Señor Director:

Debo decir en primer lugar que me agradó mucho la Reforma Educacional, al menos, en lo sustancial, y me parece que responde de forma contundente a las demandas emanadas desde los movimientos sociales.

Los anuncios realizados, en su conjunto, marcan un antes y un después para nuestro sistema educacional. Si bien aún no está disponible el proyecto de ley, por medio de las declaraciones de las autoridades y las numerosas filtraciones de prensa es posible formarse una idea general.

Analizando de atrás hacia adelante el contenido de las reforma tenemos;
iv) Estatuto especial para liceos “emblemáticos”:

Partiendo de la base de que en toda negociación justa ambas partes deben ceder, la solución planteada desde el Ministerio es en parte razonable, puesto que por un lado permite la subsistencia de estos proyectos académicos de “especial singularidad”, y por el otro lado se amolda al esquema general propuesto para la educación pública entendida como un todo. Retomaré este punto.

iii) Fin a la selección y su reemplazo por un sistema de asignaciones:
Me parece una buena solución al problema de la segregación. Una solución sui generis, como es tan propio del folclore jurídico chileno.

Debido a que en nuestro país existe una brutal segregación geosocioeconómica, asignar colegios por lugar de residencia hubiese sido un error garrafal, puesto que lo que se busca es generar un sistema educacional inclusivo e integral, en donde la escuela pública sea un lugar de encuentro de clases, ideas, religiones, estilos de vida, etc.

En ese sentido, al crear un sistema central de asignación de colegios, en donde las familias postulen a sus hijos indicando sus prioridades y el Estado asigne el colegio de acuerdo a ciertos criterios, se logra un sistema más inclusivo que el que existe actualmente, y no segregado por clases sociales. Es decir, se rompe con la lógica de estamentos feudales que existe en la actualidad, y de paso se conserva la libertad de los padres para optar por proyectos educativos para sus hijos.

ii) Fin al financiamiento compartido:
Si bien en principio me desagrada la idea de que el Estado financie proyectos particulares, es propio del diálogo y la negociación el que se conserve el sistema de provisión de la educación en forma mixta. A futuro debe trabajarse en reducir la cantidad de colegios privados auxiliares del rol del Estado, pero ello implicaría cambios constitucionales.

i) Fin al lucro de parte de los sostenedores:
No ahondaré mucho sobre este punto. Me parece lógico, coherente y sensato que los recursos de todos los chilenos se inviertan en la educación de todos los chilenos, y no que vayan a parar a los bolsillos de privados. Si un privado quiere tener un colegio público y colaborar con el rol educacional del Estado (bajo el actual esquema constitucional) bien; pero que no pretenda lucrar con plata de todos.

Queda para el segundo semestre el fin de la municipalización y el diseño de un servicio nacional de educación que administre en base a principios de igualdad material y formal la red de establecimientos públicos, escuelas, liceos y liceos técnicos, a lo largo del territorio nacional. A mi juicio la reforma más importante en materia de educación secundaria y primaria.

En síntesis, se delinea por medio de los proyectos de ley referidos el modelo educativo chileno. Educación pública provista en forma mixta por el Estado y por fundaciones privadas sin fines de lucro (al menos hasta que se reforme la constitución); se promueve un sistema menos segregado al hacer gratuita toda la educación no particular pagada, y al asignar establecimientos por medio de planificación racional, y al mismo tiempo se cautela la libertad de los padres de optar por proyectos educativos diversos, por medio de las prioridades indicadas al momento de postular. Finalmente, se mantienen los establecimientos de especial singularidad, al permitírseles seleccionar a los alumnos más meritorios (20% con mejores calificaciones), debido a lo cual a groso modo no se modifica el tipo de estudiantes que ingresa a estos establecimientos.

Finalmente, me queda señalar tres temas puntuales:

– Me parece que en la fase de discusión parlamentaria los rectores, e integrantes de las comunidades educativas de los referidos liceos singulares deben deliberar y hacer saber sus posiciones a los legisladores y al Gobierno, fundamentalmente a fin de conseguir que se instituya nuevamente un estatuto especial que resguarde el sentido por el que fueron creadas dichas instituciones, cual es ser establecimientos de vanguardia, de gran innovación pedagógica y capaces de generar y no solo memorizar conocimiento. Muchos países reconocen las virtudes que otorgan estos establecimientos singulares y les otorgan estatutos especiales de protección. Casos hay de sobra, y en países tan diversos como Argentina, Cuba, Francia, y Alemania.

– Con respecto a los establecimientos particulares pagados, que no son “tocados” por la reforma educacional, y que a todas luces segregan en forma brutal por razones económicas, religiosas y otras consideraciones, me parece que aún no es tiempo de abordar ese problema. La única vez que se quiso intervenir en forma contundente en la educación de las élites (las verdaderas élites políticas y económicas de nuestro país) fue en 1971 con la Escuela Nacional Unificada (ENU), y la reacción de parte de la Iglesia, como de los “poderosos de siempre” fue en extremo violenta, tanto así que el propio gobierno de la Unidad Popular decidió abortar el proyecto.

– Me parece que la actitud de los dirigentes de la ACES y del sector más radicalizado de la Confech es de un infantilismo absurdo, máxime cuando aún no se ha estudiado el proyecto de reforma que se ingresa mañana a la Cámara, y tampoco se ha realizado el proceso de diálogo y deliberación que comienza en esta fase, y que por tanto resulta absurdo golpear la mesa y “rechazar” de plano la reforma educacional, sin conocerla, sin haberla discutido y debatido, y sin haber dialogado con el Gobierno.

Me parece nefasto para el movimiento estudiantil que los dirigentes de la ACES (que ni siquiera son electos en forma democrática) y de la facción más extrema de la Confech rechacen la reforma que incluye avances importantes, negando a todos los estudiantes la posibilidad de debatir con el gobierno e incidir en las leyes que finalmente serán aprobadas. Si cerramos las puertas al diálogo, y radicalizamos el movimiento, simplemente perderemos una oportunidad histórica de incidir en esta revolución educativa que empieza a gestarse.

Y los efectos de la soberbia de Melissa Sepúlveda, Takuri Tapia y los dirigentes de la ACES ya se hacen ver, con el inminente quiebre de la Confech.

Se necesita unidad para afrontar esta etapa de deliberación, discusión, y poder ser capaces de instalar como movimiento estudiantil más contenidos en la reforma educacional.

Simón González Barrios
Estudiante de Derecho
Universidad de Chile