Lo habían advertidos algunos abogados querellantes que participan en distintas causas que investiga el Ministerio Público, respecto al financiamiento irregular de campañas políticas.

El caso de Jovino Novoa, el ex presidente de la UDI y primer condenado del Caso Penta, sentó un precedente para futuras negociaciones respecto de la posibilidad de negociar un juicio abreviado y asegurar, al menos en su situación, cumplir una pena remitida, es decir, en libertad.

Precisamente un juicio abreviado es lo que consiguieron las defensas de tres ex ejecutivos de la empresa La Polar: Pablo Alcalde, ex presidente del directorio y ex gerente general; Julián Moreno, ex gerente de productos financieros; y María Isabel Farah, ex gerenta de administración. Esto, luego de la autorización del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago.

Tres imputados que reconocieron su participación en delitos financieros de lavado de activos e infracciones a la Ley de Mercado de Valores, así como a la Ley General de Bancos, accediendo a un proceso judicial que les permitirá evitar el juicio oral y rebajar sus futuras condenas.

Delitos que fueron descubiertos en 2011, cuando se constataron las repactaciones unilaterales de deudas que afectaron a alrededor de un millón de clientes, las que comenzaron a aplicarse en 2006.

Por su parte, el fiscal José Morales, a la cabeza de la investigación del Caso La Polar, manifestó su satisfacción con la decisión del tribunal. “Se han acogido todas las solicitudes que hemos hecho, sin perjuicio que falta por conocer el monto de las penas y el monto del comiso, que esperamos que sea el monto solicitado”.

Asimismo, destacó que “son delitos inéditos en la legislación chilena, nunca antes se había condenado por infracción al Mercado de Valores ni este delito de la ley de Bancos, así que obviamente debemos estar conformes y satisfechos”.

En cuanto a las multas, cada uno de los ex ejecutivos debería, en principio, pagar 20 mil UTM, es decir, alrededor de 900 millones de pesos. A esto se agregaría una suma de 220 millones de pesos en el caso de Alcalde, quien además ofreció otros 150 millones como indemnización para los clientes perjudicados.

Respecto de Moreno, la multa llegaría a los 258 millones de pesos, mientras que 228 millones en el caso de Farah.

Otro aspecto a considerar es que los procesados quedarían inhabilitados durante dos años para desempeñarse como directores de empresas.

En el caso del ex gerente de finanzas Santiago Grage, el Segundo Juzgado de Garantía decretó la suspensión provisional del proceso durante dos años. Sin embargo, el ex ejecutivo deberá cumplir con 60 horas de trabajo comunitario, así como la prohibición de relacionarse con los otros procesados.

La sentencia será conocida en su integridad el próximo 18 de diciembre a las 12:00 horas, mientras que el 7 de marzo el mismo tribunal decidirá la situación de los 150 millones ofrecidos como indemnización por la defensa de Alcalde.