta dependencia comercial también pueda explicar por qué la Asociación Chilena de Seguridad suspendiera el 2011 su campaña preventiva contra el uso de zapatos de taco luego que el gremio que agrupa a las empresas de cuero y calzado enviara una carta de reclamo acusando un detrimento de la imagen comercial de su sector.

En este caso, al parecer resultó más importante asegurar que la industria del calzado mantuviera sus ventas y proteger así la relación comercial con estas empresas que cumplir con su mandato y su rol preventivo de alertar a la población femenina sobre los riesgos asociados a este tipo de calzados como esguinces de tobillo o contusiones de rodilla. Desafortunadamente, este tipo de prácticas impide que la información sobre los riesgos laborales y la forma de prevenirlos se distribuya efectivamente para que las personas adopten las medidas adecuadas para proteger su salud y su vida.

Luego de analizar los ejemplos de los últimos desastres naturales y los accidentes laborales ocurridos en el país, es que nos permitimos cuestionar el modelo que impera en la comunicación para enfrentar emergencias y riesgos laborales. En Chile, el proceso de comunicación para administrar los riesgos y las emergencias se caracteriza por estar altamente centralizado en las autoridades. Tanto en el ámbito privado como el público domina un paradigma de flujo descendente, modelo comunicacional que concibe el conocimiento y la información como objetos a distribuir unidireccionalmente por las autoridades. Bajo este paradigma las personas permanecen pasivas, dependientes de la autoridad y disciplinados a las instrucciones e información que desciende desde los canales formales y la línea de mando. La presunción fundamental de este modelo es que existe una concordancia de intereses y prioridades entre las autoridades y las personas. Supone que la salud y la seguridad constituyen una prioridad tanto para las autoridades como para las personas. Sin embargo, el incendio que afectó Valparaíso y el derrumbe de la mina San José demuestran que la distribución de información sobre riesgos y emergencias no es prioridad para algunas autoridades.

Ante este escenario, creemos que la información sobre riesgos y emergencias no debe estar centralizada en las autoridades públicas ni privadas, sino por el contrario, diseminadas ampliamente por toda la población. Dado que las respuestas efectivas ante situaciones de emergencia dependen de la capacidad de evaluar los riesgos y la información de calidad que se disponga, es necesario avanzar hacia una desconcentración de la información y el conocimiento sobre riesgos laborales y desastres naturales. Este vital conocimiento tiene que estar libre de los intereses políticos, económicos y corporativos de las autoridades, ya que es mediante esta información que las personas pueden interpretar correctamente los riesgos de su entorno y responder de forma adecuada para proteger su vida. Sostenemos que urge la necesidad por desarrollar modelos comunicacionales que descentralicen la información y el conocimiento para asegurar la salud, la seguridad y la vida de las personas. Pues en última instancia, una sociedad saludable y segura depende de una población mejor educada y mejor informada.

Rodrigo Finkelstein O.
Magíster Investigación en Comunicación de Masas University of Colorado.

Sofía Vargas P.
Periodista Universidad de Chile. Estudiante Magíster en Comunicación Simon Fraser University.