En el año 2006, surge desde los estudiantes la llamada Revolución Pingüina, en donde se exigía la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) en pos de una nueva ley que resguardara mejoras en la educación y que finalmente, derogara la legislación impuesta anteriormente durante el régimen militar.
El primer gobierno de Michelle Bachelet dio como solución a esto una nueva ley: la Ley General de Educación (LGE) que reemplazó a la LOCE, la cual fue insuficiente e incluso, terminó validando las malas prácticas de la normativa anterior y sentenció sus nefastas consecuencias.

El año 2011 se puso en la palestra, como tema nacional, el problema de la educación que aquejaba y aqueja a la mayor parte de los ciudadanos de nuestro país. La educación chilena ha estado sumida en una profunda crisis, producto de las reformas neoliberales que se han implantado a lo largo del último tiempo.
Por esta razón, miles de estudiantes han salido a las calles a marchar por una educación gratuita y de calidad. Las demandas estudiantiles alcanzaron una notable aprobación a nivel nacional, pues abordaron problemas transversales de toda la sociedad chilena.

Las reformas del gobierno de Sebastián Piñera no sólo fueron insuficientes e inconsistentes, sino que además, aumentaron el profundo descontento social que prevalecía en el país. Esto quedó de manifiesto con la destitución de tres Ministros durante su gobierno y la posterior agudización de las marchas y movilizaciones estudiantiles.

Posteriormente con un cambio del gobierno de facto, y con la llegada de una nueva coalición al poder, el conflicto estudiantil sigue esperando su reivindicación.
El segundo gobierno de Michelle Bachelet ha enfrentado al movimiento estudiantil con una nueva Reforma Educacional que supone satisfacer las demandas a las que apelan los estudiantes. Según el gobierno, el trabajo legislativo que se configura en el Congreso nace a partir de una demanda histórica de los estudiantes: un cambio en el paradigma y la matriz mental de una educación de consumo, para luego concebirla como un derecho universal.

Es importante recalcar que la educación ya no es entendida como un problema de índole solamente estudiantil, sino que ha pasado a concebirse como un problema social y de carácter nacional.

En el actual contexto de una reforma que ya se está tramitando en el Congreso, es imperativo que como comunidad carmeliana manifestemos nuestra postura, ya que un cambio legislativo tiene directa injerencia en el futuro funcionamiento de nuestro liceo.

El conocimiento de lo que señala la reforma es básico para saber en qué nos afecta. A continuación, presentamos una síntesis de lo que ésta propone.

Objetivos de la reforma educacional:
La actual reforma contempla tres ejes fundamentales sobre los cuales legislar. Estos tres ejes son: el fin al lucro, al copago y a la selección. En cuanto a estos ejes, se plantea

– La prohibición del lucro en cualquiera de sus formas en los colegios que reciben aportes del Estado, y la fiscalización por parte de la superintendencia para el cumplimiento de la nueva normativa.

– Fin al copago ya que éste produce segregación socioeconómica. Con la implementación de la nueva normativa se aseguraría la consolidación de una educación más democrática e inclusiva, acorde a los valores cívicos que promueve nuestra sociedad.

– Poner término a cualquier forma de selección. En la reforma se estipula que la selección atenta contra aquellos valores democráticos y republicanos que la nación contempla como ideales de sociedad. La calidad de enseñanza debe ser un derecho garantizado por el Estado, para todos los estudiantes del país sin importar su historial académico, situación socioeconómica, etnia, religión, etc.

En conclusión, según la reforma, sería el Estado el nuevo garante, proveedor, regulador y fiscalizador de una educación gratuita y de calidad para el 93% de los alumnos que estudian en liceos municipales y subvencionados.

¿Por qué la reforma no cumple con estos objetivos?

Primer eje. Fin al lucro:
La noción del lucro que esgrime la actual reforma queda sujeta a ciertas ambigüedades legislativas. Se disminuye la posibilidad de lucro con fondos fiscales, pero en la práctica no termina cabalmente con éste. Contrario a lo que sucede con los liceos municipales o subvencionados, los colegios particulares pagados seguirán funcionando sin ningún tipo de limitante en el monto del cobro, al no existir regulación o fiscalización de parte del ejecutivo, lo que conlleva a que la educación privada inexorablemente se vuelva onerosa e inaccesible.

