Apreciada Presidenta Michelle Bachelet:

Ex oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea de Chile, torturados, encarcelados y expulsados de la institución, por oponernos al golpe de Estado en 1973, junto a su padre el General patriota Alberto Bachelet, nos manifestamos en apoyo de nuestros compañeros ex presos políticos, quienes han tenido que recurrir a una huelga de hambre para ser escuchados en sus demandas, las que nos interpretan a cada uno de nosotros.

Lo que piden los sobrevivientes de la dictadura cívico militar es que el Estado a través de su gobierno, cumpla con los compromisos que contrajo habiéndose incluido en el conjunto de países que respetan los derechos humanos y que rechazan y sancionan los crímenes de lesa humanidad, por ende la tortura y otros tratos o penas crueles. Por eso resulta incomprensible que agentes de su gobierno propongan establecer una mesa de diálogo para negociar derechos que son legítimos, cuyo valor histórico, ético y moral no es asimilable a bienes de consumo que se valoran en acuerdo a unas necesidades económicas pre establecidas.

Este gobierno, tal cual lo hicieron los anteriores, está equivocando el camino,  intentando reducir las demandas de los ex presos políticos a medidas pecuniarias, eludiendo establecer una base moral sobre la cual se definan políticas con rango estatal para la reparación social. El referente para instaurar soluciones son los convenios internacionales que Chile ha suscrito, que son de carácter obligante, los cuales  establecen el deber de “garantizar a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible y que en caso de muerte de la víctima, como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tengan derecho a indemnización”.

Presidenta, su gobierno no puede seguir amarrado, como lo hicieron los gobiernos de la Concertación, a pactos indignos en los que negociaron los derechos humanos, la verdad y la justicia,  en bien de una transición que hoy muestra en plenitud sus vacíos y vicios. Lo que corresponde hacer es, acoger en nuestro ordenamiento legal interno, las medidas legislativas y administrativas que se ajusten a las obligaciones internacionales, para luego establecer indemnizaciones,  reparaciones monetarias justas y adecuadas en beneficio de quienes fueron luchadores sociales y víctimas de tortura, prisión y exoneración.

Solo reconociendo la obligación del Estado en estas materias se abrirá la puerta a la verdad, la que hoy está encerrada en archivos ocultos que alientan la impunidad, manteniendo en secreto las aberraciones cometidas así como a los instigadores y a los autores de los crímenes de lesa humanidad. Las cárceles de Chile, los campos de concentración, y los centros de torturas fueron instrumentos usados por el terrorismo de Estado, allí iban a parar quienes no eran asesinados, que son los sobrevivientes que hoy piden a su gobierno les entregue una reparación digna por años de exclusión, maltrato y olvido.

Presidenta, es hora de reivindicar la verdad, la dictadura cívico militar no dejó el poder por su voluntad ni por negociaciones entre cuatro paredes, la democracia que hoy disfrutamos le costó la vida a miles de chilenos y chilenas, muchos de los cuales aportaron enfrentando a la tiranía y que por esa razón fueron a parar a las cárceles para después de años recuperar su libertad, pero con sus papeles legales exponiendo su condena, extendiéndoseles con ello la sanción que les impuso la dictadura en democracia, incapacitándoles para  ejercer el libre derecho a la reinserción social plena y su derecho al trabajo.

Presidenta, los ex presos políticos son los sobrevivientes de una época y de un período de terror impuesto por una oligarquía política y económica, que quiso silenciar y borrar toda huella de los años en que Chile nacionalizó el cobre, materializó el derecho a la educación gratuita, reivindicó el derecho de los trabajadores a la salud, a un trabajo y a una vida digna, un gobierno que dibujo un camino  de esperanzas y  de futuro para sus futuras generaciones.

La huelga de hambre que están llevando a cabo por 37 días los ex presos políticos es un remezón a la conciencia del país, nos recuerda que vivimos una democracia limitada o incompleta, en la cual aún no hay justicia plena por los crímenes de lesa humanidad y las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Nos recuerda que aún hay familiares de detenidos desaparecidos esperando información de las FF.AA sobre el paradero de sus seres queridos.

Por ello no es aceptable que se intente negociar con los derechos que legítimamente nos corresponden, ni mucho menos, volver  a los acuerdos  cocinados entre cuatro paredes, cuyo fin es satisfacer la espuria política de los empates entre la concertación y la derecha, la que por años ha impedido conocer la verdad, carcomiendo la convivencia nacional y la reserva moral de nuestra sociedad.

Enrique Villanueva M

Vicepresidente CEEFA-73

Centro de Estudios Exonerados Fach 1973.