En un país en que los buenos negocios  son mucho más importantes que los derechos humanos, la libertad sindical y la consolidación de la democracia, un importante emprendimiento podría ser construir más cárceles, cuando ya estamos entre las naciones que más presos tenemos en relación al tamaño de nuestra población. Sobre todo, cuando no existe indicio de que se atacarán las causas de la criminalidad, no se implemente nada sustantivo para prevenir los delitos o para superar nuestras profundas inequidades, el caldo de cultivo de este fenómeno social.

Más que cerrar el penal de Punta Peuco, la verdad es que las autoridades podrían impulsar la edificación de nuevos penales de tres, cuatro o cinco estrellas; incluso de solo una o dos si se atiende que a todo nivel social los delitos se prodigan. Podría ser un estímulo a las empresas constructoras que empiezan a desacelerar su actividad y constituirse en un buen estímulo a la contratación de mano de obra, antes que los niveles de desocupación se empinen.

Desde luego habría que construir cárceles de lujo para los delincuentes de cuello y corbata, grandes narcotraficantes y pedófilos con sotana, recintos similares o hasta mejores al que hoy alberga a los militares y policías criminales. Los cuales, creemos, no tendrían mayor inconveniente en compartir penal, siempre y cuando sus celdas sean individuales y en los baños haya un compartimento especial para los abusadores sexuales. Cárceles solo de cuatro estrellas para los políticos corruptos de los partidos mayores, de la derecha, de la Democracia Cristiana y de un sector del Partido Socialista, pero sólo de tres estrellas para los de los partidos chicos, las otras “sensibilidades socialistas”. De acuerdo, también, al monto de lo defraudado al fisco o de lo obtenido como sobornos.

Penales de dos estrellas para los políticos de izquierda, de los referentes extraparlamentarios y delincuentes más habituales, es decir para los que asaltan casas y a los acongojados transeúntes. Hombres, mujeres, viejos y niños que ya ni se atreven a salir a la calle después de los  noticiarios de televisión terroristas, en su empeño de causar miedo e inseguridad a toda la población. Además de contribuir a la caída estrepitosa de la popularidad de la Presidenta de la República, en el interés de los grandes auspiciadores y de las empresas por acortar su período presidencial y procurar que el ex presidente Lagos llegue luego “a poner orden en La Moneda”.

Finalmente, recintos de solo una estrella para los mapuche, los inmigrantes peruanos, bolivianos y colombianos detenidos por dolo efectivo o simple sospecha por los carabineros que ahora contarán con una nueva ley abusiva para satisfacer sus más bajos instintos. Para encerrar a los miembros de nuestros pueblos originarios a los cuales se les descargará nuevamente la Ley de Seguridad del Estado que alguna vez la Presidenta Bachelet prometió no aplicar, pero que ahora se convierte en un verdadero consolador represivo en manos del ministro Burgos y de su lugarteniente Aleuy.

Tampoco habría que despreciar un nuevo Anexo Cárcel de alto nivel para los colonos instalados en la Araucanía. Aquellos de tez blanca, ojos claros y pelo rubio, cuanto de apellidos ingleses o alemanes, si alguna vez estos forajidos que queman casas y matan a nuestro pueblo originario fueran procesados y  encausados judicialmente. Como tampoco debiera descartarse la construcción de penales con salas cuna y jardines infantiles para los delincuentes de tres, cuatro y hasta 12 años de edad, previendo que así, como están las cosas, hasta los recién nacidos puedan llegar a delinquir. Una vez que la Ley se demostrara tan ineficaz y renunciara a eliminar de la faz de Chile a un niño como aquel Cisarro, cuyas argucias hasta los nonatos ya se interesan en emular.

Una excelente “oportunidad de negocios” para las empresas constructoras que ofrecen tanta mano de obra barata, antes que la desaceleración económica (cuyos culpables son los chinos) pueda empinar las índices de desocupación, algo que aterra a nuestros ministros de Hacienda tanto como el derecho a huelga a los grandes empresarios.