En el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público sobre los documentos de identidad falsos del ex jefe operativo de la CNI  que cumple condena por violaciones a los derechos humanos, Álvaro Corbalán, dirigentes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos se reunieron con la Ministra de Justicia, Javiera Blanco.

En la antesala a la cita, la Secretaria de Estado se refirió al Caso Punta Peuco y las medidas gubernamentales que se tomarán.

“Sucedió a principios de este año, a partir de ello se inició un procedimiento sumario que está en curso y se estableció una sanción que tenía que ver con la suspensión de visitas, parte de los protocolos para reforzar la seguridad” indicó la Ministra y añadió que la cartera pasará a ser también de derechos humanos y serán temas de discusión la tipificación de tortura”.

Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, recordó que el reo aún tiene vínculos con las Fuerzas Armadas, particularmente con el Ejército, lo que en su opinión deja la duda de si hay participación de la  institución en la investigación, cuando asisten regularmente a al Penal Punta Peuco a ver en qué condición están los reos.

Asimismo, Lorena criticó el actuar de Gendarmería como una señal de impunidad al no trasladar a Corbalán del Penal a la Penitenciaria, cuando existe una sospecha de fuga con los últimos hallazgos.

“El Gobierno se enteró hace poco, pero cuáles son las medidas que le van a exigir a Gendarmería que se tomen y particularmente, cuál es la visión que tendrán respecto al Penal Punta Peuco. Hoy se pone nuevamente en evidencia que  no puede seguir funcionando esta cárcel especial, irregular respecto a la situación carcelaria respecto del resto del país. Vía decreto como lo hizo Sebastián Piñera al cerrar el Penal Cordillera, debiera cerrarse el Penal Punta Peuco”.

El diputado socialista Raúl Saldívar, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, manifestó su repudio a los nuevos antecedentes como parte de una conducta de personas que se asociaron ilícitamente para violar los derechos humanos de los chilenos, advirtió que podrían agravarse las sanciones y a la vez, puede traducirse en medidas más drásticas.

“Estamos trabajando en la creación de la Subsecretaria de Derechos Humanos y el Gobierno va a tener una mayor injerencia en el tema. Esto está en manos de la Justicia, pero el Gobierno, evidentemente, a través de los órganos competentes tendrá que ver de qué modo respalda y apoya situaciones en las que haya que buscar justicia y verdad”.

Por último, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos se reunirá nuevamente con la Ministra de Justicia el 27 de julio donde esperan generar un cronograma para avanzar en iniciativas del ámbito legislativo y voluntades políticas del Gobierno frente a este tipo de casos.