Recientemente la Contraloría General de la República entregó un informe respecto al financiamiento fiscal de la Educación Superior (ES). En este documento se detallan todos los traspasos que el Estado realizó a las instituciones de ES durante el año 2013. En dicho período se destinaron, tanto a los estudiantes, a través de becas y créditos, así como directamente a las instituciones, un total de US$2.170 millones, lo que corresponde a más del 25% de lo que se espera recaudar con la Reforma Tributaria.
De los US$2.170 millones entregados, aproximadamente el 84% (US$ 1.823 millones) fueron destinados a las 60 universidades que existen en el país y el resto de los recursos (US$ 347 millones), a los más de 100 Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT). Lo primero que llama la atención de estas cifras, es el bajo monto de recursos destinados a la Educación Técnica, pese a que los IP y CFT concentran alrededor del 40% de la matrícula total en Educación Superior y que el país requiere con urgencia más técnicos de nivel superior. En el caso de las Universidades, de las 10 que reciben mayores recursos, 5 corresponden a Universidades Privadas del CRUCH, 3 a Universidades Privadas nuevas y sólo 2 a Universidades Estatales. Además, resulta interesante constatar que las 16 universidades estatales reciben alrededor del 40% de los US$ 1.823 millones, el resto se reparte en un 32% a las 9 instituciones privadas (o no estatales) pertenecientes al CRUCH y un 28% para las 35 Universidades Privadas nuevas. Sin embargo, dado que las Universidades Estatales poseen una mayor matrícula, el financiamiento fiscal per cápita termina siendo mayor para las 9 instituciones privadas pertenecientes al CRUCH. Resulta paradójico que el Estado le transfiera más recursos por alumno a las instituciones tradicionales privadas que a sus propias Universidades, y que además los niveles de control y transparencia asociados a estos recursos sean casi inexistentes para unas y casi asfixiantes para las otras. Efectivamente las Universidades Estatales, por su naturaleza jurídica, forman parte de la Administración del Estado. Esto implica, entre otras obligaciones, el estricto cumplimiento de la Ley de Transparencia, Ley de Compras Públicas, así como la supervisión constante de la Contraloría General de la República. Todo lo anterior se traduce, por ejemplo, en que cualquier persona puede acceder a los sueldos y honorarios de todos los académicos, funcionarios y autoridades de las Universidades Estatales. También, en que estas deban utilizar el Portal ChileCompra y su normativa para la adquisición de bienes y servicios, y en particular el realizar licitaciones públicas cada vez que se realiza la contratación de un servicio importante. Cabe precisar, que en la práctica existe evidencia que los procedimientos de compras públicas hacen más compleja la gestión y no necesariamente garantizan la obtención de un precio competitivo.
Por su parte, la Contraloría General de la República no sólo realiza auditorías periódicas a todas las instituciones públicas en distintos ámbitos, sino que también revisa los convenios, contratos y bases de licitación que ellas requieran. Más aún, todo lo anterior no se aplica únicamente a los recursos fiscales que reciben las Universidades Estatales, sino a todos los recursos que ellas perciban, sea su origen público o privado. Por el contrario, las Universidades Privadas, pese a recibir recursos fiscales no están afectas a las regulaciones antes descritas. Esta clara asimetría, tanto en términos de los recursos entregados como en la fiscalización de los mismos, genera un tratamiento claramente desigual que debe ser corregido. Por ello, es imperativo establecer un nuevo marco general de financiamiento y supervisión para el sistema universitario nacional, en el cual la nueva Superintendencia de Educación Superior deberá jugar un papel preponderante.
El autor es vicerrector económico de la Universidad de Chile.
