Mediante una conferencia de prensa la Fiscalía General de México explicó que los 43 estudiantes de Iguala, quienes desaparecieron en septiembre del año pasado, habrían sido asesinados por narcotraficantes del grupo Guerreros Unidos y que luego sus cuerpos fueron calcinados y arrojados a un río.

El director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, junto al fiscal general mexicano, Jesús Murillo Karam, plantearon la hipótesis de que luego de una batalla entre los estudiantes y la banda de narcos, uno de sus líderes habría ordenado enviar a Felipe Rodríguez, alias “el Cepillo”, a ejecutar a los normalistas.

Jesus Murillo Karam

“Felipe Rodríguez Salgado narró paso a paso los acontecimientos de esa noche a partir de que le fueron entregados a los estudiantes y señaló que fue él quien dio la orden a Patricio Reyes Landa, alias “el Pato” de terminar con la vida de todos ellos. Ordenó también que no quedara nada, quemando inclusive los teléfonos celulares de las víctimas”, dijo Zerón en la conferencia de prensa.

El fiscal general agregó que se descartaría totalmente la intervención del Ejército en los hechos y enfatizó que no existe ni una sola evidencia de su participación. Pero el abogado de las familias de los estudiantes, Vidulfo Rosales, contradice las palabras del Fiscal y explica que sí existen evidencias, al menos 10 declaraciones testimoniales, que dan cuenta que el Ejército patrullaba la zona el día de los hechos, además de una declaración clave de un miembro de la policía.

Vidulfo Rosales

“Un policía de nombre Salvador Bravo Bárcenas hace una declaración muy reveladora en la que dice que el Ejército mexicano, el 27 batallón de Infantería, tenía pleno conocimiento desde el 2013, que Guerreros Unidos protegía a la policía de Cocula e Iguala y que eso se lo dieron a conocer al Ejército mexicano, y que el Ejército mexicano no actuó y al contrario sigue protegiendo a este grupo y a la policía(…) los testimonios dicen haber visto que el Ejército ahí estuvo el día de los hechos. No estamos diciendo que ellos estuvieron secuestrando y matando a los estudiantes, pero lo que sí estamos diciendo es que sí estuvo en la escena del crimen durante mucho tiempo”, acusó.

El abogado agregó que mantener al margen a la institución militar es una posición política de las autoridades federales.

Los padres se han mantenido unidos frente a la búsqueda de sus hijos.

El anuncio oficial no ha tenido buena recepción por parte de la ciudadanía y menos por los padres de los estudiantes asesinados, quienes por medio de una rueda de prensa aseguraron no creer la versión de los hechos entregados por la justicia mexicana. Hay que recordar que los estudiantes desaparecieron en primera instancia en manos de la policía municipal. Uno de los padres, escéptico a la versión oficial, aseguró conocer el procedimiento, cuando se quema un animal, por lo que deberían haber restos y no cenizas.

“Detienen al “Cepillo” y a otros más y puro lo mismo. Qué los quemaron, yo soy de Guerrero y sé cuándo un animal es quemado se requiere de harto fuego. No es posible que no quieran engañar que están convertidos en cenizas, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, dijo con tristeza uno de los padres.

Un caso más

En la actualidad México presenta una crisis de credibilidad a nivel institucional. El último Índice de Percepción de la Corrupción en México 2014, realizado por Transparencia Internacional, sitúa a este país entre los peores evaluados con una puntuación muy baja, sólo 35 de 100 puntos, posicionándolo junto a Moldavia y Níger, además del último lugar dentro de la OCDE.

El caso de los estudiantes pareciera ser solo la gota que rebasó el vaso de una situación crítica. Para abril de 2014 la Organización de Naciones Unidas le pedía a México aclarar la desaparición de 26 mil personas en ese país.

El analista internacional Guillermo Holzmann conversó con Radio Universidad de Chile sobre este problema y planteó que una de las principales consecuencias es que la percepción de los mexicanos frente a su gobierno es que el Estado no es capaz de otorgar orden y justicia debilitando a todo el sistema político.

Guillermo Holzmann

“No solamente afecta a Peña Nieto y su gobierno, sino que además afecta a los partidos políticos, o sea, a las instituciones básicas de la democracia y con ello también a las instituciones policiales y judiciales, a tal punto que el propio Peña Nieto termina enviando a las Fuerzas Armadas y a la policía Federal para intentar manejar y controlar la situación y obtener algún tipo de respuesta”, explicó Holzmann.

En este contexto, en diversas apariciones el Presidente mexicano ha insistido en que el país no puede quedar atrapado en los hechos y debe seguir caminando por un mejor porvenir. Los padres en respuesta han asegurado que continuarán las movilizaciones en todo México hasta que no aparezcan los cuerpos de sus hijos.