Por ende, esta reforma si bien reformula el paradigma educativo de un buen porcentaje del total de los liceos chilenos (un 93%, entre municipales y subvencionados), se deja fuera de la reforma a ese 7% de educación particular pagada, es decir, que se excluye a una élite educacional para que pueda seguir lucrando. Con la nueva Reforma, es probable también que se incremente el porcentaje de colegios particulares pagados, lo cual conlleva a una mayor segregación a nivel educacional.

Por otro lado, la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) establece la existencia de un grupo de alumnos prioritarios. La modificación de esta ley supone el surgimiento de una nueva categoría, además de los prioritarios: los alumnos preferentes.

La inyección de recursos con el fin de introducir mejoras en los colegios se hace por cantidad de alumnos prioritarios o preferentes, es decir, que la cantidad de dinero destinado a este fin depende del número de estudiantes que representen estas categorías, y no del costo total del colegio como entidad, lo que tácitamente fomenta el lucro. Esto último se debe a que mientras más alumnos prioritarios o preferentes tenga el establecimiento, más ganancias por subvención obtiene; por lo que el sostenedor priorizará tener el mayor número de educandos posibles en desmedro de la calidad del colegio en cuestión. Cabe recordar también, que un establecimiento que adhiere a esta normativa recibe recursos adicionales del estado sin que haya una mayor exigencia de parte de éste en cuanto a calidad y equidad se trate, o sea, reciben más dinero sin asegurar realmente una mejor enseñanza.

Creemos que el financiamiento debiera hacerse por el proyecto educativo, y no cuantitativamente por estudiante. Además, es perentorio contar con una fiscalización eficiente de parte del Ejecutivo para garantizar el correcto manejo de estos recursos, en pos de asegurar una buena calidad en educación. Este financiamiento debe responder también al contexto y necesidad propia del estudiantado.

Segundo eje. Copago:
El fin al cobro del copago no es determinante en el término de la segregación social. Es más, el fin del copago no termina con la tan bullada segregación, sino que incluso la fomenta y consolida porque aumenta la brecha en los niveles de educación que se entrega.

El término de los colegios subvencionados produciría el efecto contrario a los objetivos de la reforma. Sin el copago, sólo estarían dentro de la legalidad colegios gratuitos y colegios pagados, estos últimos costeados por las clases más acomodadas de este país, siendo ésta la brecha más importante de sistema educativo, potenciada por la ley.

Creemos que la existencia de colegios privados exacerba la desigualdad social, pues está demostrado estadísticamente que este tipo de establecimientos provee de mejor instrucción a sus alumnos que la educación pública, y esto último se manifiesta en la preferencia de los apoderados que tienen poder adquisitivo, quienes matriculan a sus hijos preferentemente en colegios particulares pagados. No sólo es la mejor calidad en la educación la que influye en esta decisión; también existen otras ventajas que ofrece este sistema, como las redes de contactos o el amiguismo que influyen en la obtención de un mejor puesto de trabajo.

La educación pública se encuentra en amplia desventaja frente a la educación privada. Ésta última posee más recursos y autonomía en la destinación de ellos, mientras que la educación pública está sujeta a control en la utilización de fondos.

Dentro de la educación pública, actualmente existe una élite de liceos municipales con copago, lo que significa una considerable ventaja económica para estos colegios. El alumno de un colegio municipal podrá optar por una educación con copago, aprovechando los beneficios que ésta implicaría, tales como mejor infraestructura y mayor aporte de recursos por el copago, que en el caso de la reforma, estaría costeado por el Estado y no por los apoderados.

Por último, los plazos para la implementación de la reforma son muy extensos.

Tercer eje. Selección:
La medida es insuficiente pues la selección se volverá implícita:
– Selección por condición económica: Los colegios particulares podrán fijar altas mensualidades que sólo podrían ser costeadas por una reducida élite económica.

