Es claro que para la Nueva Mayoría las reformas en Salud no constituyen una prioridad. Independiente que todos los anuncios mencionados en el discurso del 21 de mayo ya se encontraban en el programa, lo verdaderamente preocupante es que no existe una política orientada a cambiar la lógica del modelo de salud chileno y el sistema que lo sustenta.

Del mensaje presidencial se desprende que la Nueva Mayoría continuará aumentando en forma progresiva el gasto público en Salud, inyectando una cantidad importante de esos recursos en infraestructura.

Si bien esto intenta dar respuesta a uno de los déficit del actual subsistema público y a la vez, resulta positivo que en este punto el gobierno abandone el sistema de concesiones como mecanismo de financiamiento (política inaugurada en el primer gobierno de Bachelet), no hay claridad con respecto a las modalidades de financiamiento prioritarias a la hora de adquirir equipamiento para los nuevos recintos (entre las propuestas está realizar leasing financiero, mediante la intermediación de un organismo que compra los equipos, los arrienda al recinto por una cantidad determinada de años y luego puede vendérselos), ni tampoco se mencionan reformas orientadas a modificar la política global de financiamiento del sistema, con medidas que apunten a resolver entre otras cosas, tanto la actual deuda hospitalaria de los recintos que ya están en funcionamiento, como el traspaso considerable de recursos desde el sector público al privado.

En cuanto al anuncio de la contratación de especialistas, no se mencionan cuáles serán los mecanismos e incentivos para atraer y retener a estos profesionales en el subsistema público (entendiendo la importancia de que dichos incentivos no sean exclusivamente económicos) y al parecer, tampoco existe una voluntad de fortalecer el vínculo entre el MINSAL y las Universidades Públicas que permita aprovechar al máximo los centros formadores con experiencia de estas casas de estudio, entregando a la vez, condiciones contractuales adecuadas para los médicos en formación de especialidad que se desempeñen en el sector público(1).

No obstante, el punto más débil de la política en Salud que se vislumbra desde el actual gobierno, es la ausencia de una apuesta por realizar transformaciones de fondo, que reviertan la lógica del Estado subsidiario en Salud, avanzando en solucionar tanto la profunda desigualdad que se evidencia entre los subsistemas públicos y privados, la progresiva pérdida de atribuciones de la capacidad rectora del Minsal, la fragmentación del sector público y la ausencia de una articulación real entre sus distintos niveles de atención, situación arrastrada desde el desmantelamiento del Servicio Nacional de Salud en 1979 por la dictadura militar.
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En la misma línea, más allá de ciertas políticas focalizadas en elevar el nivel de resolutividad de los servicios de urgencia en la atención primaria, como de asegurar en este nivel de atención una determinada canasta de medicamentos en patologías prevalentes, no existe una voluntad categórica por privilegiar a la Atención Primaria Integral, como uno de los pilares fundamentales del Sistema de Salud. Al contrario, salvo la mención al programa de prevención dental, no existe una voluntad decidida por dar un viraje en la atención primaria, donde se privilegie una mirada integral con énfasis en la promoción y prevención, en vez de continuar con los programas verticales centrados en el manejo de enfermedades específicas. En este mismo punto, al parecer tampoco se impulsarán grandes reformas que permitan superar el déficit de recursos que se aprecia en este nivel de atención, ni tampoco medidas que ataquen la inequidad en la distribución de estos(2).

Lamentablemente, entendiendo además que la discusión en torno al sub sector privado y la Ley de Isapres, podría constituir el puntapié inicial para abrir una discusión más profunda en torno al Sistema de Salud (de provisión mixta, público-privado, con una concentración de recursos significativamente mayor en el sector privado), la Nueva Mayoría tiende a parcializar la discusión y le quita todo contenido transformador, al encasillarla dentro de la lógica de la regulación del mercado y la defensa de los derechos del consumidor (3), existiendo el riesgo de que los problemas del subsector privado se presenten como problemas aislados y sin conexión con las deficiencias del Sistema de Salud en su conjunto. Al mismo tiempo, no considera una participación contundente y sistemática de las agrupaciones de representación social (como el Consejo Nacional de Usuarios, Red nacional de Consejos de Usuarios de la Salud, Confusam , Fenpruss , Fenats, etc…) sino más bien una función secundaria, remitiéndola a una eventual participación aislada en las discusiones de la comisión, que en ningún caso asegura una repercusión real en las eventuales modificaciones a la Ley de Isapres, ya que el debate se concentra dentro de una comisión de tecnócratas que definirán los pilares de la reforma.

Dado lo anterior, podemos señalar que desde la coalición gobernante no hay intenciones de dar pasos decididos para avanzar en consolidar a la Salud como un Derecho Social fuera de las leyes del mercado. Por ahora, solo nos queda confiar que en la medida que se logre articular un Movimiento Social en Salud amplio, diverso, con diagnósticos y reivindicaciones propias y con capacidad de movilización, se irá posicionando una voluntad colectiva que empuje por transformaciones de fondo.

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1. Como se ha detallado en múltiples trabajos, el principal problema en Chile no es un déficit total de especialistas, sino su pésima distribución. Proporcionalmente, la gran mayoría de especialistas se desempeñan en el sector privado y en los grandes centros urbanos y mecanismos como el CONES (Concurso Nacional de Especialidades Médicas), dado las condiciones contractuales adversas que entrega y la ausencia de incentivos para la permanencia de estos médicos en formación una vez finalizado el período oficial de devolución, no lograrán revertir a largo plazo la desigual distribución tanto de médicos generales como especialistas.

2. En promedio, en la atención primaria los municipios aportan con el 20% de los gastos en salud, dejando claramente a las comunas pobres en peor pie a la hora de satisfacer las necesidades en salud de su población.

3. "No siento ninguna lápida (...) lo único que pretendemos es desarrollar leyes que permitan que el sistema sea más justo, más equitativo, con lo cual no necesariamente va a ser un mal negocio ni una mala inversión, yo creo que tenemos que buscar los mecanismos de gana, o sea gana la gente, gana la isapre y gana el país". Ministra de Salud Helia Molina, fuente: Diario Financiero.