Con las manos juntas como en señal de oración, seguramente en la misma posición en que rezaba en la Parroquia El Bosque junto al cura Karadima (a quien le pagó su defensa ante la justicia), el Presidente de uno de los grupos económicos más influyentes de Chile, Eliodoro Matte, aparece en la fotografía de una entrevista en El Mercurio en que pidió perdón a la opinión pública y a los consumidores por el caso de colusión que protagonizaron por más de diez años CMPC y SCA (ex Pisa).
“Sólo me queda comprometerme a trabajar porque algo así nunca más vuelva a suceder en nuestro compañía”, señaló el domingo y tres días después se supo que “la Papelera” no presentará demandas civiles ni querellas penales contra sus ex ejecutivos involucrados en el escándalo de colusión, según la compañía, para que colaboren con la investigación.
Como dice el cantante argentino Pedro Aznar, “ya no basta con pedir perdón”. Los grandes empresarios se han coludido demasiadas veces en este país, abusando una y otra vez de la confianza de los consumidores que han preferido sus productos, como para creerles que ello no volverá de suceder.
Ya no son hechos aislados. A la luz de un nuevo caso de fijación de precios, esta vez entre el actor mayoritario y uno minoritario del mercado del papel tissue que se coludieron para impedir la entrada de un nuevo actor, la colusión empresarial parece ir convirtiéndose en regla más que en excepción.
Parece que el juego entre oferta y demanda, la competencia, la libre decisión de los actores que participan en los mercados y todos aquellos paradigmas económicos del modelo neoliberal que los empresarios han convertido en dogma al momento de oponerse a regulaciones, a un Estado fuerte y a reformas estructurales, están lejos de pasar de los manuales de economía a la práctica de muchos grupos empresariales chilenos.
Empresas con una posición dominante en los mercados de las farmacias, los pollos, los buses interurbanos, el transporte aéreo de carga, las navieras (y presuntamente también de los detergentes, según lo denunciado por el senador Alejandro Navarro), lejos de competir con mejores precios y calidad, se protegen usando para ello las más delictuales prácticas atentatorias contra la libre competencia que, en teoría, dicen defender con dientes y muelas.
No son abiertamente monopolios, pero se han comportado como tales agrupándose en carteles: poniéndose de acuerdo con empresas del mismo sector para disminuir o eliminar la competencia. Fijan precios, se reparten cuotas del mercado o limitan la oferta disponible, con el fin de aumentar sus beneficios en perjuicio de los consumidores.
Reglas del juego claras y estables, son el reclamo permanente de los grupos empresariales que acusan de generar incertidumbre cualquier intento por equilibrar la balanza entre oferentes y demandantes o por corregir las fallas de mercado.
Que la inversión extranjera se va a ir de Chile, acusaron con la implementación del royalty minero; que la clase media se va a ver perjudicada con el alza de impuestos; que se va a ver afectado el empleo con mayores regulaciones; que el derecho de propiedad debe ser intocable en la Constitución para no perjudicar el funcionamiento de los mercados.
Justamente la confianza pública ha sido el valor más afectado en los casos de colusión. No es casual, por ejemplo, que en EEUU, que penaliza con cárcel la colusión, dicho delito se llame “crimen contra la confianza”.
Expectativas y confianza son erigidos por el empresariado como valores superiores en un modelo de competencia perfecta que nunca es tal, porque los mercados fallan por falta de transparencia, opacidad o acciones atentatorias contra la libre competencia.
Y, paradojalmente, son esos principios los que se ven socavados con prácticas colusivas y monopólicas como las que repetidamente en los últimos diez años los consumidores han debido sufrir, casi hasta constituir un patrón de comportamiento empresarial. ¿Qué otro sector se develará coludido, aprovechando las desproporcionadas ventajas y eximición de multas que ofrece la delación compensada?
Bajo la cantinela de la “incertidumbre” los empresarios chilenos ha restringido la inversión interna, boicoteando las reformas tributaria, laboral y ahora constitucional, en un ciclo económico marcado por el fin de los commodities. Cuestión que se veía venir porque un precio del cobre alto no podía durar para siempre, pero que esta clase empresarial no estuvo dispuesta a enfrentar con mayor inversión, innovación, investigación o riesgo.
Los principales grupos empresariales chilenos, muchos de ellos surgidos al alero del saqueo al Estado en dictadura, en que la derecha económica compró a precio de huevo las empresas públicas que la derecha política les vendió, están más acostumbrados a sacar provecho del boom de materias primas impulsado por decreto (como el DL701 de la industria forestal, por ejemplo), que a innovar, invertir o emprender.
Más que capitalista, que para multiplicar sus ganancias debe innovar continuamente y así evitar que competidores más audaces lo saquen del mercado, la clase empresarial chilena ha devenido en rentista, que busca cobrar la mayor renta posible por los recursos (la mayoría naturales) con que cuenta. Está lejos de crear valor; sólo administra sus rentas. Rentismo por extracción de recursos naturales o por colusión, pero rentas al fin.
La colusión de grandes empresarios agrava la crisis de confianza de las elites que vive el país y refuerza la sensación de abuso que tiene la ciudadanía, por parte de grupos económicos que se dicen defensores de la libre competencia, pero no dudan en atentar contra ella para incrementar sus ganancias.
