La descomposición de los partidos políticos en Chile, después de radicarse en los de la derecha opositora, pasó a instalarse con fuerza al interior de la oficialista Nueva Mayoría. No hay uno, sino varios puntos de quiebre gubernamentales que van más allá de conservadores y progresistas, de un supuesto bipolarismo entre una izquierda representada por el Partido Comunista y un conservadurismo de la Democracia Cristiana.

En verdad, los fuegos se abrieron el año pasado con el símil de la retroexcavadora voceado por el presidente del Partido por la Democracia, Senador Jaime Quintana, el que no fue suscrito por la mayoría de sus dirigidos y que aún hoy es majaderamente citado por la derecha. Si esta y los empresarios lo hacen para defender sus intereses, los personeros más moderados del oficialismo terminaron de hecho por introducirlo en el Gobierno.

La Presidenta de la República lo acogió como “realismo sin renuncias” en su cambio de gabinete y en las multiplicadas declaraciones que hace desde entonces. La jefa del Partido socialista, Senadora Isabel Allende, fue la precursora de este nuevo enfoque, argumentando que las finanzas del país hacían ver la necesidad de un gradualismo y jerarquización. A esto se sumaron personeros como Camilo Escalona, Pepe Auth, José Miguel Insulza y hasta el ex presidente PS Osvaldo Andrade.

Pero no todos están alineados fijamente, como se demostró ante la huelga que por 53 días mantienen los profesores por el proyecto de Carrera Docente enviado por el Ejecutivo al Legislativo. Los comunistas votaron en favor de tal iniciativa, para introducir en la discusión parlamentaria los cambios reclamados – con mayor o menor radicalidad- por las bases y dirigentes de los profesores. En cambio algunos pepedés como Cristina Girardi y la decé Yasna Provoste amenazaron con sus votos disidentes a La Moneda.

Pero mientras la diputada comunista Camila Vallejo reaccionó emocionalmente en público por los zigzagueos de los diputados en la comisión de educación en la Cámara, el jefe de su partido, el también parlamentario Guillermo Teiller, advirtió que si no se cumplía el programa gubernamental que lo llevó a integrarse la Nueva Mayoría tendría que evaluarse su permanencia en ella.

Todo esto demuestra que el poder fáctico de la derecha política y económica continua incólume, porque ha logrado provocar una tremenda fisura en la centro y la izquierda. Al oligopolio que se impuso durante 20 años en el país se agregó en la última década el poder social impulsado por los estudiantes, al cual se muestran muy receptivos los políticos. Se diría que, más que la izquierda tenga un pie en la calle y el otro en las instituciones, son los actores sociales los que desde la calle han logrado introducir sus cuñas en los poderes públicos. Por eso es que los partidos traten de no contrariar a los movilizados, aunque sea con vistas a las próximas elecciones municipales y al surgimiento de múltiples partidos y movimientos disidentes.

Tal situación llego a los jefes socialistas y comunistas a exigir al Ministro del Interior una investigación de la responsabilidad de Carabineros en la muerte de un trabajador subcontratado del cobre durante el levantamiento de barricadas en un acceso a El Salvador. Si el Ministro Burgos visitó el día anterior a un subteniente baleado por un delincuente en motocicleta, gestos similares debieran hacerse con trabajadores y estudiantes.

Los parlamentarios dieron una cuenta al país ante el descredito de la política y su colusión con los negocios. Pero nada logra aventar las sospechas de la ciudadanía sobre la falta de sinceridad de los dirigentes partidarios.

Mientras el subsecretario Aleuy llega a decir que un 30 por ciento de los participantes en las marchas sociales son delincuentes, la UDI llama a colocar en el contexto histórico la quema de dos jóvenes hace 29 años y no se muestra dispuesta a censurar a uno de sus alto representantes “el coronel (r)” Jovino Novoa. No lo degrada, como lo exige la madre del joven Rojas De Negri para los militares en retiro que encausados por el Juez Carroza, después que un conscripto rompiera el silencio. Ella exige también que todos los autores y cómplices cumplan condena en cárceles ordinarias y no en batallones o en sus casas. Y pese a avalar la asistencia y solidaridad que en 1986 prestara la entonces interna Doctora Michelle Bachelet no ahorra críticas a la falta de atención de los gobiernos de la Concertación a las víctimas de derechos humanos.

La suma de todos estos elementos configura no un cuadro de crisis institucional, pero sí una gran incertidumbre respecto del futuro de Chile.