Al cumplirse tres años de la muerte de Manuel Gutiérrez, joven fallecido producto de un disparo por parte de un carabinero en el contexto de una manifestación social en 2011, Amnistía Internacional reitera su llamado a las autoridades a una pronta reforma al sistema de justicia militar para asegurar que violaciones de derechos humamos sean vistas en tribunales ordinarios.

En el caso de Manuel Gutiérrez, el ex sargento Miguel Millacura Cárcamo, respondió a los disturbios durante la manifestación haciendo uso de un arma de fuego incumpliendo principios internacionales sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir con la ley. Dicho uso provocó la muerte de Manuel Gutiérrez y lesiones en otro joven.

El 6 de mayo de este año un tribunal militar dictó una sentencia de 3 años y 61 días para el agente involucrado, exhonerándole de la privación de libertad. La familia de Manuel Gutierrez apeló la decisión ante la Corte Marcial.

En el año 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Palamara Iribarne v. Chile) ordenó a Chile limitar el alcance de la jurisdicción militar al juzgamiento de militares por la comisión de delitos o faltas que, por su naturaleza, atentan contra bienes jurídicos propios del orden militar. La Corte aseveró que se debía asegurar un procedimiento judicial con las garantías propias de un juicio justo y el derecho de defensa, entre otros. El Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, ambos de Naciones Unidas, se han manifestado en el mismo sentido.

“Asimismo, desde Amnistía Internacional vemos como un avance importante que en recientes fallos, tanto del Tribunal Constitucional como de la Corte Suprema, se hayan pronunciado a favor de que casos que involucran a funcionarios de carabineros como autores de crímenes y a civiles como víctimas, debieran ser conocidos por la justicia civil ordinaria. Esa jurisprudencia es un gran paso en la limitación de la competencia de los tribunales militares; sin embargo, es crucial que estos avances se transformen prontamente en una reforma legal”, agrega Roberto Morales, presidente de Amnistía Internacional – Chile.