Señor Director:

El desafuero solicitado por la Corte de Apelaciones de Valdivia en contra del diputado y ex capitán de ejercito Rosauro Martínez, militante de Renovación Nacional, es un dictamen judicial que debiera mantenerse en firme por la Corte Suprema. En un paso necesario del poder judicial, para terminar con la impunidad que protege a militares y civiles comprometidos con torturas y crímenes de lesa humanidad.

Los argumentos a los que recurre este ex militar ( reconocido agente de la DINA ) en su defensa, son los mismos que otros altos oficiales han utilizado antes, ellos se escudan en haber librado a Chile del marxismo, de haber evitado con su intervención la guerra civil y haber combatido al terrorismo. Argumentos falsos, primero porque quienes inventaron y le declararon la guerra unilateral al pueblo de chile en 1973 fue la cúpula militar, en segundo lugar porque esta es una guerra que nunca existió.

Por el contrario la guerra liberadora del marxismo fue la utilización de las FFAA por la derecha chilena y por quienes representaron en ese entonces al gran empresariado que se sintió afectado por las políticas nacionalistas y sociales del gobierno de Salvador Allende. A través de la declaración de guerra, los Oficiales superiores y subalternos comprometidos con la conspiración política en contra de Allende, utilizaron la verticalidad del mando para encubrir las acciones criminales que ejecutaron a nombre del ejército.

Por eso es un argumento cobarde, porque la casi totalidad de las victimas de los 17 años de terrorismo de Estado no murieron en enfrentamientos, tal cual lo demuestra, entre otros, el informe Retigg, estos fueron torturadas y ejecutadas para luego simular enfrentamientos con las fuerzas paramilitares ( CNI o luego la DINA ) o con el ejército directamente. El enfrentamiento fue la táctica empleada frecuentemente para ocultar la detención arbitraria, los juicios sumarios, la desaparición de personas o como fue, en el caso que compromete al ex Capitán de la DINA Rosauro Martínez, del asesinato de los tres militantes del MIR en Neltume en 1981.

Un crimen denunciado por la versión de testigos presenciales, los conscriptos que actuaron bajo sus órdenes en el operativo militar denominado machete. El que se realizó para eliminar a combatientes que el ejército sabía que estaban heridos, sin armamento o con pistolas, desnutridos e incapacitados físicamente.

Por todo esto, como ex militares que nos opusimos al golpe de Estado en 1973 y avalados por la superioridad moral, respecto de estos asesinos con uniforme, de habernos negado a participar en acciones cobardes como las que ellos ejecutaron, no aceptamos la Impunidad. Utilizada como un manto jurídico que favorece a unos centenares de militares y (civiles), identificados como torturadores y autores de crímenes de lesa humanidad.

La impunidad no solo se refiere a la tardanza de hacer justicia sino que a la falta de castigo, de investigación y de justicia, lo que deja abierta la posibilidad de repetir estos crímenes y torturar, sin estar sujeto a pena alguna, o a la justificación de estos crímenes. De la misma manera rechazamos el perdón y el olvido, porque este hace perder la memoria y el compromiso con el pasado de nuestro país,

Creemos que llegó el momento de hacer prevalecer, en leyes y en acciones concretas, que la justicia es un derecho humano y por lo tanto es una cuestión de Estado. Una exigencia permanente, que traspasa los intereses políticos y la gestión de los gobiernos, planteando que estos – los gobiernos democráticos – deben asumir la promoción y defensa de los derechos humanos y apoyarlos sin restricciones.

No hay dudas de que la Comisión Retigg y la Comisión Valech en su momento, fueron importantes para conocer la verdad de los crímenes cometidos por la dictadura, contribuyeron al desarrollo de una conciencia nacional de los derechos humanos. Pero no fue suficiente, lo demuestra el hecho que aún persiste la impunidad para con los criminales que fungieron como agentes del Estado, protección que alcanza a los que idearon todos estos abusos y las aberraciones cometidas en contra de las personas.

Como ex militares rechazamos la obediencia debida, argumento despreciable que han utilizado personajes como los ex Generales Fernando Mathei y Juan Emilio Cheyre para ocultar sus responsabilidades penales. Desde el juicio de Nüremberg ( realizado entre el 20 de noviembre de 1945 y el 1 de octubre de 1946 ) que juzgó a los principales jefes militares y criminales nazis, quedó establecida la responsabilidad personal de los individuos en las acciones que llevaron a cabo.

A la luz de normas internacionales de derechos humanos no aceptamos el argumento de que el fin justifica los medios, tanto el fin como los medios tienen que ser justos y deben estar en armonía con las normas de derechos humanos. No hay por tanto justificación posible para los crímenes cometidos por civiles y militares que deshonraron a su país y a sus FFAA.

Por todo lo anterior es necesario y urgente:

• Exigir que se juzgue y castigue a los militares como es el caso de Rosauro Martínez, comprometidos son crímenes de lesa humanidad.
• Exigir a las FFAA que entreguen la información que permita, a los familiares de detenidos desaparecidos, conocer el paradero de los restos de sus seres queridos.
• El fin de la ley de amnistía y de la impunidad, que son los enclaves autoritarios y los poderes facticos que distorsionan y limitan el régimen democrático y la gobernabilidad.
• Degradar a los militares involucrados en crímenes de lesa humanidad, implica el cierre de una época y la apertura de una nueva, basada en el derecho humanitario internacional y en la plena vigencia de los principios universales de los derechos humanos aportando al desarrollo del derecho.
• Fin al estado de guerra inventada para justificar la refundación del país y por lo tanto, del exterminio del enemigo interno: los opositores a la dictadura, los partidos de la izquierda y sus dirigentes.

Con estas medidas concretas se aporta al desarrollo de una cultura universal de los derechos humanos y a la construcción de mecanismos nacionales que apunten al cumplimiento de las convenciones internacionales de las cuales Chile forma parte. Por otra parte se asegura que los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, tanto los oficiales, suboficiales y conscriptos, conozcan y se eduquen en el respeto a las normas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

Medidas que serán completas si estas aportan a borrar las cicatrices de la dictadura cívico militar en nuestro país, sin perdón ni olvido, reconociendo en la generación que luchó en contra del terrorismo de Estado el espíritu heroico, reflejado en la vida que cientos de jóvenes entregaron generosamente por la libertad de Chile y que hoy nos permite vivir en democracia.
Enrique Villanueva M.
Vicepresidente CEEFA-73
Exonerados Fuerza Aérea 1973