La detención de tres presuntos autores de los atentados en el Metro de Santiago alivia en parte la regresión autoritaria que impuso el clima de inseguridad pública sobre la agenda política de las últimas dos semanas.  Hasta antes de este posible acierto policial, parte importante de los líderes políticos y medios de comunicación azuzaban la instalación de instituciones y legislaciones contrarias a las libertades individuales, basadas en un enfoque predominantemente represivo de la inteligencia y el combate al terrorismo.

El debate sobre la seguridad ha sido el broche final de seis meses de administración, durante los cuales las prioridades del Gobierno comenzaron a sucumbir a un conjunto de imponderables, como el terremoto en el Norte, el incendio en Valparaíso, la desaceleración económica y, finalmente, el recrudecimiento de acciones delictuales que dejaron al descubierto la precariedad del sistema de inteligencia y de prevención policial.

En los casos del terremoto y el incendio, la respuesta gubernamental consistió en la rápida instalación de medidas de protección social para los damnificados, en un esfuerzo compatible y coherente con sus propósitos programáticos.  Pero luego, la respuesta del oficialismo a las contingencias sobrevinientes desdibujó fuertemente su relato de cambios.

Así es como la tendencia decreciente de la economía gatilló una seguidilla de vacilaciones que tendieron a revivir la política de los consensos, a pesar de la superioridad parlamentaria de la Nueva Mayoría.  Eso es lo que demuestran el despacho de una reforma tributaria con escaso efecto redistributivo;  las indicaciones al proyecto de reforma educacional, destinadas a relativizar el término del lucro y de la selección; y el retraso de la agenda de reformas laborales.

Igualmente regresivo resultó el debate sobre la seguridad pública, plagado de visos autoritarios  y recuerdos del pasado, en especial por su lamentable coincidencia con la fecha de conmemoración del golpe militar.

Nadie pondría en duda la obligación de las instituciones de reaccionar con máxima severidad ante un horrendo atentado terrorista, pues el Estado tiene la obligación de proteger a la sociedad frente a las amenazas a su integridad. En tal sentido, la detención de los presuntos autores del crimen constituye una señal de eficiencia en el amparo de la seguridad pública. A la postre, se trata de un pequeño paso en la preservación de la convivencia democrática.

Pero la exacerbación del miedo es un poderoso detractor de la democracia y un enemigo acérrimo de los cambios. El temor fortalece el conservadurismo y alienta ideas autoritarias, tales como dotar al poder Ejecutivo de aparatos de seguridad con facultades intrusivas.

Una premisa elemental del sistema democrático es la separación de los poderes del Estado. De ahí que la persecución del delito deba estar radicada en el Poder Judicial, a través de su Ministerio Público y de los órganos de apoyo a la justicia: las policías.  Bajo ese requisito, los métodos intrusivos como la infiltración a través de agentes encubiertos, la intercepción de comunicaciones  o la delación compensada son legítimos, pero solo en la medida que se sometan al control de la Justicia. De hecho, las leyes contra el lavado de dinero, el tráfico de drogas y la trata de personas consagran este tipo de métodos, pero estrictamente sujetos a la autorización judicial.

En lo inmediato, la solidez de nuestra democracia será juzgada por el tipo de proyectos que presente el Gobierno y las leyes que finalmente apruebe el Congreso, para fortalecer el sistema nacional de inteligencia y las normas antiterroristas.

De predominar el enfoque represivo sobre el preventivo, estaremos frente a un proceso de regresión autoritaria en la seguridad pública, marginándonos de los tratados internacionales sobre estas materias.

La amenaza no es menor, si consideramos el contexto de un proceso de repliegue político de la Nueva Mayoría gobernante, en su voluntad de ejercer la superioridad de votos para cumplir sus compromisos de transformación.

La alternativa progresista a ese escenario consistiría en acoplar la agenda de seguridad al programa de reformas, en el entendido que los actos terroristas son tan cruentos para la sociedad como la violencia de la desigualdad.