Este martes la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile emitió un comunicado donde aclara los vínculos establecidos entre la institución y SQM. En la declaración, se señala que en los asuntos referidos a la investigación policial que revisa las boletas de honorarios ideológicamente falsas, se trata de una relación entre privados y afirma que la institución no tiene vínculo alguno con SQM.
Además comunicó que el 6 de abril, apenas 4 días después de conocerse el listado completo de los imputados del caso, se inició un sumario administrativo en orden a esclarecer los vínculos entre los funcionarios y la emisión de boletas. La investigación interna concluyó con la desvinculación de un funcionario por “incumplimiento grave al principio de probidad administrativa”, mientras que otros tres fueron sobreseídos, por no haberse logrado acreditar su participación en los hechos. Dos de ellos recibieron la medida de censura por negarse a colaborar en la investigación. Una quinta funcionaria fue absuelta.
“En este caso, como en los que corresponda, esta Facultad actuará siempre con la debida transparencia frente a las situaciones que le competa”, puede leerse en el documento.
Durante horas de la mañana, el decano de la facultad, Davor Harasic, adelantó que se trataba de personas que quisieron hacerse una remuneración extra, emitiendo boletas a favor de SQM por prestaciones que no existían y cheques que no recibieron. El decano corroboró además, que se trataba de funcionarios de contabilidad contra quienes se llevó a cabo el mencionado sumario administrativo.
Graves vínculos
El 2 de abril de este año, 173 personas fueron denunciadas ante el Servicio de Internos por emitir boletas y facturas por servicios no prestados a SQM. De esas, según consignó La Tercera, siete serían funcionarios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Las informaciones habrían sido conocidas tras la filtración de un informe que la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana (Bridec) de la PDI, habría enviado el 23 de septiembre a la fiscal del caso Carmen Gloria Segura. El documento de 44 páginas contendría las declaraciones emitidas por vfuncionarios de la Facultad.
Fabiola González Galarce, cajera de la institución desde 2008, habría declarado que a solicitud de su jefe directo, Juan Tobar Serey, habría hecho entrega de su clave del portal web del Servicio de Impuestos Internos para la emisión de boletas electrónicas, a su nombre, por “asesorías informáticas” que nunca se realizaron. Además de SQM, también se habrían emitido boletas a su nombre para las empresas SACSA, Inversiones Jaipur S.A. e Inversiones Silvestre Corporation Ltda. El monto total de las boletas emitidas por la cajera, entre 2010 y 2012 alcanzarían una cifra cercana a los 18 millones de pesos.
Según mencionó la funcionaria, Juan Tobar, habría solicitado boletas de la misma especie a otros trabajadores de la Facultad, entre ellos a Rodolfo Maira, analista contable, Juan Carlos Sepúlveda, encargado del inventario y Katherine Serey, esposa de Tobar.
Este martes la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile emitió un comunicado donde aclara los vínculos establecidos entre la institución y SQM. En la declaración, se señala que en los asuntos referidos a la investigación policial que revisa las boletas de honorarios ideológicamente falsas, se trata de una relación entre privados y afirma que la institución no tiene vínculo alguno con SQM.
Además comunicó que el 6 de abril, apenas 4 días después de conocerse el listado completo de los imputados del caso, se inició un sumario administrativo en orden a esclarecer los vínculos entre los funcionarios y la emisión de boletas. La investigación interna concluyó con la desvinculación de un funcionario por “incumplimiento grave al principio de probidad administrativa”, mientras que otros tres fueron sobreseídos, por no haberse logrado acreditar su participación en los hechos. Dos de ellos recibieron la medida de censura por negarse a colaborar en la investigación. Una quinta funcionaria fue absuelta.
“En este caso, como en los que corresponda, esta Facultad actuará siempre con la debida transparencia frente a las situaciones que le competa”, puede leerse en el documento.
Durante horas de la mañana, el decano de la facultad, Davor Harasic, adelantó que se trataba de personas que quisieron hacerse una remuneración extra, emitiendo boletas a favor de SQM por prestaciones que no existían y cheques que no recibieron. El decano corroboró además, que se trataba de funcionarios de contabilidad contra quienes se llevó a cabo el mencionado sumario administrativo.
