Cuando en 2001 el entonces máximo dirigente de la CPC Ricardo Ariztía le espetó al presidente Lagos “por favor, déjenos trabajar tranquilos”  sacó a relucir el poderío empresarial ante un Jefe de Estado que estaba invitado a la Enade de ese año.

Pasaba desde antes  y continuó pasando es que muchos empresarios no sólo eran “poderes fácticos” en la política, sino que también hacían de las suyas para incrementar sus ganancias de manera ilícita.

Es lo que se descubrió con la colusión de las tres principales cadenas farmacéuticas y acaba de sancionarse, por operar como cartel, a las tres grandes productoras de pollos, la Ariztía  entre ellas.

La lista que detallamos  en nuestra columna anterior puede incrementarse aún más, dando lugar  a la apertura de una verdadera “caja de Pandora”.

El ahora presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio Andrés Santa Cruz dice que no se sentaría en la misma mesa con los empresarios avícolas condenados en primera instancia.

Más allá de eso, las productoras han infringido la sacrosanta ideología de la economía de mercado, en la cual debe darse la libre competitividad entre los oferentes para proporcionar los precios más convenientes al consumidor, sin arreglarse entre ellos para que tal ventaja no se produzca.

Por supuesto que,  descubiertos, se les castiga con multas, las que aunque altas, son muy inferiores a las ganancias obtenidas durante muchos años. Tampoco son pasibles de condenas de privación de libertad, porque la legislación vigente no las contempla.

Con razón, los presos en la Penitenciaría de Santiago mantienen colgado un cartel que dice: “Aquí estamos los que robamos menos”.

Se quedaron cortos, porque muchos ni siquiera han hurtado o lesionado a alguien. Recuérdese que en el incendio de la Cárcel de San Miguel en 2010 entre los calcinados perecieron un detenido por vender compact discs en la calle y otro por caminar en estado de ebriedad.

El poder empresarial ha venido a reemplazar en Chile la inferioridad electoral en que cayeron los partidos de la derecha que le son afines.  Con votos suficientes en el Parlamento, la Nueva Mayoría debió acordar su Reforma Tributaria con los hombres de negocios  y se espera que fatalmente  tenga  que hacerlo también en las Educacional, de Previsión y la Laboral, en el contexto de una formidable campaña comunicacional que incluso ha logrado  contrariar y a movilizar a sectores sociales opuestos a los que piden fin al lucro, el copago y la discriminación.

Es un fenómeno que de una u otra manera se expresa también en otros países. El periodista y profesor titular de la Universidad de Sao Paulo, Luiz Renato Martins, nos decía que los empresarios brasileños, después de entenderse con un Presidente Lula dúctil y empático, no han logrado lo mismo con una Presidenta Dilma refractaria a ellos y sin el poder de seducción de su antecesor. De ahí que los hombres de negocios prefieren, para las elecciones de este domingo 5 de octubre, a la ecologista negra y amazónica Marina Silva, candidata aventajada del partido Socialista y quien ha demostrado intención de entenderse con el empresariado.

En países como España, nos decía el Embajador en Chile de la Unión Europea, Rafael Dochao-Moreno, los ciudadanos de izquierdas no sólo  rechazan las políticas de ajuste del gobierno de derechas, también acusan al empresariado -en especial a los banqueros-  de una  excesiva influencia política, “la que podría tomarse en general como evidente en los diversos países del mundo”.

Cuando aquí, en el caso del fraude tributario del holding Penta, se hace evidente una “colusión” con los candidatos a cargos de representación popular, el cruce entre la política y la empresa adquiere niveles impúdicos.

Ya no sólo el dinero prodigado de manera reservada – sin que el Servicio Electoral pueda saber de donde proviene- influirá , de uno u otro modo, a las autoridades  en sus decisiones, también el pago de boletas falsas, por servicios no prestados por subalternos y familiares de los candidatos. Dinero que por allegarse mediante elusión de impuestos, terminan pagando los ciudadanos.

No valen los contraataques del dirigente Santa Cruz de que son los  políticos quienes “desfilan” para pedir  plata a los empresarios, como tampoco los alegatos de la UDI de que  “no hay ningún imputado” en una investigación judicial que se filtró por la prensa. Acabe como acabe la labor del Fiscal, el nuevo escándalo tendrá que traducirse, fatalmente, en una regulación de esta escabrosa –claro que no única- relación entre el dinero y la política.

Esto en un país que –como escribió Ricardo Puelma en su libro “Las arenas del Mapocho”- si las bestias sienten atracción por la sangre, “los chilenos tienen pasión por el dinero”.