Señor Director:

La prensa de los ultimos días se ha referido a las asignaciones para la asesoría externa de que disponen los diputados, y los senadores, cabría agregar, para los efectos de cumplir con la función legislativa.

Respecto de la Cámara de Diputados dichas asignaciones fueron creadas hace más de una década, con montos significativamente menores, alrededor de dos millones de pesos al año por diputado, y con el propósito de contratar a personas jurídicas, entre ellas universidades, entidades académicas e institutos adheridos a los partidos políticos. Poco después del debate público sobre el uso indebido de las asignaciones parlamentarias en 2009, que llevaría a la creación de un ente contralor, las asignaciones para fines legislativos se aumentaron a dos millones y medio mensuales y se permitió, en adelante, contratar a personas naturales.

Cabe señalar que el propósito inicial, que debería persistir hasta hoy, es el de contribuir a la función legislativa, no sólo para mejorar la calidad de las leyes sino, además, para equilibrar en el Congreso la superioridad del Ejecutivo en la disponibilidad de información y conocimiento experto para legislar. Estos recursos, en consecuencia, no podrían emplearse en fortalecer electoralmente al parlamentario incumbente (situación que, en connivencia con el sistema binominal, debilitaría aún más a la democracia interna de los partidos y la competencia interna de las coaliciones), como parece suceder si se examinan, en la página web de la Cámara, los gastos desde marzo pasado y los de años anteriores.

Las dudas y el examen públicos sobre el uso de los recursos de la asesoría legislativa, incluídos los ingentes aportes de la Biblioteca del Congreso, deberían extenderse a las circunstancias en que estos recursos operan y al examen práctico de sus resultados. Cabe hacer notar, por ejemplo, que al predominio legislativo de un sistema presidencial “reforzado” debería agregarse que más del ochenta por ciento de los proyectos de ley del Ejecutivo inician su tramitación en la Cámara de Diputados, mientras que en los dos decenios desde 1990, y en quince años de asesoría, alrededor de dos tercios de todas las propuestas de ley de los diputados han sido archivadas, rechazadas o declaradas inadmisibles o inconstitucionales.

Estos datos apuntarían a la necesidad de revisar el actual sistema y su control, con el fin de revertir una parte sustantiva de recursos desde la asignación para el uso personal, cuyos resultados son magros, hacia los requerimientos prioritarios institucionales o colectivos de las comisiones legislativas, mesas de las Cámaras y comités o bancadas parlamentarias con el fin de enfrentar, en mejores condiciones, las iniciativas del Ejecutivo.

Hernán Ampuero Villagrán
Ex Jefe, Oficina de Informaciones, Cámara de Diputados