Luego de asumida la crisis en la salud pública por las autoridades y todos quienes trabajan en el área, el peso de las malas condiciones de atención recae sobre los pacientes que asisten a los hospitales y centros de salud estatales.

Mientras el Colegio Médico acaba de aceptar la propuesta del Ministerio de Salud sobre mejoras al sistema, la doctora hematóloga del Hospital Salvador Bárbara Puga, asegura que el abandono en materias como recursos humanos y materiales, además de la deuda hospitalaria que alcanza los 14 mil millones de pesos, y la reducción de presupuesto de la institución, hoy se representa afectando principalmente a la atención de patologías de alta complejidad.

“El Hospital estuvo cuatro días sin escáner, lo que significa manejar a los pacientes de alta complejidad sin imágenes. Están faltando insumos en farmacias. Es una situación que día a día se hace más crítica y tensiona a los médicos que tenemos que pelear por las cosas que los pacientes requieren”.

La especialista advirtió que la crisis en salud no se resolverá en el momento en que los médicos cierren la mesa de diálogo con el Gobierno, puesto que para ello también debe cambiar el modelo de gestión en salud, que considera a los establecimientos públicos más ineficientes que los privados.

En la línea de lo anterior, el presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam) Esteban Maturana, afirmó que la crisis se traduce en listas de espera  y reclamos en los consultorios, hospitales y servicios de urgencia. No obstante, el costo en el sistema de seguros privados de salud al ser discriminatorio, por ejemplo con los adultos mayores, hace que los pacientes prefieran la atención pública de todas maneras.

“Nosotros somos la cara visible del sistema, los que tenemos que dar las explicaciones, a pesar de que no somos los culpables de que no hayan especialistas, maquinaria e insumos. La responsabilidad está en quienes tienen en sus manos la posibilidad de tomar decisiones, es decir aportar recursos, terminar con el desangre del sistema público hacia el privado y generar la suficiente infraestructura”.

Desde la otra vereda, Elizabeth Vera representante de la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Salud,  fue enfática al lamentar las interconsultas de la atención secundaria que pasan más de dos años sin llamar al paciente.

“La Constitución dice que la salud es un derecho, pero lamentablemente no lo es porque hay que pagar por ella y más porque sea de calidad. Así, frente a la ley de deberes y derechos del paciente siempre hay resquicios para que, de alguna u otra forma, el usuario no se sienta bien atendido. De hecho, hay esperas largas de tres o cuatro años en que una persona que parte con artrosis a la rodilla pasa a tener a la cadera porque no se le dio el tratamiento justo en el momento que se requería”.

Por último, Elizabeth Vera apuesta por una mesa tripartita con un trabajo en conjunto entre el personal de salud, el Gobierno y los usuarios para dar solución al conflicto.