Señor Director:

Durante las últimas semanas la derecha y los sectores  conservadores de la Concertación han buscado por distintos caminos recrear la política de los acuerdos a la cual estaban acostumbrados, proclamando cambios al estilo del gato pardo para que todo siga igual. (El “gatopardismo” es en ciencias políticas el “cambiar todo para que nada cambie”, paradoja expuesta por Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957). El monumento al gatopardismo de los años concertacionistas es la Constitución de 1980, reescrita o reemplazada según sus autores, pero dejando intactos los principios que la originaron, es decir, consagrar la reconstrucción de la sociedad chilena sobre nuevas bases económicas, sociales y políticas que cristalizan en el Estado neoliberal aún vigente.

Los chilenos y las chilenas ya no queremos seguir recibiendo mas de lo mismo, no aceptamos seguir siendo gobernados por una suerte de oligarquía de políticos profesionales, una elite transversal que creó el país desigual en el que vivimos. Que surgió y se potenció de la política de los acuerdos y de los pactos entre la Concertación y la derecha, para administrar el sistema neoliberal creado e impuesto por la dictadura  cívico militar en 1973.

Una oligarquía política conservadora, mezcla de la sociedad derecha y concertación,  que se opone a todos los cambios, que utiliza y utilizara todo su poder económico y de los medios de información, los que domina a su antojo, para mentirle y atemorizar a los ciudadanos (as). Actúan de la misma manera que lo hicieron e 1973 cuando crearon la mentira del plan Z, con periodistas que al igual que ayer, ponen a disposición de los poderosos todas las armas de las comunicaciones y de las palabras para actuar en el transcurso del tiempo sobre las emociones : Como lo que hemos visto recientemente en televisión y en las redes sociales oponiéndose a la reforma tributaria y a la reforma educativa, disparando desde el corazón conservador de la concertación y de la derecha totalmente descontrolada, imágenes de terror, de peligros inminentes, de frases cargadas de contenidos desestructuradores invadieron la mente de las personas.

En este contexto no hay que perder el norte, oponerse a todo no sirve, le hace el juego a los mentirosos políticos, el desafío es llevar adelante las reformas que el gobierno actual hizo durante su campaña presidencial, las que incluyen un cambio, no un nuevo arreglo a la Constitución, cambios que representan un importante avance a favor de terminar con la desigualad en el país. Pero son transformaciones que serán posibles con la participación activa de la ciudadanía movilizada, la democracia protegida, por poderes facticos herencia de la dictadura pinochetista, no va a terminar solo por la gestión del gobierno, si no que, a través de una profunda transformación de la relación entre gobernados y gobernantes, que de cuenta de las nuevas formas de participación que exigen los diversos actores sociales organizados en nuestro país: Asamblea Constituyente.

Es hora entonces de revalorizar la democracia, creyendo en el ejercicio de la soberanía popular, es decir entregando poder a la gente y escuchando al pueblo, reduciendo el poder cupular y factico que impide el ejercicio de la democracia.

Los gobiernos democráticos aún tienen una gran deuda con el país, trasparentar toda la verdad respecto de las violaciones a los derechos humanos, cometidas en Chile durante la dictadura y de quienes son los culpables de estas aberraciones. Lo que incluye un tema hasta ahora injustificadamente tabú para la ciudadanía y que es determinante para resolver la injusticia del olvido, la relación democracia, Fuerzas Armadas y derechos humanos.

Es hora de hacerse cargo del tema de manera institucional, creando políticas publicas que hagan efectivo el cumplimiento de los tratados internacionales que el Estado chileno firmó, para que impere la justicia en los crímenes de lesa humanidad, que no son prescriptibles, cometidos como política de estado durante la dictadura cívico militar.

En los últimos veinticinco años de gobiernos democráticos, las Fuerzas Armadas ( FFAA ) se han modernizado, pero con reformas que dejan el tumor adentro, aumentando su poderío militar pero sin variar su posición doctrinaria, lo que representa una distorsión en su naturaleza como Institución fundamental de la República. Situación que no es comprensible, en la cual se actúa como si el golpe de estado y los diecisiete años de dictadura no hubieran existido, manteniéndose como base de la formación de los Oficiales de las tres ramas del Ejercito y Carabineros, el aislamiento de estos respecto de la sociedad democrática y en el conjunto de principios, normas, valores e ideas que se inspiran en la Doctrina de Seguridad Nacional (remozada).

