La aplicación del Decreto Ley de Amnistía, según los especialistas, contó con la obsecuencia del Poder Judicial, incluso bajo los gobiernos de la Concertación. Comenzó a resquebrajarse con el ejemplo y la valentía en los fallos de los ministros como Tomás Dahm, René García Villegas, Adolfo Bañados, Carlos Cerda y José Cánovas Robles, quienes, apegados a la normativa del derecho internacional, fallaron como imprescriptibles e inamnistiables los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, pese a ello se impuso otro tipo de sentencia la prescripción o media prescripción.
El cisma más claro se produce en 2006, cuando la Corte de Rancagua sentenció a los autores del asesinato del dirigente del magisterio Luis Almonacid Arrellano, de 42 años. El hecho, ocurrido en 1973, puso en el debate una reflexión de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que consideró improcedente la invocación del decreto Ley de Amnistía, aunque estuviera “conforme a las normas de derecho interno”, por vulnerar tratados internacionales.
El llamado auto perdón de la dictadura de 1978 dejó de aplicarse en los tribunales a partir de 2006. Los ministros comenzaron a fallar tomando en consideración la llamada prescripción o media prescripción que deja sin efecto las sentencias en atención al tiempo transcurrido.
La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, explicó las razones que impulsaron al Ejecutivo a poner suma urgencia al proyecto que busca derogar el decreto Ley de Amnistía
“Nos ha parecido dar urgencia a la discusión para que efectivamente podamos avanzar. Hay un conjunto de iniciativas, unas que han entrado, otras que entrarán, que tienen que ver con compromisos que hemos tomado que están en el programa de derechos humanos del gobierno y que surgen también de la relación con las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos y de presos políticos” dijo la Mandataria.
El senador socialista Juan Pablo Letelier, uno de los autores del proyecto de ley para derogar el Decreto de Ley de Amnistía respaldó el llamado que hizo la Presidenta Michelle Bachelet a entregar información sobre las violaciones a los derechos humanos.
“Se ha puesto urgencia y esto es tremendamente importante y es coincidente con el llamado que ha hecho la Presidenta que es que quienes tengan información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos o de responsables de crímenes de lesa humanidad lo den a conocer, esto será parte del debate legislativo”, indicó.
El especialista y abogado defensor en casos de Derechos Humanos, Hugo Pavez, explicó la práctica de los tribunales de aplicar la prescripción, aduciendo el tiempo transcurrido.
“La Sala Penal de la Corte Suprema no ha aplicado el Decreto Ley de Amnistía pero sí la ha ido cambiando por la prescripción o en otros casos por lo que es conocido en la jerga forense como la media prescripción, que es un remedo de la prescripción que es otro instituto que se basa también en el transcurso del tiempo, lo que también está prohibido por el derecho internacional”, afirmó.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira denunció que la prescripción es también otra forma de denegación de justicia.
Desde 2006 en adelante, en la mayoría de los casos en que no se ha aplicado la prescripción, se ha aplicado la media prescripción. Nosotros denunciamos eso hasta el día de hoy porque es una denegación de justicia. La media prescripción significa que le dan penas remitidas a los violadores de los derechos humanos y la mayoría no está ni un solo día detenido, o sea son condenados y se van a dormir tranquilamente a sus casas”, explicó.
La suma urgencia decidida desde el Ejecutivo, para dar respuesta a las constantes reprimendas desde los organismos internacionales que repudiaron la vigencia de este Decreto Ley, consiste en la práctica que la iniciativa presentada por los senadores Juan Pablo Letelier (PS), Guido Girardi (PPD), Alejandro Navarro (MAS) y Mariano Ruiz-Esquide (DC) pueda estar aprobada antes que termine septiembre. A menos que algún personaje proponga conversaciones en la cocina de la Nueva Mayoría para frenar la discusión, opinó un especialista en el tema.
La aplicación del Decreto Ley de Amnistía, según los especialistas, contó con la obsecuencia del Poder Judicial, incluso bajo los gobiernos de la Concertación. Comenzó a resquebrajarse con el ejemplo y la valentía en los fallos de los ministros como Tomás Dahm, René García Villegas, Adolfo Bañados, Carlos Cerda y José Cánovas Robles, quienes, apegados a la normativa del derecho internacional, fallaron como imprescriptibles e inamnistiables los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, pese a ello se impuso otro tipo de sentencia la prescripción o media prescripción.
El cisma más claro se produce en 2006, cuando la Corte de Rancagua sentenció a los autores del asesinato del dirigente del magisterio Luis Almonacid Arrellano, de 42 años. El hecho, ocurrido en 1973, puso en el debate una reflexión de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que consideró improcedente la invocación del decreto Ley de Amnistía, aunque estuviera “conforme a las normas de derecho interno”, por vulnerar tratados internacionales.
El llamado auto perdón de la dictadura de 1978 dejó de aplicarse en los tribunales a partir de 2006. Los ministros comenzaron a fallar tomando en consideración la llamada prescripción o media prescripción que deja sin efecto las sentencias en atención al tiempo transcurrido.
La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, explicó las razones que impulsaron al Ejecutivo a poner suma urgencia al proyecto que busca derogar el decreto Ley de Amnistía
“Nos ha parecido dar urgencia a la discusión para que efectivamente podamos avanzar. Hay un conjunto de iniciativas, unas que han entrado, otras que entrarán, que tienen que ver con compromisos que hemos tomado que están en el programa de derechos humanos del gobierno y que surgen también de la relación con las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos y de presos políticos” dijo la Mandataria.
El senador socialista Juan Pablo Letelier, uno de los autores del proyecto de ley para derogar el Decreto de Ley de Amnistía respaldó el llamado que hizo la Presidenta Michelle Bachelet a entregar información sobre las violaciones a los derechos humanos.
