En los primeros días de marzo próximo una decena de empresarios y gerentes vinculados al Consorcio Penta van a ser formalizados y procesados por un conjunto de delitos tributarios, lavado de activos y cohecho, en uno de los más escandalosos fraudes cometidos contra el fisco destinado a obtener recursos para a financiar a distintos candidatos de la UDI y de otras denominaciones políticas. Estos sucesos han provocado que en el país se instale una certeza generalizada respecto de la falta de probidad de las grandes empresas privadas, de sus directorios y ejecutivos. En la antigua sospecha, por supuesto, de que es muy improbable amasar tanto dinero en tan poco tiempo, como que detrás de cada fortuna se esconde un crimen o un conjunto de ilícitos.

En un país relativamente pequeño no escapa a nadie la convicción de que fue, primero, la Dictadura la que les ofreció a sus más fieles promotores y partidarios las mejores oportunidades de negocios en la transferencia a precio vil de las empresas del Estado que se privatizaron. Como se ha hecho evidente también que, posteriormente, los gobiernos de la Concertación les garantizaron impunidad a los protagonistas de estas millonarias expoliaciones, confiriéndoles, además, nuevas empresas públicas, cuanto también la posibilidad de lucrar en la educación, la salud y otros ámbitos en que el Estado fue el principal sostenedor y regulador.

Recuerdo el estupor del recién nombrado vicepresidente ejecutivo de Corfo, René Abeliuk (en el gobierno de Patricio Aylwin), ante la decisión de su gobierno de no hacer nada respecto de las empresas y bienes fiscales mal habidos por un puñado de audaces amigos y parientes del Dictador, bajo el pretexto de que también en lo económico había que hacer “justicia en la medida de lo posible” y no arriesgar “la Transición” emprendiéndola contra los empresarios pinochetistas e inescrupulosos. Es sabido cómo después estos personajes siguieron incrementando sus riquezas y pasaron a contemporizar con los nuevos moradores de La Moneda, mientras se consolidaba el modelo neoliberal y se difería por más de dos décadas cualquier intento serio de corregir el ingreso tan desigual, como reconocer los derechos de los trabajadores. En uno de los países más inequitativos de la Tierra, como lo demuestran hasta hoy todos los estudios socioeconómicos.

No son pocos los que creen que el principal error de la clase empresarial fue permitir la instalación de uno de los suyos en el Gobierno y resentir con ello las excelentes relaciones con los que ya tenían asumido que La Moneda era su propio “coto de caza, así como el Parlamento el espacio dilecto de la derecha política, aventajada en representación y poder por el sistema binominal y los quórum legislativos. En efecto, el Gobierno de Piñera lo único que habría conseguido es la ojeriza de quienes por cuatro años tuvieron que desprenderse de algunos privilegios y prebendas, así como obligarse a “izquierdizar” su discurso y rebautizarse para recuperar el tiempo y los sufragios perdidos.

El duopolio político funcionó sin contratiempos por dos décadas en que se pretextaron la necesidad de la moderación, agradar siempre a los militares y hacer todo con el consentimiento de los Estados Unidos y los inversionistas extranjeros. Pero la protesta social, el malestar de los estudiantes y las demandas ahogadas por la “prudencia política” y la falta de diversidad informativa, tuvieron en el gobierno de Piñera su gran oportunidad para avivar los cambios, reclamar Asamblea Constituyente y todas esas reformas que debió hacer suyas la Nueva Mayoría para recuperar el Ejecutivo. Con todo, la actual alianza oficialista solo pudo hacerse del triunfo en una segunda vuelta, gracias más bien al descalabro de la Derecha y a una abstención que superó el 58 por ciento. Lamentando, además, la necesidad de cumplir aunque sea cosméticamente con una serie de promesas que hacía tiempo ya no era parte del ideario socialista ni demócrata cristiano. Como, para colmo, forzarse a un pacto electoral con el Partido Comunista y facilitar con sus votos la instalación de los principales líderes estudiantiles en la Cámara de Diputados, cuestión que se ha constituido en un severo obstáculo en las fluidas relaciones cupulares entre la centro izquierda y la centro derecha.