No es aceptable, que un país que vivió una de las dictaduras mas crueles del siglo veinte, las FFAA que fueron actores principales y que ejecutaron las políticas represivas de un estado terrorista, continúen educándose en una doctrina que ubica el enemigo interno en la población chilena. Tampoco es aceptable que las FFAA sigan siendo calificadas o que se autocalifiquen, como no deliberantes y apolíticas, alimentando la idea de una falsa subordinación al poder civil.

Sin cambiar la doctrina que les inspira, sin educar a sus oficiales en una doctrina militar democrática, que ubique en el centro el concepto de  obediencia consciente y reflexiva. Sin realizar estos cambios profundos,  nada asegura la subordinación consciente y condicionada a un Estado Constitucional.

Lo anterior implica la necesidad de terminar con la obediencia ciega, lo que supone un cambio trascendental, significa invalidar el argumento utilizado, hasta ahora, para eximir la participación de militares ( y civiles ) en crímenes de lesa humanidad. Predicamentos bajo los cuales los militares escudándose en “la obediencia debida” pasan a ser meros burócratas sin referencias morales y son capaces de los abusos más extremos,  secundando normas injustas e ilegales como lo hicieron en 1973 y durante todo el periodo de la dictadura.

Contrario a estas conductas aberrantes, cuando nos opusimos al golpe de estado  de 1973 lo hicimos, y así lo denunciamos a las autoridades políticas de la época, convencidos de que las FFAA, de las cuales éramos parte, estaban obrando de manera contraria al sistema democrático social y del estado de derecho. Este es un caso histórico en el cual la desobediencia fue legitima, porque no había duda de la inconstitucionalidad de la conspiración política de los mandos de las FFAA en contra de un gobierno legal y democráticamente constituido.

Nuestro caso (oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea ) y sobre todo el de los marinos ( Suboficiales ) quienes denunciamos públicamente el golpe de estado, meses antes de su realización, es ilustrativo y debe ser un ejemplo a considerar para legislar al respecto. Es un referente para terminar con la validez de un argumento nocivo y que facilita continuar con la utilización de las FFAA, ( un hecho largamente probado en América Latina con la intervención de  distintos gobiernos de EEUU en los golpes de Estado)  ) para interponerse a gobiernos legítimamente elegidos para liderar proyectos nacionales progresistas, anti imperialistas  y que ponen el acento en el progreso y el interés nacional, como fue el gobierno de Allende.

Por estas razones y habiendo vivido estas experiencias, es una tarea del gobierno actual, hacer que los mandos militares de todas las jerarquías y de todas las ramas e las FFAA, incluido Carabineros e Investigaciones ( PDI), se formen como ciudadanos, conscientes de los valores democráticos,  de un estado de derecho y de su importancia para un Estado Constitucional.

El no haber hecho esto durante todos estos años ha significado validar la impunidad, aceptando como argumento la aberrante obediencia debida. Un argumento fraudulento que ha protegido en los distintos gobiernos democráticos a quienes fueron actores o encubridores de crímenes de lesa humanidad.

Insistimos en nuestras demandas

•    Exigir que se juzgue y castigue a civiles y militares comprometidos en  crímenes de lesa humanidad.

•    Exigir a las FFAA que entreguen la información que permita, a los familiares de detenidos desaparecidos, conocer el paradero de los restos de sus seres queridos.

•    El fin de la ley de amnistía y de la impunidad, enclaves autoritarios y los poderes facticos que distorsionan y limitan el régimen democrático y la gobernabilidad.

•    Degradar a los militares involucrados en crímenes de lesa humanidad, implica el cierre de una época y la apertura de una nueva, basada en el derecho humanitario internacional y en la plena vigencia de los principios universales de los derechos humanos aportando al desarrollo del derecho.

•    Terminar con el estado actual de la Justicia Militar  de aislamiento y discrecionalidad  y su intervención en juicios civiles.

•    Que se reconozca y dignifique la actitud de los militares que se opusieron al golpe de estado de 1973 y su papel ejemplarizador, para las nuevas generaciones de Oficiales y Suboficiales.

Enrique Villanueva M
Vicepresidente CEEFA-73
Centro  de Estudios Exonerados Fuerza Aérea 1973