Esta frase se acuñó hace aproximadamente 2000 años en el período de apogeo del Imperio Romano y se ha utilizado para definir aquellas políticas populistas de los gobernantes que buscan conseguir votos más que hacer el bien a su pueblo. Pues bien la Ley 20.850 o también llamada Ley Ricarte Soto, se acerca mucho a esta definición: Sin reales beneficios sino más bien parte de una especie de “reality político” en busca de rating o encantamiento, o mejor dicho re-encantamiento de un gobernante con baja aprobación ciudadana.
La historia de esta Ley parte con los más de 11 mil pacientes que fueron convocados por el ya fallecido periodista Ricarte Soto, que vieron con esperanza un camino o salida a su crítica situación médica y financiera. Con el corazón lleno de fe no sólo marcharon una sino dos veces por las avenidas de Santiago Centro.
Ante la visibilización de esta cruenta realidad, el gobierno de turno decidió hacerse cargo de la situación, presentando un proyecto de ley que el gobierno siguiente convirtió en ley. Los pacientes y sus familiares e instituciones asociadas que los representan, presentaron sus observaciones y comentarios al proyecto, a través de la Comisión de Salud del Senado.
Hoy después de casi 2 años de trabajo, reuniones, observaciones, etc. aún nadie sabe concretamente quien será o serán los verdaderos beneficiarios de esta ley.
Todo indica que esos 11 mil pacientes no verán ningún cambio en su situación actual. Solo ha trascendido que las patologías catalogadas como “raras” y que ya habían obtenido beneficios directos desde Fonasa (dada su lucha individual de años) se ampliarán a los beneficiarios de Isapres y Fuerzas Armadas. A lo que esta la ley Ricarte Soto llamó pomposamente: Acceso Universal.
A eso sumamos que nuestros abogados legisladores, en particular la abogada Andrea Martónez, su equipo asesor y el Subsecretario de Salud aprovecharon la instancia para endurecer la norma chilena de investigación clínica.
Con esto sumado, el panorama se vuelve aún más oscuro, pues muchos de los pacientes que hoy acceden a tratamientos por esta vía, gratuitamente, que los mantienen vivos, con la patología controlada y con excelente calidad de vida, verán cómo se cierran los estudios siguientes o nuevos perdiendo su única tabla de salvación. Esto ha constituido una verdadera “trampita de la ley” para reparar normas anteriores.
Me pregunto qué diría Ricarte se supiese que su proyecto se usó más que para dar; para quitar beneficios a los pacientes. Sin ir más lejos la CIF (Cámara de la Industria Farmacéutica) publicó los alcances nefastos de este artículo en particular, que ruego lean desde este link.
Lo que quizás sí se pueda considerar un avance, es que la existencia de esta ley permite que si mi tratamiento cumple con los parámetros de inclusión que reglamenta la ley, y que a pesar de aquello, no se me entrega el beneficio por derecho adquirido, puedo interponer un recurso de protección por el derecho a la vida.Por ahora, esto es el único beneficio real que nos dejaría la Ley 20.850.
Y como dijo el periodista fallecido por un cáncer pulmonar, ” los pacientes no pueden esperar”. Y yo agregaría que tampoco se deben buscar beneficios políticos a costa de sus tragedias personales. Por eso declaro erradicar de Chile la vieja frase que titula mi columna y cambiarla por: No más pan y circo, sino: más acceso universal y de calidad a la Salud.
El autor es director Fundación Cáncer Vida.
