Cuando surgen casos como el PentaGate, nos preguntamos en qué país estamos viviendo. La capacidad de fraude y de choque de intereses políticos y económicos están a la orden del día, nuestra clase política (sin distinción), se articulan bajo la misma premisa mosquetera: “uno para todos y todos para uno.” Todos se cubren las espaldas

Las declaraciones del Diputado José Antonio Kast respecto a los aportes “reservados” marcan la capacidad política que tienen hoy quienes están enquistados en alguno de los poderes del estado. Reconoce haber recibido aportes de la empresa cuestionada por fraude tributario, se acoge a la legalidad y al mismo tiempo a su capacidad moral para la toma de decisiones parlamentarias, independiente de quién o quienes han financiado sus campañas políticas.

Bajo aquella premisa, busca desmarcarse de cualquier tipo de asociación entre su rol de legislador y su vínculo con el mundo privado.

Al mismo tiempo, emplaza a la presidenta de la república a dar cuenta de los aportes reservados recibidos durante su última campaña presidencial: “¿alguien me puede decir que Michelle Bachelet en su campaña no sabe que Endesa, donde el presidente es Jorge Rosenbluth, le aportó una cantidad importante de los 500 millones de pesos que ellos definieron como aportes legítimos a campañas políticas? No.”

Las actitudes de aquellos que se están viendo involucrados en magno caso, que durante años han rasgados vestiduras sobre moral, buenas prácticas, transparencia y probidad, nos hacen creer que nuestro tan estable sistema político hoy comienza hacer aguas. Pero es importante que despertemos de tan apetecida reflexión, no habrá inundación en el bunker de la casta política Chilena. Los Correa y los Tironi han llegado resolver este “pequeño desliz de nuestros correctos políticos”.

¿Estará dispuesta la actual Presidenta de la República Michelle Bachelet, y cada uno de aquellos candidatos electos y no electos a alguna elección popular, a transparentar sus vínculos con el mundo privado? ¿Serán capaces de dar una cuenta real y transparente a la ciudadanía? o ¿Esconderán la mugre bajo la alfombra… y aquí no ha pasado nada?

Con la llegada de los lobistas (Correas boys), las reuniones de urgencia, y las rememoranzas a los acuerdos del MOP-GATE, bien podríamos creer que la colusión no sólo será con los pollos o las farmacias, sino también en nuestra flamante casta política.

Con el gran hombre de la otrora Concertación y asesor del círculo más cercano de la mandataria en su gobierno anterior, asesorando la “Crisis de Penta”, la clase política espera los mismos resultados que en sus “asesorías” anteriores, véase Cruz Verde, La Polar, Universidad Santo Tomás, entre otros.

Este hombre, Enrique Correa, articulará lo más pronto posible una solución “política” a esta crisis, donde no se vean afectados ni la mandataria, ni los diputados y senadores que recibieron aportes reservados, ni el grupo Penta, las partes involucradas podrán prontamente dormir tranquilos. Se legislará prontamente una nueva ley, al igual como ocurrió con el caso MopGate.

El caso PentaGate dejará claramente dos afectados, uno directo, el Señor Bravo, que cargará con el fraude al fisco por Fut y; otro indirecto, la ciudadanía, que nuevamente está al margen de los entramados entre los negocios de la política y el poder económico que definitivamente hoy gobiernan Chile.

Efectivamente los medios de comunicación han abierto una posibilidad cierta de poner las cartas sobre la mesa, pero de costumbre no vemos capacidad política de presionar públicamente el fraude y la corrupción que hoy devela el caso penta y la legislación electoral de nuestro país.

Esperamos que esta vez, en esta partida de poker, sea la Ciudadanía, los Movimientos Sociales, las Fundaciones de carácter ciudadano, los medios de comunicación independientes quienes ejerzan la presión y, cuenten con todos los recursos posibles y públicos para que nuestras autoridades no puedan nuevamente sacarnos de la partida.

Sera difícil, pero está por verse, los ciudadanos tienen la palabra, la casta política ya está consensuando un nuevo acuerdo.

Karina Oliva Pérez
Presidenta Fundación Chile Movilizado