Una propuesta alternativa a la Comisión Asesora para el estudio de un Nuevo Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental hizo la Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente (Fenatrama), junto a un grupo de parlamentarios y  diversas organizaciones ciudadanas y medioambientales.

A cinco años de la última reforma de la Institucionalidad Ambiental, el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet estableció una Comisión Asesora sobre la materia. Sin embargo, de acuerdo a diputados y trabajadores, en la creación de dicha comisión existieron serias falencias en cuanto a los actores convocados para la tarea, así como en la equidad y proporcionalidad de estos.

En este contexto, anunciaron la creación de una Comisión Sindical Cívico Parlamentaria (CSCP), instancia que elaborará un Documento Diagnóstico de la Reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con el objetivo de avanzar en los cambios que la Institucionalidad Ambiental requiere, al alero de la participación democrática.

Álvaro Gómez, presidente de la Federación de Trabajadores del Medio Ambiente indicó que el objetivo de esta comisión es ampliar la mirada sobre la contingencia de la evaluación ambiental, considerando aspectos técnicos, de usuarios y de legisladores.

“Lo que queremos lograr es una propuesta alternativa que recoja no solo la visión sectorizada que hoy día tiene la comisión ministerial, y que contenga las opiniones de quienes trabajamos en el sistema, de quienes son usuarios permanentes como es el caso de la sociedad civil con sus organizaciones y también de quienes resuelven en el parlamento las leyes relacionadas con el medio ambiente”.

En este sentido, la diputada PPD Cristina Girardi indicó que espera que el Ejecutivo recoja e incorpore los contenidos que emanen de esta propuesta, cuyos resultados estarán a disposición antes de que la comisión oficial termine su trabajo.

Además, la parlamentaria indicó que la Institucionalidad Ambiental no está cumpliendo el rol para el que fue diseñada, pues a su juicio sirve más a los privados que a la comunidad.

“Precisamente es la pieza que regula que se produzca un equilibrio entre los proyectos productivos que obviamente pueden generar desrrollo económico, interés para el privado, pero donde la ciudadanía y el propio medio ambiente no tienen defensa y ese es el rol del ministerio de Medio Ambiente y ese es el rol del Servicio de evaluación de impacto ambiental y no está operando en ese sentido, está operando para servir los intereses de los privados”.

Entre los elementos consignados por esta comisión paralela destaca el consenso que existe en que son pocos los espacios de participación que ofrece el sistema vigente.

Además, los miembros de la comisión señalaron que les causa preocupación el hecho de que el Estado se mantenga ausente en los conflictos que surgen entre los titulares de proyectos evaluados por el SEIA y las comunidades.