Luego de que la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) entregara a la Capitanía Puerto Local y a la Superintendencia de Electricidad y Combustible un informe que precisaba que el volumen de crudo derramado en la Bahía de Quintero en Valparaíso llegaba a los 22 mil litros y no a los 3 litros que se decían un principio, el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, se reunió con el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña, para analizar las acciones judiciales sobre el incidente ocurrido la madrugada del 24 de septiembre.

Juan Ignacio Piña señaló que existe una carta de garantía de 15 millones de dólares por parte de la aseguradora Britannia Steam Ship Insurance Association que permite restar al Estado de responsabilidades por los costos tanto en limpieza y eventual mitigación de los vertidos.

Asimismo, no se hace necesario el arraigo del buque habiéndose constituido la garantía previamente.

“El abogado consideró el monto suficiente para el desembolse del fisco y lo justificó con la experiencia que se ha tenido en casos similares, como el de la Bahía San Vicente hace años atrás donde se derramaron cerca de 500 mil litros, es decir, 500 metros cúbicos y tuvo un costo de limpieza del orden de 17 millones de dólares”, señaló.

Piña advirtió que hay informes pendientes, en especial el que tiene que tiene emitir la Dirección General del Territorio Marítimo y la Marina Mercante (Directemar), puesto que de ahí podrían salir delitos específicos al respecto.

En efecto, la autoridad no descartó iniciar una acción legal contra la empresa del Estado en caso que tenga algún grado de responsabilidad.

El informe de la Armada tiene un plazo de 20 días hábiles desde sucedido el accidente para ser presentado, detalló el ministro Badenier, quien además recordó que la Subsecretaría de Pesca ya ha presentado una querella criminal por objeto de la ley de pesca y las comunidades y sindicatos de pescadores también pueden accionar legalmente.

“El secretario de Estado valoró que la ENAP haya podido utilizar mano de obra local, contratar a pescadores y vecinos, porque para superar la emergencia se requiere de una mano de obra de una cuantía importante y también se ha permitido en ayuda económica a las organizaciones de pescadores artesanales del sector”, indicó.

Badenier añadió que la Superintendencia del Medio Ambiente ha levantado un acta de inspección y se están estudiando los procedimientos y responsabilidades administrativas que eventualmente le caen a ENAP por incumplimiento de resoluciones de calificación ambiental.

No obstante, habitantes de la Quinta Región no están tranquilos y este lunes por la mañana hicieron ver su molestia por el accidente medioambiental en una manifestación y movilización en Puchuncaví.

“No más zonas de sacrificio” fue la consigna en rechazo también a iniciativas como Expansión Andina 244 y Termoeléctrica Minera de Codelco. El alcalde de Puchuncaví, Hugo Rojas, hizo un llamado al Ejecutivo.

“Tenemos que tener un tratamiento especial, con el derrame estamos solicitando que se declare nuestra zona de catástrofe. La magnitud que tiene esta situación amerita la presencia de la presidenta Michelle Bachelet para escuchar soluciones más profundas”, exigió Rojas.

Desde el Partido Progresista el vicepresidente de la colectividad, Ricardo Godoy, pidió agilizar el sumario por derrame en Quintero.

De momento, el subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, dio la orden de prohibir la extracción, distribución, comercialización y consumo de productos del mar y la realización de actividades en las playas afectadas.