El creciente vacío de poder generado por la crisis ética de la política ha devuelto el cerco de lo posible a su lugar de origen. Y a menos que se avecine un movimiento ciudadano con similar adhesión al de 2011, asistimos al fracaso de las reformas a la Educación, al Código Laboral y al cambio de Constitución.

Así lo notificó el comité central del Partido Socialista en sus resoluciones de este último fin de semana, después que hicieran lo propio en ICARE los ministros del Interior, Jorge Burgos, y de Hacienda Rodrigo Valdés.

En cierto momento de esta crisis la Presidenta tuvo la oportunidad de sortear el descrédito de la política, y el suyo propio, liderando el cambio constitucional, mediante una convocatoria a lo que alguna vez llamó “mayoría social y política”. Esa que hoy está entre los profesores en paro, los estudiantes que marchan y los trabajadores en huelga. Pero Michelle Bachelet desaprovechó las tres oportunidades que ha tenido para tomar el camino del reencuentro con la ciudadanía: la agenda de probidad, el discurso del 21 de Mayo y el cambio de Gabinete.

Después de esos hechos, se agotaron sus fichas, ya menguadas por los casos Caval y Soquimich.

Así las cosas, la popularidad del Gobierno está derrumbada y hay toneladas de escombros sobre su programa. Ante el estado catatónico de la derecha, la mayoría social que votó por el actual Gobierno en 2013 hoy es su oposición más activa y desconfía a tal punto del Ejecutivo que, en lugar de impulsar sus proyectos de reformas, hay sectores que prefieren que las iniciativas legales se retiren del Congreso, a la espera de un mejor momento… o de un mejor Parlamento.

Por su parte, los mismos que el año pasado reprochaban el carácter “sacrosanto” que pretendía darse al Programa de Gobierno, hoy exaltan la “prudencia” como vía de expiación para la crisis de las elites política y empresarial. Como argumento, utilizan el tristemente célebre recurso del crecimiento económico; todo un deja vu.

Y por prudencia no están entendiendo la definición aristotélica -deliberar y juzgar de una manera conveniente para los gobernados- sino una de las cuatro virtudes cardinales del catolicismo, que asigna al concepto una moderación propensa a la conservación del orden.

En 2014 la estrategia de los “prudentes” consistió en morigerar las reformas hasta hipotecar su eficacia. Es lo que se hizo con una reforma tributaria que, finalmente, no logrará recaudar los recursos para cumplir la promesa de gratuidad universal en la Educación.

Este año, la crisis política multiplicó el partido de los prudentes y el camino ha sido ajustar los cambios a la vieja medida de lo posible, por la vía de una mayor gradualidad o simplemente la postergación indefinida. De este modo, aunque el proceso constituyente comenzaría en septiembre, el mecanismo sería de total informalidad, mientras crecen las voces que proponen dejarle la tarea al nuevo Congreso de 2018.

Lo mismo sucede en relación a los cambios laborales. La Cámara de Diputados estableció un derecho a huelga con amplias excepciones –servicios mínimos- e introdujo el contrabando de la flexibilidad laboral, a través de los llamados pactos de adaptabilidad.

Lo que hoy es posible equivale a lo mismo que pudo hacerse en los tiempos de la Concertación, cuando al menos existía el justificativo de carecer de mayoría parlamentaria.