Con todo, el clima de crispación que empezó a vivirse en las relaciones de la clase política no tuvo como consecuencia el bullado Caso Penta. Después de varios meses de incordios entre oficialistas y opositores, a causa de la Reforma Tributaria y la Educacional, la denuncia de estos fraudes al fisco y el gran destape de los millonarios aportes ilegales al financiamiento de las campañas políticas vino surgió de las confesiones de un operador empresarial, profundamente resentido con sus patrones y que prefirió arriesgarse a los procesos y condenas que va a encarar en vez de guardar silencio. Al mismo tiempo como han ayudado a investigar el caso algunos funcionarios públicos que tal parecen ser insobornables en su propósito de esclarecer todos los delitos denunciados y los que se sigan derivando de esta compleja operación.

Junto con abrigar la esperanza de que uno de los más poderosos grupos económicos pueda desactivarse en el escándalo y en la condena de sus más altos responsables, la verdad es que los chilenos vemos con incertidumbre lo que pueda pasar con aquellos parlamentarios que le deben sus cargos a la propaganda millonaria que los impuso y logró desplazar a sus competidores con menos recursos. A pesar de que algunos políticos se han hecho un festín con la denuncia que afecta a la UDI, mucho nos tememos un acuerdo horizontal de los partidos para superar un escándalo que amenaza ciertamente “el prestigio de todos”, como tanto se ha advertido. Así como la posibilidad cierta de que otras operaciones fraudulentas como la de Penta queden sumergidas no solo en el salvataje de la derecha, sino en todo el espectro político.

Los propios ejecutivos de este cuestionado Consorcio están señalando la certeza que tienen de que otros colegas empresarios, como ellos, también han contribuido a financiar o, más bien, a corromper la política. Habida cuenta de que estos aportes de campaña lo que persiguen es domesticar a los legisladores a favor de sus respectivos intereses. No sería extraño, en este sentido, que durante la época estival que ya se inicia, en cualquier balneario del país o en el extranjero pueda surgir un gran “arreglo cupular” como cuando el Gobierno de Lagos sufrió el acoso del escándalo MOP Gate y desde la UDI se le arrojó un salvavidas para liberarlo del atolladero.

Ya tuvimos la oportunidad de presenciar por televisión la extrema cordialidad conque el Ministro del Interior recibió en La Moneda a los más altos dirigentes acusados o que vienen haciéndose cómplices del Caso Penta, así como la posterior reunión entre las cúpulas partidarias del oficialismo y de la oposición “preocupadas porque estas denuncias no sigan acrecentando el descrédito de toda la política”.

Saludable será que estos infractores “de cuello y corbata” reciban por fin una severa condena a sus reiterados abusos y delitos, pero indispensable nos parece que el “peso de la Ley” recaiga también en quienes conspiraron con estos empresarios para defraudar las arcas públicas y las normas electorales. Como ya hemos advertido,   al menos habríamos esperado que renunciaran a sus cargos y fueros parlamentarios. Claro: la codicia empresarial es conocida y ha sido alentada por todos los años de la posdictadura, pero lo que es más inaceptable es que los autodenominados “servidores públicos” se hayan hecho coautores y benefactores de un fraude tributario y otros delitos mediante todo un sistema de boletas falsas por trabajos no ejecutados, rogativas y promesas de fidelidad política hacia sus financistas, así como que hayan burlado la confianza pública mediante el soborno y la mentira.

La pasividad de todos los parlamentarios, dirigentes de partidos y representantes del Gobierno en este escándalo solo advierte que lo descubierto en las campañas electorales de la UDI obedece a un padrón de conducta generalizado en la clase política. En la evidencia, también, que no solo el dinero se hizo dispendio en este grupo de candidatos de derecha, sino en muchos otros y de los más variados colores. Alcanzando, además, a la multimillonaria contienda presidencial, en que el mayor despilfarro propagandístico de toda nuestra historia pudo ser comprobado por todos nosotros a lo largo y ancho de Chile.

Definitivamente, constituiría una inmoralidad de proporciones que las instituciones judiciales se conformaran con procesar a unos, para dejar a los otros expuestos nada más a que la ciudadanía los sancione electoralmente en una próxima contienda, como ya algunos vienen sugiriéndolo con absoluto desparpajo. En el intento, siempre, de echarle tierra e impunidad a la corrupción política, el que debiera estar considerado como el más grave de todos los delitos.