Una serie de irregularidades se han denunciado en la comuna de Puchuncaví en torno del quehacer de la empresa Servicios de Construcción y Arquitectura Seconsa, a la que se acusa de vender terrenos en blanco a más de 15 familias para la supuesta construcción de viviendas sociales, mediante contratos para un bien a futuro.

Sin embargo, de acuerdo a los denunciantes, la empresa de servicios sanitarios Esval indicó que en el terreno no había factibilidad de agua potable, a su vez, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo expuso que era imposible desarrollar ahí un proyecto de vivienda, pues Seconsa quería entregar sólo las casas, sin urbanización lo que está fuera de la norma.

Marco Toledo, encargado de vivienda de Puchuncaví, cuestiona la idoneidad de los terrenos pues, desde su punto de vista, Seconsa nunca estuvo interesada en construir realmente las viviendas y sólo busca recaudar fondos aprovechando la imposibilidad de las familias de acceder a créditos formales.

“Lo más terrible de todo es que el terreno en cuestión es un terreno de carácter rural que no tiene factibilidad de agua y que por su ubicación no tiene ninguna posibilidad de tenerlo. Un terreno rural requiere un cambio, una modificación del uso de suelo, que se pide al Ministerio de Agricultura y después va derivado al Serviu y se evalúan ciertas condiciones urbanísticas para dar el vamos. Eso demora años. La verdad es que en el terreno es imposible desarrollar hoy ningún proyecto habitacional”.

Otra de las denuncias contra la empresa proviene del arquitecto Sebastián Román, quien habría recibido amenazas telefónicas por denunciar que se le adeudan casi seis millones de pesos a partir de la elaboración de un anteproyecto realizado de forma expedita, pues según relata, habría sido presionado para entregarlo en plazos extremadamente acotados.

“Se hace entrega de esto y nunca me pagan, son aproximadamente seis millones de pesos. Ellos no me lo cancelan y cuando yo exijo el pago, ellos se justifican en que no tenían los fondos, en que les debía plata incluso el Serviu y, finalmente, me dieron como respuesta que no piensan pagarme”.

Martín Quintana Dávalos, gerente de operaciones de Seconsa desmintió la veracidad de las acusaciones, indicando que interpondrá acciones legales en contra de los denunciantes.

Además, descalificó la denuncia del encargado de vivienda Marco Toledo, quien le habría pedido dineros para financiar una supuesta campaña a concejal el próximo año, a cambio de “ser la empresa de gestión inmobiliaria social de la municipalidad”.

“Como candidato a concejal me dice que no contaba con los recursos y que al ser yo una empresa que iba a operar en la zona él me podía dar acceso a un contrato marco con la municipalidad, siendo yo egis (empresa de gestión inmobiliaria) en exclusividad de la municipalidad, lo cual es altamente cuestionable porque como municipio una entidad pública no puede estar “casada” con una entidad privada”.

En relación con la denuncia del arquitecto Román, el gerente de Seconsa señala que no existe una obligación legal ni vínculo alguno entre el profesional y la constructora, pues se trataría de simples presupuestos que se piden sin compromiso de que la obra planificada sea aprobada.

“El famoso anteproyecto, Sebastián no lo puede acreditar porque jamás nos hizo llegar planimetría alguna ni especificación técnica, ni estudio, ni evaluación, ni tenemos firmado contrato con él. Él simplemente nos envió las listas, unos render, que se llaman en arquitectura, en el cual tu expones tu modelo de vivienda, tu propuesta y la empresa, en este caso nosotros, está en total libertad de decir me gusta, te lo pago o no me gusta, no hacemos trato”.

Cabe consignar que a algunas de las familias involucradas se les ha propuesto la devolución del 75 por ciento de lo invertido, según detalló el abogado de la municipalidad de Puchuncaví Sergio Salazar.

De todas formas, de acuerdo a los denunciantes, quedarían fuera de este posible acuerdo el arquitecto Román y aquellas familias que entregaron recursos sin firmar el contrato y que tendrán que esperar el resultado de la investigación judicial.