Extraña que solamente el 2015 comiencen a revisarse las irregularidades en los procesos de externalización del trabajo de evaluación en torno al SIMCE, puesto que hay datos disponibles tanto de años anteriores como de otros ámbitos de la externalización, tales como la corrección de preguntas abiertas y la construcción de ítems.

Como parte de mi investigación realizada el año 2012, entrevisté a correctores, supervisores de corrección y validadores de las pautas del SIMCE. El relato sobre la creciente precarización de las condiciones laborales de los correctores fue bastante consistente, no solamente en relación con la reducción del pago por esta tarea, sino también por aspectos como el lugar donde se trabaja, los tiempos de descanso contemplados en la corrección, la disponibilidad de agua y alimento durante el proceso, y la presión a la que están sometidos los correctores, puesto que no solamente se les controla por confiabilidad, sino también por velocidad de la corrección. El caso más extremo que varios de los entrevistados recordaron fue el de INGEMAS, una consultora en la que participan miembros de la Universidad Técnica Federico Santa María. Dicha consultora los tuvo trabajando en una suerte de búnker o bodega, rodeados de cajas, sometidos a altas temperaturas, con poco descanso y sin posibilidad de beber agua. Una entrevistada de los equipos internos de SIMCE, por su parte, indicó que una de las razones por las que un grupo importante de profesionales del SIMCE renunció el año 2010 fue la constatación de las grandes sumas que esta empresa se adjudicaba, en comparación con lo que gastaban en todo el proceso, incluyendo el pago a los correctores.

Estas condiciones laborales, evidentemente, también afectan la validez técnica del proceso. Por una parte, la disminución del pago hace que los correctores históricos no continúen en esta labor, pues no les resulta conveniente y su experiencia no es valorada. Ello implica que cada año nuevos correctores deben ser capacitados, por lo que se ralentiza el proceso de corrección y disminuye su calidad al no tratarse de correctores con experiencia. Por otro lado, algunos de los correctores entrevistados aludieron a que, dado el nivel de cansancio experimentado, cuando la consistencia de la corrección bajaba, se veían obligados a establecer acuerdos extraoficiales para aumentar la consistencia, puesto que con la pauta disponible, cuya calidad cuestionan, esto no resultaba posible. No es necesario explicar cómo este tipo de prácticas afecta lo que podamos interpretar de los resultados del SIMCE, puesto que las preguntas abiertas terminan siendo corregidas con una pauta paralela, acordada por los mismos correctores.

Sobre el proceso de construcción de ítems, hay que señalar que el SIMCE en su momento, y actualmente la Agencia, cumplen un rol de supervisión mucho más claro que en la aplicación y la corrección del examen, a través de reuniones periódicas de revisión de ítems en conjunto con los constructores y de posteriores revisiones internas. El problema aquí más bien se encuentra en las condiciones laborales que la misma institución gubernamental genera para los equipos que se adjudican la construcción de preguntas. Esto lo corroboran los entrevistados de mi investigación, y también fue el diagnóstico de ACER (la empresa que realiza la prueba PISA) en 2013, que indicó que a los constructores se les debía dar más capacitación, y también más tiempo para la elaboración de las preguntas. Cuando esta labor se externaliza, quienes elaboran las preguntas son generalmente profesores de aula, que efectúan esta tarea fuera de su horario laboral, con una exigencia de entrega de cierta cantidad de preguntas por semana, y que deben ir a reuniones de revisión en las tardes, a veces hasta avanzada en la noche. Nuevamente estas condiciones perjudican el nivel de calidad de las preguntas que se pueden elaborar.

A estos antecedentes se agrega lo que hoy se señala sobre los examinadores. Cabe señalar al respecto que quienes se adjudicaron la aplicación (proceso que incluye a los examinadores) de todas las pruebas SIMCE del año 2013 fueron, por una parte, la misma empresa INGEMAS a la que aludieron los correctores, en el norte y centro del país y, por otro lado, la Universidad Técnica Federico Santa María, de la cual esta empresa se deriva, para la Región Metropolitana y el sur. El monto total adjudicado, como se puede constatar en el siguiente link de Mercado Público, fue de $7.347.034.030.

En este sentido, la externalización de funciones públicas en relación con la evaluación no es algo para nada nuevo y debería haberse fiscalizado hace varios años. Ello sobre todo considerando que las empresas que postulan pueden lucrar a partir de fondos públicos, incluso cuando prestan servicios de mala calidad. Por otra parte, es necesario revisar las condiciones laborales que el mismo SIMCE o la Agencia imponen a los constructores de ítems. Las consecuencias de estas irregularidades son sumamente graves, puesto que se trata de una evaluación a partir de la cual se toman múltiples decisiones de política educativa y se clasifica a las escuelas, generalmente en perjuicio de las del sistema público. Lo mínimo que se puede exigir a un sistema de este tipo es, entonces, que sea de buena calidad y que sus procesos respondan a estándares éticos mínimos.

Dra. Teresa Flórez Petour

Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile