El Gobierno formó una Comisión y los parlamentarios que, en buena parte, durante años se han negado a reglamentar la relación financiera de las grandes empresas y las campañas políticas, fuente de esta crisis de confianza, sacan nuevamente sus trasnochadas y ultra negociadas propuestas. Sin reconocer que hay rabia, dolor y desconfianza. Tener siempre la razón es sospechoso. Hay algunas trayectorias parlamentarias llenas de vacilaciones y omisiones para enjuiciar el financiamiento de la política y el enriquecimiento impune. Principalmente la derecha, cree tanto en que la política depende de los recursos, que se niegan a recortar los gastos de campaña, a bajar los costos de las actividades parlamentarias y a pensar un minuto que sus ingresos no pueden ser tan distintos del resto. Pensar que no se puede hacer política de otra manera es darle al dinero una ventaja enorme en la política.

En cuanto al Concejo creado por el Gobierno creará una expectativa difícil de cumplir, salvo que reconozca la naturaleza de la desconfianza actual. Consultar a los mismos de siempre habría sido peor. La comisión debería discutir con detención porqué una sociedad no es capaz de garantizar una relación normal y transparente entre las empresas el parlamento y el ejecutivo. Recurrir a reglamentos enredosos o intermediarios para que no se contaminen es un retroceso moral. Tanto Washington como el parlamento de Bruselas están rodeados de lobistas de grandes empresas y legislar se ha transformado es un horror. La justicia solo puede resolver lo que le compete, juzgar a los culpables, pero no podrá iluminar a la sociedad sobre una propuesta ética que ilustre a las personas sobre la legitimidad de un negocio. En ese plano hay más gente de la que se creía que ha perdido la brújula. No basta con reiterar lo archisabido debe haber un gesto publico un rito que nos comprometa a repudiar la sinvergüencería. Ahora, luego, es imperioso crear una instancia participativa que incluya personas de las fuerzas sociales y sociedad civil.

La oscuridad impositiva y el robo de impuestos vía boletas convertida en práctica familiar, coacción de empleados y cooptación de políticos para disminuir impuestos del grupo económico amigo, aliado, o benefactor, es una agresión a la convivencia política. La desconfianza ha surgido de antecedentes de hoy y de ayer y de la debilidad mostrada durante la transición con los corsarios del régimen anterior. El pueblo chileno quería democracia para terminar con lo que había, no para reconvertir en honorables a los que transformaron empresas publicas en empresas propias y consideran legítimo facturar los gastos de sus casas en sus rut empresariales, sociedades de inversiones, o consultoras, o lo que sea una buena fórmula impositiva para hacer negocios. Esa tolerancia generó distancia hacia el poder. El despilfarro en publicidad, propaganda y logística en las campañas genera negocios para inescrupulosos y favorece a los partidos más vinculados a los grupos económicos. Qué país sensato pasa meses con sus espacios públicos invadidos por carteles y luminarias, sin ideas, con llamados inocuos, con fotos realizadas en serie.
Salvo excepciones los gastos electorales son excesivos. Es fácil sincerar los costos reales de las campañas sus rubros son controlables a simple vista. Disminuir gastos no es una tarea de expertos. Un debate abierto mostraría cómo se empezaron a considerar inevitables conductas incorrectas. Ya es una ecuación que a mayor gasto mayor costo político.

En Chile la conciencia social de un siglo, la necesidad de hacer las cosas asociados y solidariamente se resiste a la naturaleza del dinero a controlar todo. Cada generación renueva en parte la energía para no creer necesaria ni legítima cualquier actividad lucrativa.

Rafael Ruiz Moscatelli