“Se ha puesto urgencia y esto es tremendamente importante y es coincidente con el llamado que ha hecho la Presidenta que es que quienes tengan información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos o de responsables de crímenes de lesa humanidad lo den a conocer, esto será parte del debate legislativo”, indicó.
El especialista y abogado defensor en casos de Derechos Humanos, Hugo Pavez, explicó la práctica de los tribunales de aplicar la prescripción, aduciendo el tiempo transcurrido.
“La Sala Penal de la Corte Suprema no ha aplicado el Decreto Ley de Amnistía pero sí la ha ido cambiando por la prescripción o en otros casos por lo que es conocido en la jerga forense como la media prescripción, que es un remedo de la prescripción que es otro instituto que se basa también en el transcurso del tiempo, lo que también está prohibido por el derecho internacional”, afirmó.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira denunció que la prescripción es también otra forma de denegación de justicia.
Desde 2006 en adelante, en la mayoría de los casos en que no se ha aplicado la prescripción, se ha aplicado la media prescripción. Nosotros denunciamos eso hasta el día de hoy porque es una denegación de justicia. La media prescripción significa que le dan penas remitidas a los violadores de los derechos humanos y la mayoría no está ni un solo día detenido, o sea son condenados y se van a dormir tranquilamente a sus casas”, explicó.
La suma urgencia decidida desde el Ejecutivo, para dar respuesta a las constantes reprimendas desde los organismos internacionales que repudiaron la vigencia de este Decreto Ley, consiste en la práctica que la iniciativa presentada por los senadores Juan Pablo Letelier (PS), Guido Girardi (PPD), Alejandro Navarro (MAS) y Mariano Ruiz-Esquide (DC) pueda estar aprobada antes que termine septiembre. A menos que algún personaje proponga conversaciones en la cocina de la Nueva Mayoría para frenar la discusión, opinó un especialista en el tema.
La aplicación del Decreto Ley de Amnistía, según los especialistas, contó con la obsecuencia del Poder Judicial, incluso bajo los gobiernos de la Concertación. Comenzó a resquebrajarse con el ejemplo y la valentía en los fallos de los ministros como Tomás Dahm, René García Villegas, Adolfo Bañados, Carlos Cerda y José Cánovas Robles, quienes, apegados a la normativa del derecho internacional, fallaron como imprescriptibles e inamnistiables los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, pese a ello se impuso otro tipo de sentencia la prescripción o media prescripción.
El cisma más claro se produce en 2006, cuando la Corte de Rancagua sentenció a los autores del asesinato del dirigente del magisterio Luis Almonacid Arrellano, de 42 años. El hecho, ocurrido en 1973, puso en el debate una reflexión de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que consideró improcedente la invocación del decreto Ley de Amnistía, aunque estuviera “conforme a las normas de derecho interno”, por vulnerar tratados internacionales.
El llamado auto perdón de la dictadura de 1978 dejó de aplicarse en los tribunales a partir de 2006. Los ministros comenzaron a fallar tomando en consideración la llamada prescripción o media prescripción que deja sin efecto las sentencias en atención al tiempo transcurrido.
La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, explicó las razones que impulsaron al Ejecutivo a poner suma urgencia al proyecto que busca derogar el decreto Ley de Amnistía
“Nos ha parecido dar urgencia a la discusión para que efectivamente podamos avanzar. Hay un conjunto de iniciativas, unas que han entrado, otras que entrarán, que tienen que ver con compromisos que hemos tomado que están en el programa de derechos humanos del gobierno y que surgen también de la relación con las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos y de presos políticos” dijo la Mandataria.
El senador socialista Juan Pablo Letelier, uno de los autores del proyecto de ley para derogar el Decreto de Ley de Amnistía respaldó el llamado que hizo la Presidenta Michelle Bachelet a entregar información sobre las violaciones a los derechos humanos.
“Se ha puesto urgencia y esto es tremendamente importante y es coincidente con el llamado que ha hecho la Presidenta que es que quienes tengan información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos o de responsables de crímenes de lesa humanidad lo den a conocer, esto será parte del debate legislativo”, indicó.
El especialista y abogado defensor en casos de Derechos Humanos, Hugo Pavez, explicó la práctica de los tribunales de aplicar la prescripción, aduciendo el tiempo transcurrido.
“La Sala Penal de la Corte Suprema no ha aplicado el Decreto Ley de Amnistía pero sí la ha ido cambiando por la prescripción o en otros casos por lo que es conocido en la jerga forense como la media prescripción, que es un remedo de la prescripción que es otro instituto que se basa también en el transcurso del tiempo, lo que también está prohibido por el derecho internacional”, afirmó.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira denunció que la prescripción es también otra forma de denegación de justicia.
Desde 2006 en adelante, en la mayoría de los casos en que no se ha aplicado la prescripción, se ha aplicado la media prescripción. Nosotros denunciamos eso hasta el día de hoy porque es una denegación de justicia. La media prescripción significa que le dan penas remitidas a los violadores de los derechos humanos y la mayoría no está ni un solo día detenido, o sea son condenados y se van a dormir tranquilamente a sus casas”, explicó.
La suma urgencia decidida desde el Ejecutivo, para dar respuesta a las constantes reprimendas desde los organismos internacionales que repudiaron la vigencia de este Decreto Ley, consiste en la práctica que la iniciativa presentada por los senadores Juan Pablo Letelier (PS), Guido Girardi (PPD), Alejandro Navarro (MAS) y Mariano Ruiz-Esquide (DC) pueda estar aprobada antes que termine septiembre. A menos que algún personaje proponga conversaciones en la cocina de la Nueva Mayoría para frenar la discusión, opinó un especialista en el tema.