Graves vínculos
El 2 de abril de este año, 173 personas fueron denunciadas ante el Servicio de Internos por emitir boletas y facturas por servicios no prestados a SQM. De esas, según consignó La Tercera, siete serían funcionarios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Las informaciones habrían sido conocidas tras la filtración de un informe que la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana (Bridec) de la PDI, habría enviado el 23 de septiembre a la fiscal del caso Carmen Gloria Segura. El documento de 44 páginas contendría las declaraciones emitidas por vfuncionarios de la Facultad.
Fabiola González Galarce, cajera de la institución desde 2008, habría declarado que a solicitud de su jefe directo, Juan Tobar Serey, habría hecho entrega de su clave del portal web del Servicio de Impuestos Internos para la emisión de boletas electrónicas, a su nombre, por “asesorías informáticas” que nunca se realizaron. Además de SQM, también se habrían emitido boletas a su nombre para las empresas SACSA, Inversiones Jaipur S.A. e Inversiones Silvestre Corporation Ltda. El monto total de las boletas emitidas por la cajera, entre 2010 y 2012 alcanzarían una cifra cercana a los 18 millones de pesos.
Según mencionó la funcionaria, Juan Tobar, habría solicitado boletas de la misma especie a otros trabajadores de la Facultad, entre ellos a Rodolfo Maira, analista contable, Juan Carlos Sepúlveda, encargado del inventario y Katherine Serey, esposa de Tobar.
Este martes la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile emitió un comunicado donde aclara los vínculos establecidos entre la institución y SQM. En la declaración, se señala que en los asuntos referidos a la investigación policial que revisa las boletas de honorarios ideológicamente falsas, se trata de una relación entre privados y afirma que la institución no tiene vínculo alguno con SQM.
Además comunicó que el 6 de abril, apenas 4 días después de conocerse el listado completo de los imputados del caso, se inició un sumario administrativo en orden a esclarecer los vínculos entre los funcionarios y la emisión de boletas. La investigación interna concluyó con la desvinculación de un funcionario por “incumplimiento grave al principio de probidad administrativa”, mientras que otros tres fueron sobreseídos, por no haberse logrado acreditar su participación en los hechos. Dos de ellos recibieron la medida de censura por negarse a colaborar en la investigación. Una quinta funcionaria fue absuelta.
“En este caso, como en los que corresponda, esta Facultad actuará siempre con la debida transparencia frente a las situaciones que le competa”, puede leerse en el documento.
Durante horas de la mañana, el decano de la facultad, Davor Harasic, adelantó que se trataba de personas que quisieron hacerse una remuneración extra, emitiendo boletas a favor de SQM por prestaciones que no existían y cheques que no recibieron. El decano corroboró además, que se trataba de funcionarios de contabilidad contra quienes se llevó a cabo el mencionado sumario administrativo.
Graves vínculos
El 2 de abril de este año, 173 personas fueron denunciadas ante el Servicio de Internos por emitir boletas y facturas por servicios no prestados a SQM. De esas, según consignó La Tercera, siete serían funcionarios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Las informaciones habrían sido conocidas tras la filtración de un informe que la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana (Bridec) de la PDI, habría enviado el 23 de septiembre a la fiscal del caso Carmen Gloria Segura. El documento de 44 páginas contendría las declaraciones emitidas por vfuncionarios de la Facultad.
Fabiola González Galarce, cajera de la institución desde 2008, habría declarado que a solicitud de su jefe directo, Juan Tobar Serey, habría hecho entrega de su clave del portal web del Servicio de Impuestos Internos para la emisión de boletas electrónicas, a su nombre, por “asesorías informáticas” que nunca se realizaron. Además de SQM, también se habrían emitido boletas a su nombre para las empresas SACSA, Inversiones Jaipur S.A. e Inversiones Silvestre Corporation Ltda. El monto total de las boletas emitidas por la cajera, entre 2010 y 2012 alcanzarían una cifra cercana a los 18 millones de pesos.
Según mencionó la funcionaria, Juan Tobar, habría solicitado boletas de la misma especie a otros trabajadores de la Facultad, entre ellos a Rodolfo Maira, analista contable, Juan Carlos Sepúlveda, encargado del inventario y Katherine Serey, esposa de Tobar.
