Las 350 mil personas que viven con discapacidad mental en nuestro país están expuestas al abandono por parte del Estado, que no les da los apoyos necesarios,  y a la discriminación de toda nuestra sociedad, que no les permite acceso adecuado a educación, trabajo, atención de salud, vivienda y convivencia social, tal como se demostró en la muerte por calcinación de 9 personas con esta condición en el incendio de la casa de reposo de Paillaco hace un mes. ¿Cómo es posible que esta casa funcionara con personas bajo llave durante 28 años, sin autorización ni supervisión de la autoridad sanitaria, si durante ese mismo período un hospital público le proporcionaba la atención psiquiátrica y los medicamentos?

Esto se relaciona sin duda con el hecho de que Chile, a pesar de haber ratificado la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en el año 2008, a través de su Congreso y su presidenta, aún mantenga viejas leyes y promulgue nuevas que se contraponen con dicho tratado internacional. Es así como la Ley 18.600 del año 1987, que “Establece Normas sobre los Deficientes Mentales”, permite un proceso abreviado de privación de capacidad jurídica de las personas con discapacidad mental sin debido proceso, además de permitir la contratación de ellas en empleos con una remuneración inferior al sueldo mínimo, en franca contradicción con los derechos garantizados en la Convención de la ONU. A su vez la Ley 20.584 del año 2012, que “Regula los Derechos y Deberes que Tienen las Personas en Relación con Acciones Vinculadas a su Atención en Salud”, no contempla la creación de una autoridad independiente del sector salud que autorice y supervise la privación de libertad que implican las hospitalizaciones involuntarias, organismo imprescindible de acuerdo a la OMS para que se garantice el derecho a la libertad de las personas con discapacidad que establece la Convención de la ONU.

El abandono y discriminación de las personas con discapacidad mental se relaciona también con la insuficiente voluntad que han mostrado nuestras autoridades nacionales para implementar políticas lo suficientemente robustas como para cambiar las actuales circunstancias. Prueba de ello es la disminución de la proporción que se destina a salud mental en el presupuesto de salud del sistema público (desde 3,10% en el año 2008 a 2,16% en el 2012), el bajo nivel de acceso y de calidad de atención en los servicios de salud mental, el bajo porcentaje de estudiantes con discapacidad mental integrados en escuelas normales (solamente el 9,4% asiste a las escuelas normales y el 90,6% siguen excluidos en escuelas especiales), la inexistencia de disposiciones que obliguen y/o incentiven a empresas a contratar a personas con discapacidad mental, y el bajo nivel de participación social y política que estas personas tienen en nuestro país. Estos y una serie de otros indicadores han sido documentados en un reciente informe del Observatorio de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad Mental (www.observatoriodiscapacidadmental.cl).

Chile está en deuda con  las personas con discapacidad mental y también está en deuda con el tratado internacional que comprometió el 2008 frente a la ONU. Es urgente que nuestro país desarrolle iniciativas para promover, proteger y respetar los derechos de estas personas, no sólo proporcionando servicios específicos, sino que también adoptando las medidas para cambiar actitudes y comportamientos que las estigmatizan y marginan. Para este efecto, se requieren transformaciones en las políticas, leyes y normativas junto con acciones orientadas a promover el reconocimiento y ejercicio de derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales de las personas con discapacidad mental, en el marco del Estado y la sociedad civil, considerando que los cambios en el campo jurídico deben inscribirse a su vez en la construcción social de una “cultura de derechos” cuyo centro debe ser la inclusión social de las personas con discapacidad mental.

La mayoría de las modificaciones de la legislación que se requieren para que Chile cumpla con su compromiso con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de garantizar en plenitud los derechos de las personas con discapacidad mental podrían incluirse en una Ley de Salud Mental, tal como las que han promulgado varios países latinoamericanos.

María Isabel Robles, Mauricio Gómez, Alberto Minoletti.
Observatorio de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad Mental