– Selección por rendimiento académico: Si bien esto es lo que pretende erradicar la Reforma, la selección sólo se modificará. En el caso de los colegios emblemáticos, sólo podrán postular los alumnos que pertenezcan al 20% mejor de su generación del colegio del que provienen, por lo que se sigue perpetuando la segregación académica. Además se considerarán ciertos criterios que darán prioridad a los alumnos hijos de profesores y a los que tengan hermanos en el liceo al que postulan. El resto de la selección se delegará a un sistema azaroso que en absoluto consideramos idóneo para tal fin.

Los colegios particulares no serán regulados por esta normativa y podrán seleccionar según criterios propios que respondan a la misión y visión del establecimiento (cultural, religiosa, académica u otras).

La selección es un tema particularmente sensible en los liceos emblemáticos. Sin que estos seleccionen por condición socioeconómica (ya que no cobran), el fenómeno de selección por méritos académicos se da porque este sistema ofrece pocas vacantes para muchos postulantes. Ante tal problemática, la solución debiera estar orientada a garantizar una mayor oferta de colegios que cumplan con estas características para satisfacer la enorme demanda por una educación gratuita y de calidad como la de los liceos emblemáticos. Debiese, por lo tanto, invertirse en mejorar y fortalecer la educación pública, sin ir en detrimento de este tipo de enseñanza.

La selección, o el término definitivo de ésta, debe abordarse una vez que se haya fortalecido el sistema educacional, y donde se hayan nivelado los conocimientos básicos que se debiesen impartir en todos los establecimientos. Una vez que todos los colegios sean de calidad, no será necesario que existan élites a nivel académico, y la selección no tendría razón para seguir ejerciéndose.

En conclusión, el Liceo Carmela Carvajal rechaza categóricamente la implementación de esta Reforma Educacional. Como planteamos anteriormente, el diseño de la reforma no satisface en absoluto los menesteres educativos que demanda la ciudadanía.

Además, el proyecto de ley atenta contra sus propios objetivos. A corto y a largo plazo se evidenciará cómo se perpetuará la segregación y la idea de educación entendida como un bien de consumo.

Sostenemos que la aprobación de esta nueva legislación iría en directo perjuicio de la educación pública, y en desmedro de los valores, soluciones y cambios estructurales que el estudiantado fehacientemente ha sabido defender.

La reforma no apunta directamente a los causantes de la crisis educacional. Actualmente, tenemos una carrera docente infravalorada, y aún subsiste la deuda histórica con el profesorado. Los profesores son el pilar de la educación, por ende es necesario partir por esa base, y que se les haga partícipe en la elaboración de la Reforma. Es de carácter urgente que haya una mejora en sus condiciones laborales, y que la sociedad valore este oficio, que es fundamental en el desarrollo del país.

También creemos que es necesario desarrollar instancias de trabajo en conjunto con todos los estamentos (alumno, docente, paradocente), para generar propuestas que realmente respondan a las necesidades de cada establecimiento y de la educación en su generalidad.

Además, creemos que es pertinente que la reforma educacional sea gestada con participación e inclusión de todos los sectores educativos para diversificar la discusión tomando en cuenta a las distintas realidades que componen el espectro educativo (liceos técnicos, jardines infantiles, liceos municipales, particulares subvencionados, particulares pagados, etc.)

La educación pública se debe defender y fortalecer, ya que constituye un valor esencial y prioritario para el desarrollo humano integral. La educación es la matriz de una sociedad más justa y con igualdad de oportunidades, la máxima expresión de todas las virtudes humanas. Sobre ella se erigen los cimientos de una sociedad forjadora de su propio destino.

Por eso, una verdadera Reforma Educacional debe nacer desde el aula, desde quienes hacen posible la enseñanza. Los chilenos exigen cambios estructurales en educación, que posibiliten la máxima calidad y equidad en la impartición de ésta. Nosotras ya nos hemos pronunciado.

Construyamos en conjunto un proyecto educativo que responda a las necesidades reales de los distintos contextos que se presentan en nuestro país.

Estudiantado del Liceo Carmela Carvajal.