Los directores de El Ciudadano Bruno Sommer y Sebastián Larraín presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado de Chile, por haberlos encarcelado como consecuencia de una publicación de prensa.

Se trata de la reproducción de una entrevista grabada en 2013 a un ex trabajador de la familia del entonces diputado Miodrag Marinovic, quien hizo graves denuncias contra el empresario ganadero y hotelero de Punta Arenas en momentos en que postulaba al Senado.

El artículo fue calificado por los tribunales como “injurioso”, por lo que los directores del semanario recibieron una condena de cárcel. En esa línea, Bruno Sommer afirmó que el fallo puso cortapisa a la libertad de expresión y al libre ejercicio del periodismo en el país.

El periodista cuestionó el que a la justicia no le importó si era verdad el contenido de la denuncia: “Según la jueza, Paola Robinovich, lo que primó fue el daño causado a la honra de Marinovic, y producto de ello nosotros fuimos condenados a tres años y un día, pero solo por tener nuestros papeles limpios hoy no estamos tras las rejas. Eso quiere decir que, con la actual legislación que tenemos en el país, si se vuelve a presentar una querella en nuestra contra y se ocupa la misma jurisprudencia, nosotros nos iríamos presos”, explicó.

Los afectados añadieron que con este tipo de casos queda claro que la decisión del Estado de Chile es simplemente perseguir a quienes tienen una visión crítica, criminalizando la comunicación en el país.

Por su parte, el abogado defensor Mauricio Daza afirmó que Chile está violando los tratados internacionales con esta sentencia, la que fue incluso ratificada por la Corte Suprema: “Chile no respeta los parámetros establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o del Pacto de San José de Costa Rica” aludiendo al debido respeto de la libertad de expresión y a la protección mínima para el ejercicio del periodismo, en el contexto de una democracia en forma.

El abogado añadió que la situación es delicada cuando “acá se han vulnerado también las garantías mínimas para un debido proceso, lo que además se da en un contexto de concentración de los medios de comunicación, que están vinculados con grupos económicos que, a su vez, aparecen vinculados ilegalmente la política”.

Pedro Orthusteguy, otro de los abogados de la causa, recordó que Chile ha sido condenado a nivel internacional por infracción a los mismos derechos e indicó que, en los últimos años, Honduras  Jamaica y Argentina han eliminado del Código Penal los delitos de injurias y calumnias, con lo que recogen los acuerdos de la misma CIDH.

No solo la defensa fue jurídica. El Colegio de Periodistas de Chile también asistió a la Comisión a entregar su respaldo ante lo que consideran un atentado más a la libertad de expresión, no sólo de quienes comunican, sino también de todos los chilenos.

La presidenta de organismo, Javiera Olivares, advirtió que, finalmente, la denuncia que realizaba El Ciudadano nunca fue investigada. Por eso, como gremio decidieron asistir y visibilizar las dificultades que implica ejercer la profesión en nuestro país: “Esta denuncia se relaciona con una agenda de trabajo que nosotros venimos desarrollando hace más de un año, la misma que nos trajo en marzo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, junto con diversas organizaciones de América Latina, con las que denunciamos el nivel de concentración y cómo afecta a la democracia toda”, argumentó.

Junto con su visita a la CIDH, la delegación chilena se reunió con el Relator de Libertad de Expresión del organismo, Edison Lanza, para hacer visible tanto este caso, como otros relativos a la persecución y al hostigamiento contra medios independientes y radios comunitarias por parte de organismos del Estado.