La Ministra de Justicia, Javiera Blanco, defendió la agenda antidelincuencia del Gobierno, la Ley de fortalecimiento del Ministerio Público y la pronta incorporación en los cambios a los procesamientos judiciales del concepto de “pequeñas causas”.

Sobre el envío del proyecto de nuevo Código Penal, que en un par de meses ingresará al Congreso, la Secretaria de Estado aseguró que este cuerpo normativo recoge el aporte que ya varias comisiones han hecho para dejar atrás una legislación que data del XIX.  Un documento que según informó, permitirá valorizar adecuadamente los delitos.

En este Seminario realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el académico Alfredo Etcheberry, opinó sobre la regulación de la asociación ilícita y las modificaciones que se deben hacer para que no se sancione la simple pertenencia a este tipo de organizaciones.

El experto en  Derecho Penal afirmó que el nuevo Código debe entender como asociación ilícita a toda agrupación formada por a lo menos tres personas con carácter jerarquizado y permanente, cuya finalidad sea la de cometer delitos de cualquier especie, aunque no sea ése su único fin. Segundo, que se imponga una pena base a quienes sean jefes, dirigentes u organizadores.

El Fiscal Nacional, Sabas Chahuán calificó como “inédito” este encuentro internacional.

El Fiscal General de la República del Ecuador, Galo Chiriboga, destacó la propuesta que busca crear una Corte Penal para la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que revise los delitos de trata de personas, lavado de activos, capitales, corrupción, entre otros.

“Hay colaboración del Fiscal de Colombia, del anterior fiscal de Perú, de la Fiscal de Argentina, del Fiscal de Bolivia, del Fiscal de Venezuela, de Ecuador y esperamos que hoy se sume Chile. Vamos generando grupos de trabajo que permitan concluir con un borrador que pueda ser presentado a los presidentes ojalá el próximo año”.

Chiriboga añadió que si al menos siete de los presidentes de Unasur firman el borrador de tratado, éste tendría que votarse en los Congresos u organismos parlamentarios de cada uno de los países para ser aprobado, lo que a su juicio, podría tardar dos a tres años.