Señor director:

A medida que nuestro país fue conociendo los detalles de las barbaridades cometidas por las FF.AA. y de Orden durante la dictadura de Pinochet, se fue revelando de manera nítida el proyecto del tirano y sus secuaces: la instauración de un Estado criminal.

El objetivo de este Estado criminal fue desde un comienzo reemplazar el libre juego de las opiniones políticas, es decir, lo propio de una organización estatal, por la persecución, la tortura, el exilio forzado y la ejecución de los opositores.

La acción represiva y policíaca, comandada directamente por el dictador y sus principales esbirros, tenía, sin embargo, un objetivo aún más vasto, pues golpeando y eliminando a ciertas categorías de ciudadanos se buscaba someter por el miedo a extensas capas de la población, desde donde podría surgir el amago de una oposición.

Se recordará a este respecto que el modus operandi corresponde casi exactamente a lo que ha sido en la historia reciente la constitución de los Estados criminales. Si retenemos el caso del más tristemente célebre, el Estado Nazi, veremos que las organizaciones que lo protagonizaban tenían la misma forma de operar, esto es reprimir con los campos de concentración, la tortura y la muerte a sus enemigos y multiplicar los autoatentados o las provocaciones para aterrorizar a quienes no prestaban un adhesión total al Tercer Reich.

Aquí la eficacia del Estado criminal alcanzó su apogeo pues, con la colaboración de ciertos nacionales de países invadidos, el Estado se convirtió en un Imperio criminal.

A ciertos chilenos se les sigue engañando, sin embargo, sobre la naturaleza criminal del Estado pinochetista hasta el punto de confundir las fechas. Así, está claro que la primera reacción de oposición armada de importancia a la dictadura se produjo en la segunda mitad de los 80, es decir, 12 o 13 años después del golpe. Lo que muestra bien que la fundación del Estado criminal precedió de mucho la legítima acción de los grupos de resistencia.

Todo esto podría ser cosa del pasado si no fuera que los mismos que habían concebido y aplicado la organización criminal de nuestra sociedad fueron quienes ordenaron el marco institucional que nos gobierna hasta hoy en día.

Como bien sabemos, y lo comprobamos a diario con el comportamiento de nuestras instituciones y nuestros políticos, el Estado chileno heredado de la dictadura es una superchería en la que nuestra ciudadanía ha perdido toda confianza. Para muestra un botón: ha bastado el veto de los patrones para que el programa de M.Bachelet votado por los electores en 2012, sea completamente, o casi, archivado.

Estado fallido pues como no podía ser de otro modo con unas estructuras generadas por felones que pensaban que el uniforme y la fuerza los habían transformado en hombres de Estado. Y Estado fallido también porque la transición pudo contar con su lote de arribistas, chaqueteados y cipayos prestos a los compromisos más viles y a los comportamientos más bajos.

Arturo Chacón