Hasta el momento han ingresado ocho denuncias, a través de un correo electrónico dispuesto por el Servicio Nacional de Menores (Sename) , sobre casos de adopciones irregulares que se le atribuyen al sacerdote Joannon, que ya están en manos del Fiscal Nacional  y ante el cual, la Corte Suprema también deberá pronunciarse.

El abogado Cristián Letelier manifestó su preocupación por la calificación del delito de “secuestro permanente”, diciendo que le parece peligroso  que pueda afectar a los casos de derechos humanos.

“Eso es una teoría muy grave, porque ocurre que con muy buenas razones los abogados de los militares que están procesados por delitos de secuestro permanente  ante el ministro en visita, podrían aducir, podrían  argumentar que estos ministros son incompetentes y que corresponde al Ministerio Público conocer de esos delitos, atendido que comenzó a conocer  adopciones irregulares sobre secuestro permanente, esa es la tesis que creo que es muy equivocada y muy peligrosa”, precisó Letelier.

Para el abogado, lo importante es la investigación de los hechos y los implicados, dejando para después la discusión en torno a si se los delitos prescriben o no, citando a modo de ejemplo el conocido caso “Karadima”.

Alberto Espinoza, abogado defensor de casos de derechos humanos y académico de la Universidad de Humanismo Cristiano, desestimó las aprehensiones del abogado Letelier, explicando que la connotación de ambos delitos, no guardan ninguna relación, porque en el caso de los detenidos desaparecidos, el delito se mantiene vigente, porque sus cuerpos nunca aparecieron.

Espinoza señaló que a su parecer, no tiene ninguna implicancia en los delitos cometidos durante la época de  la dictadura militar, aclarando que “la naturaleza de permanente del delito se desarrolló para impedir que se aplicara la prescripción como un modo de extinguir la responsabilidad penal, ese el  punto de la calificación del delito de secuestro como permanente”.

La representante de la Red de ONGs de Infancia y Juventud – Chile,  Nury Gajardo puso el acento en la desprotección en la que se encuentra la infancia, esperando que no solo se reaccione frente a problemas coyunturales, sino que se pueda debatir y trabajar una normativa que responda a las recomendaciones que se han hecho respecto a garantizar la protección de la infancia.

Nury Gajardo recalcó que “yo creo que hay un tema que no debería prescribir lo que tiene que ver con los casos de estos niños o recién nacidos. Nosotros pensamos que debe haber reparación y justicia, porque es lo mismo que ha ocurrido en situaciones de casos que han sido separados por situaciones  de derechos humanos, entonces nos parece en realidad terrible la situación”.

Por su parte la  Congregación de los Sagrados Corazones, a la que pertenece el sacerdote Joannon, entregó un comunicado por escrito donde informan que el caso está siendo investigado por un religioso, experto en derecho canónico y que para no interferir con este caso, no se van a pronunciar por “otros temas replicados por los medios de comunicación”.