La Presidenta Bachelet terminó su primer año político anotándose una serie de éxitos legislativos que le permiten proclamar que está en pleno cumplimiento de su programa de reformas estructurales.

Por lo menos formalmente ello es así. Para cumplir lo que prometió como candidata debió sortear una enconada oposición de la derecha y los empresarios, los que lograron convencer y movilizar a una parte de los apoderados que vieron amenazada su libertad para elegir colegio para sus hijos. Algunos dirigentes llegaron a cuestionar a la jefa de estado su liderazgo y capacidad para coordinar eficazmente a ministros y autoridades con ostensibles defectos operativos y comunicacionales. En este ambiente los líderes partidarios y medios masivos de comunicación empezaron a difundir la idea de un inminente cambio de gabinete.

En La Moneda se estimó que hacer un reajuste ministerial en esos momentos equivaldría a demostrar la debilidad del gobierno para bregar por sus transformaciones. Asesores más macucos deslizaron incluso la idea de que hacerlo desviaría la atención de la pesada crisis que afecta a la UDI por el caso Penta, sacándola del foco noticioso principal.

La Presidenta debió más bien poner atención a lo que sucediese con su Ministro de Obras Públicas. Si se le formalizaba ante la justicia tendría que desprenderse de un colaborador eficiente, que como Alcalde de Maipú logro crear la marca “Alberto Undurraga”.

Si finalmente no lo remueve no le estará dando el gusto al partido Demócrata Cristiano, sino por una convicción personal. Con liderazgo aparente o real, Bachelet continúa sacando rédito de  una popularidad individual que contrasta con la pobre imagen de todos los partidos, de  gobierno y oposición.

Así lo demostró al colocar al frente de salud a la Doctora Carmen Castillo, sin vinculación alguna con los partidos, pese a que su opción política se sitúa en el mundo PS-PPD fue una advertencia previa a las colectividades de que no presionen por nombres en el futuro gabinete  como lo hicieron durante su primer gobierno, desvirtuando entonces su inclinación por las “caras nuevas” y elenco paritario.

Los Ministros actuales debían pasar la valla en el congreso de la aprobación de los proyectos clave: Tributario, electoral y educacional, a lo que se agregaron el Acuerdo de Unión Civil (AUC) y la creación del Ministerio de la Mujer y equidad de género (¿será su primera titular la actual encargada del Sernam, la comunista Claudia Pascual, ex compañera de Bachelet? ¿En la resistencia a la dictadura?).

La disyuntiva de cambiar o no a Nicolás Eyzaguirre no dependía solo del éxito legislativo sino también de esa incapacidad del Ministro de Educación de comunicarse con la ciudadanía a través de los medios y con los interlocutores válidos en el ámbito educacional muchos de estos se quejan de que el ex titular de Hacienda los recibe y los escucha atentamente, pero sin responder claramente a sus planteamientos.

Si Eyzaguirre no quisiese seguir, la Presidenta podría considerar, por ejemplo, a un Benito Baranda, quien con su vehemencia y convicciones es todo lo contrario del actual ministro (su hermano Bruno estuvo al frente del Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Piñera, un puesto para el que también es idóneo el ex Director del Hogar de Cristo).

En entrevista después de la aprobación de la ley de inclusión escolar, Eyzaguirre se mostró tan posesionado de lo que viene  que tal vez tenga animo de seguir, pese a todos los sin sabores vividos en un campo que no es propiamente el suyo.

Otro efecto de la aprobación de las reformas puede ser un cambio de actitud del empresariado el que a través de sus líderes gremiales se deslizo peligrosamente en la lucha política, llenando el vacío de una oposición partidaria que por su profunda crisis disminuyo su capacidad para golpear eficazmente al gobierno.

Después que el presidente de la Sofofa le advirtiese en su cena anual a la Mandataria que  si las reglas impositivas no eran satisfactorias buscarían  países más favorables para invertir, ahora plantean al gobierno un programa para los próximos años de inversiones conjuntas  de los desacreditados privados y el estado la designación de Alberto Salas como nuevo presidente de la CPC va en esa dirección dialogante.

Después del año legislativo que termina a fines de enero, viene el que comienza en marzo esto significa que las insatisfacciones por varios puntos del “pegoteo” se expresarán con fuerza, después de las vacaciones, en las calles por estudiantes y apoderados y por profesores en sus asambleas. Los efectos del acuerdo tributario con los empresarios también estarán por verse, en la medida que las captaciones tributarias alcancen o no las cifras que espera el gobierno y que no se hagan sentir en el crecimiento y el empleo. La “cocina” que funcionó en su momento para preparar el menú impositivo llevo a decir a uno de los chefs Jorge Awad que él era el padre de la criatura. Este presidente de la asociación de bancos es de tendencia Demócrata Cristiana y en el gobierno de Frei Ruiz-Tagle aspiro sin éxito a ser Ministro de Hacienda.

El diputado Gabriel Boric dice que también hubo “cocina” en enero para la reforma educacional, contraponiéndose a los reparos que en su momento expresaron algunos Demócratas Cristianos.

Lo que viene  son cuestiones tan sensibles como la educación pública el estado docente – que debe velar por la carrera, las remuneraciones y la preparación de los profesores – la desmunicipalización de los establecimientos, las normas para el sector universitario, la calidad de la enseñanza, y ajustar unos puntos de la ley aprobada que se refieren a los liceos emblemáticos, el arriendo de locales, etc.

Se reproducirán entonces debates tan arduos como los del año que concluye. Más si se agregan asuntos como la despenalización del aborto en tres casos – cuyo envió al congreso se produjo el 31 de Enero –, y que suscita reservas de sectores de la Iglesia Católica y la Democracia Cristiana, tal como en la reforma educativa, el matrimonio igualitario, los proyectos laboral y previsional, de pueblos Indígenas, de farmacias y laboratorios y programas de salud y el cambio a una nueva Constitución.

Como los periodos presidenciales son de apenas 4 años, la acción gubernamental da lugar a un frenesí legislativo si se quiere cumplir con las transformaciones anunciadas. Si no, los éxitos del primer año se convertirán en falsa apariencia.