La segunda sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, rechazó el recurso de nulidad presentado por el Ministerio Público y los abogados querellantes, que buscaba determinar la responsabilidad de tres centinelas y cinco oficiales de Gendarmería en la muerte de 81 personas recluidas en el penal de San Miguel, en diciembre de 2010. Los querellantes anunciaron que recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para lograr justicia.

Este fallo de dos votos contra uno, viene a confirmar la resolución del Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago que determinó que los centinelas Fernando Orrego, Francisco Riquelme y José Poblete, y los oficiales José Hormazábal, Patricio Campos, Segundo Sanzana, Jaime San Martín y Carlos Bustos, no fueron responsables que 81 reclusos murieran calcinados, dejando a las familias y a los abogados querellantes con una sensación de impotencia, denunciando que el fallo es una muestra de impunidad.

La presidenta del tribunal, jueza María Teresa Letelier y la magistrada Soledad Espina, estuvieron por no aceptar los argumentos sustentados por el Ministerio Público.

En tanto, el tercer integrante del tribunal, abogado Manuel Hasbún, consideró en su voto contrario, que los jueces del Tribunal Oral en lo Penal resolvieron dejando fuera las evidencias recogidas durante la investigación.

La jueza Letelier en la lectura de una parte del fallo sentenció: “Que se rechazan los recursos de nulidad interpuestos por el Ministerio Público y los abogados Xiomara Troncoso Peréz, Rodrigo Román Andoñez, Fernando Monsalve Arias, Jorge Ríos Ibacache y Wilson Montes Vergara, en contra de la sentencia de fecha de 13 de junio del año en curso, del Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago”

El abogado de la Defensoría Popular, Rodrigo Román explicó que agotaron las instancias judiciales en el país y comenzarán las gestiones para ingresar una demanda a nivel internacional.

“Nosotros vamos a instar a denunciar al Estado chileno ante los organismos internacionales, particularmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque lo que ha quedado sentado aquí es un pésimo precedente, un peligro precedente de impunidad que da cuenta que efectivamente en Chile existe justicia para ricos y justicia para pobres”.

Por su parte, el abogado de la Defensoría Penal Pública, Nicolás Orellana, aseguró estar tranquilo con los antecedentes que se lograron acreditar en esta causa.

“Estamos tranquilos, estamos satisfechos por el trabajo hecho, la verdad tampoco estamos contentos porque sin duda esto es una tragedia murieron 81 personas, muchas de esas personas ellas la Defensoría Penal Pública los defendió”.

Según lo planteado por el fiscal de la Fiscalía Metropolitana Sur, Raúl Guzmán, el voto de minoría del abogado Hasbún coincide con lo sostenido por el Ministerio Público en cuanto que los funcionarios de Gendarmería tienen instrucciones y reglamentos, que tanto los que dirigían el penal la madrugada del incendio, como los gendarmes presentes debieron cumplir para salvar la vida de los reclusos, por tanto se considera que en este fallo hay denegación de justicia.