Mientras pasan los años y se suceden sentencias como las del Tribunal Constitucional no va quedando más remedio que valorar lo que el senador PPD Jaime Quintana propició hace algunos años. Esto es, aplicarle una retroexcavadora al régimen institucional chileno que, después de 26 años, mantiene vigente la Constitución y el modelo económico de la Dictadura con todos los estragos que éstos causan en las inequidades e iniquidades de nuestra realidad nacional. Constatando que lo dispuesto por un gobierno y un parlamento elegidos por los ciudadanos puede ser anulado o revertido por un Tribunal que a todas luces fue creado para ponerle una camisa de fuerza a los cambios, al crecimiento con equidad, a la democracia participativa, a la educación pública, al acceso universal a la salud, como a los derechos laborales y a una previsión justa y solidaria. Para impedir que nuestros tribunales de justicia juzguen con la misma vara a los grandes empresarios cuanto a los chilenos comunes y corrientes. Así como para consagrar los privilegios de nuestras instituciones tutelares, es decir las Fuerzas Armadas, las entidades patronales y una clase política trasversalmente corrupta y plenamente satisfecha con el orden vigente; sin disposición sincera a consolidar las transformaciones prometidas al pueblo y tan demandadas por éste.
Quienquiera observe lo que sucede en nuestro país podrá percibir cómo la institucionalidad y todos sus cancerberos le dicen NO a los propósitos ciudadanos. Le dicen NO, por ejemplo, a una Asamblea Constituyente, se muestran totalmente renuentes a atacar los abusos de las isapres y de del sistema de AFPs o se manifiestan contrarios a otorgar salarios justos y derechos laborales como los que existen en los países de genuina solvencia democrática. De cómo la Ley y sus ejecutores aplican sentencias absolutorias o bochornosas a los grandes defraudadores el Fisco, de cómo los parlamentarios son sobornados por las grandes empresas y de cómo desde el Ejecutivo se toleran y alientan inversiones nacionales o extranjeras que violan flagrantemente las normas y prevenciones medioambientales que van agotando a precio vil nuestras reservas estratégicas.
De cómo una y otra vez los mismos protagonistas políticos de los últimos cincuenta años insisten en reelegirse en los cargos públicos para violar una y otra vez las promesas y las normas electorales. Los mismos sujetos que se ufanan de que en Chile no hay corrupción, cuando ellos mismos ya han inscrito a nuestro país como uno de los paraísos fiscales de la Tierra, donde el enriquecimiento ilícito apenas merece unos días de reclusión domiciliaria y el propio Fiscal Nacional de la República termina negociando con uno de los más siniestros infractores una sentencia que no se condice para nada con la cuantía de sus delitos y sus reiteraciones. Cuando otros tribunales de la República negocian con los delincuentes de cuello y corbata multas absurdas en relación a las millonarias sumas defraudadas a los consumidores en la comercialización de productos medicinales y de primera necesidad.
Actitudes que se reiteran y van condenando a nuestro país a la suerte de México, Albania, Nigeria, Yemen y tantas otras naciones completamente subyugadas por el narcotráfico , el lavado de dinero y la corrupción política. Como nos acaba de sindicar una reciente e impactante publicación del periodista Edgardo Buscaglia que ha definido con brillantez y contundencia estos fenómenos en que Chile ya se encuentra retratados. Un libro fundamental, sin duda, que recomiendo y que justamente lleva el nombre de Lavado de Dinero y Corrupción Política, convertido en poco tiempo en un verdadero best seller mundial.
Vamos a ver si esta vez el senador Quintana es capaz de mantener su diagnóstico y promover lo único que cabe hacer para salvar a Chile del destino de los países asolados por el descrédito popular, el imperio de las mafias ya entronizadas, también, en los militares, las iglesias, el fútbol y, por cierto, en cada una de nuestras instituciones públicas. Para liberarnos de lacras como las del espeluznante secuestro infantil que ya empiezan a producir más dividendos en esas naciones que el propio tráfico de estupefacientes.
Por cierto que una nueva entrevista de Quintana al respecto ya ha producido el arrebato de algunos de sus colegas políticos y medios de comunicación escandalizados por lo que estiman una propuesta subversiva y que atenta contra el orden constituido. Un estado de “derecho” que fuera considerado ilegítimo y cuya Constitución había que derogar porque era intrínsecamente antidemocrática en su origen y contenido. Para que después cada candidato que llega a La Moneda y al Parlamento jure respetar y hoy el propio Ministro del Interior se proponga salvaguardar a cualquier precio, incluso fomentando el genocidio en la Araucanía.
A ver si esa retroexcavadora efectivamente es erigida como ariete de lo que el pueblo y su juventud deben hacer para derribar el orden actual tan perversamente consolidado para violar los derechos humanos y los derechos civiles y políticos de nuestra población. Para salvarnos de otra hecatombe política como la que vivimos en 1973, alentada por quienes provocaron el Golpe Militar y que hoy vuelven a reagruparse para ponerle trabas a la reforma educacional y a la reforma laboral, como para darle sustento y reconocimiento a un Tribunal Constitucional ilícito y antidemocrático.
Para echar por tierra, de paso, una pretensión tan ridícula como la de ofrecer a nuestro país como mediador de la crisis interna venezolana. Ciertamente, un nuevo delirio de nuestra Cancillería y de aquel heraldo servidor de los intereses de la política exterior norteamericana que no ven aquí los despropósitos que, sin embargo, advierten en el extranjero.
